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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El coste de la cobardía

José Antonio Mula (Madrid)
Redacción
martes, 28 de diciembre de 2010, 15:27 h (CET)
El rechazo en el Congreso de los Diputados a la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible ha sido un duro varapalo para el sector videográfico. Tras más de un lustro de sufrir la lacra de la Piratería y la desidia de nuestros gobernantes, creíamos que en el pasado martes se pondría la primera piedra de la erradicación del hurto de contenidos, y para nuestro asombro no fue así.

Para nosotros, la apuesta de la Ministra de Cultura por una formula mucho más liviana que la que han planteado otros países europeos, quizás no era la mejor solución, pero entendíamos que ponía un punto de inflexión sobre el que desarrollar el nuevo modelo de negocio que la distribución de contenidos en nuestro país necesita, pues es ridículo y vergonzante que el 70% de nuestro tráfico de Internet dependa del hurto de contenidos. Por este motivo el sector videográfico ha estado y está con la Ministra, quizás una de las pocas personas que ha defendido con gallardía esta absoluta necesidad de nuestra cultura.

La cobardía que atesoran buena parte de nuestros diputados, así como su cálculo político por encima de la resolución de los problemas de las empresas y ciudadanos, han alcanzado niveles fuera de lo razonable, pues a nadie se le escapa que este es un problema serio para nuestra cultura, nuestra economía y nuestra proyección internacional. ¿No aciertan nuestros diputados a observar el ingente potencial de nuestra cultura en un mundo donde nuestra lengua es universal junto al inglés?, ¿no visitan los diputados nuestras calles para ver el grave deterioro de todos los establecimientos relacionados con la cultura, para ver las mantas?, ¿no son capaces de oír las voces de los creadores?, ¿hasta dónde llega su insensibilidad?. Su inmovilismo ante el desmoronamiento de las industrias culturales de nuestro país, fruto del hurto continuado de contenidos, y no de la creación de un nuevo modelo de negocio es vergonzoso, más aún cuando estas actividades imposibilitan el desarrollo o la implantación de verdaderos modelos de negocio