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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Controladores: conflicto de leyes y jurisdiccionales

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 31 de diciembre de 2010, 23:00 h (CET)
Cuando la ley, en lugar de servir para rectificar errores, enderezar malas conductas y garantizar los derechos de los ciudadanos, se convierte en un instrumento de venganza, de coacción o de utilización política, deja de ser el instrumento que la sociedad precisa para defenderse contra los delitos y delincuentes, para convertirse en algo distinto a aquello para lo que fue creada; en una especie de caricatura de la Justicia y en un arma de doble filo utilizada para justificar, en ocasiones, tentaciones de tipo totalitario.

Es evidente que los controladores aéreos cometieron una falta grave, es obvio que no meditaron las consecuencias de una actitud injustificable y más cuando se trataba de personas preparadas y, en cierto modo, privilegiadas ya que, con ser su trabajo de una gran responsabilidad, lo cierto es que han estado bien retribuidos y se pueden considerar un cuerpo de élite dentro de la sociedad. Dicho esto, no podemos dejar de comparar los efectos de esta huelga salvaje, con cualquiera de las huelgas de funcionarios públicos y de otros sectores estratégicos para la marcha del país que, en ocasiones, han afectado a muchos más ciudadanos, han causado similares o mayores perjuicios a la economía española y, sin embargo, no se les ha dado la trascendencia que, seguramente por motivos políticos, se les ha dado al paro de los controladores.

La huelga del metro de Madrid, también de tipo salvaje (cuando no se cumplido el preaviso preceptivo), probablemente fue más violenta, más injustificada y, por supuesto afectó a más usuarios que, en esta ocasión, lo utilizan para desplazarse al trabajo y no como la mayoría de los 300.000 afectados por el patinazo del puente de la Constitución que, al fin y al cabo, se desplazaban por motivos de turismo. Vean, sin embargo, la diferencia de trato por parte del Gobierno, a una y otra infracción de la normativa vigente. En el caso del metro de Madrid, el Gobierno se limitó a decir que era una cuestión de la Comunidad madrileña y que él se lavaba las manos, como Pilatos. Observen, por el contrario, la implicación directa del señor Blanco (ahora se enfada cuando lo llaman Pepiño) y la reacción extremadamente drástica, que ha impulsado a la fiscalía del Estado a intervenir y se ha reforzado con una verdadera campaña mediática ( no olvidemos que el PSOE controla el 90% de los medios de comunicación españoles) de desprestigio contra el colectivo de controladores, de modo que ha conseguido enfrentarlos a la mayoría de la ciudadanía, que ha querido ver en ellos la mismísima imagen del mal, cebándose en ellos hasta conseguir crucificarlos.

Pero no perdamos la perspectiva del problema y vayamos a unos meses antes de los hechos, en los que se negociaba un convenio colectivo entre AENA y el gremio de controladores. Sin duda, las dos partes no lograron acuerdo alguno, lo que dejó larvados los problemas existentes sin que AENA tuviera prisa alguna en reunirse de nuevo, pese a los requerimientos de los trabajadores afectados. ¿Qué hacia entonces FOMENTO y su ministro, el señor Blanco?, ¿no se percataba de lo que significaba tener un conflicto latente en el que se ponían en cuestión jornadas y horas extras?, o, ¿acaso estaba preparando el cebo para que los controladores lo picasen y poder ensañarse con ellos? ¡Qué fácil le iba a resultar poner a los ciudadanos contra un gremio bien pagado, envalentonado y sabedor que nadie los podía sustituir! La jugada era perfecta y, como no podía ser menos, los controladores cayeron de cuatro patas en la trampa. Pero nadie parece que haya tomado en cuenta algo que, desde el punto de vista de la legislación laboral podría levantar ampollas. Si no recuerdo mal, el Estatuto de los Trabajadores fija un número máximo de horas extraordinarias por trabajador ( recuerdo que eran unas 240 horas durante el año) y, la jornada laboral, no puede exceder de 8 horas diarias aunque es posible hacer un cómputo anual, que queda fijado en los convenios colectivos o acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores. Entonces creo haber leído que, alguno de los controladores afectados por el conflicto, llegaba a tener percepciones anuales que sobrepasaban los 600.000 euros, ¿cómo es posible? Naturalmente, trabajando más horas que las reglamentarias o lo que es lo mismo ¡haciendo horas extra! Y, por supuesto, no 240 al año, sino muchas más; lo que, por supuesto contravenía la normativa laboral y debiera haber sido denunciado a la inspección de trabajo. Se que alguien me objetará que se pueden hacer más horas prolongando la jornada durante unos días y luego compensarlas con fiestas o jornadas más reducidas, pero no debemos olvidar que, aquí entra en juego un factor mucho más importante y es el de ¡la seguridad del tráfico aéreo y de los pasajeros! ¿Cómo se puede obligar a una persona, que hace un trabajo tan estresante y que requiere una concentración continua, a que prolongue su jornada, cuando, en sus manos, tiene la seguridad de cientos de miles de pasajeros?

La verdad es que, en este caso, nos encontramos, a mi entender, ante un conflicto de jurisdicciones y otro de leyes. La Audiencia Nacional ya ha decidido declarase incompetente, lo que obligará a los señores fiscales a interponer sus denuncias en cada una de las ciudades donde están ubicados los aeropuertos donde se produjeron los paros, y deberá ser el decano de los jueces quien asigne al juez competente para el caso. Pero hay un hecho singular que pone en cuestión la calificación hecha por los fiscales de los hechos que, supuestamente, constituyen el delito de “sedición” y es la circunstancia que parece que concurría en algunos de los imputados de que ya se había cumplido, con creces, su jornada anual con lo que la empresa (AENA) ya debiera de haber provisto de personal suplente, porque es muy posible que hubieran superado el cupo de horas extras y, salvo que estuvieran previstas con carácter obligatorio en el Convenio y no superaran las reglamentarias, no se le podía exigir a ninguno de los controladores, que las realizara, ya que se trata siempre de una cuestión voluntaria y excepcional. ¿Es posible que el ministerio de FOMENTO pudiera aceptar que existiera una cláusula en un Convenio Colectivo que contradijese la normativa laboral? ¡Evidentemente que no! Entonces, si ya conocían en AENA, como es evidente que lo sabían, que las jornadas de algunos de los controladores ya se habían agotado, ¿cómo se les podía obligar a que siguieran trabajando? ¿Se puede acusar de un delito de sedición a un funcionario que ha concluido su jornada de trabajo y no quiere hacer horas extras, cuando la empresa que lo contrató no pone los medios para que sea sustituido por otro igualmente capacitado? No olvidemos que, para que exista delito de sedición, como cualquier otro delito, ha de existir ánimo de delinquir, de cometer el ilícito penal voluntariamente, a sabiendas de que lo comete. Si uno finaliza su jornada laboral y se va a casa ¿comete sedición? Dudo mucho de que pueda ser así.

Pero, veamos la responsabilidad que les cabe, en todo este tinglado, al ministerio de FOMENTO, por no haber estado vigilante respecto a la organización de los controladores de ADENA y, comprobemos la culpa que se les puede atribuir a los responsables de personal de ADENA, por no tener la plantilla suficiente para cubrir los turnos de trabajo que requería una plantilla con derecho a sus días festivos, vacaciones, fiesta semanal etc.; lo que demandaba el correspondiente equipo de relevos, un sistema conocido como “el cuarto turno” que, naturalmente, supone un importante aumento de plantilla lo que, evidentemente, no era algo que les apetecieras hacer. Pero la ley es la ley, lo que significa que, si no tenían los medios precisos, incurrieron en incumplimiento de la normativa laboral y debieran haber sido denunciados ante la jurisdicción laboral. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. …

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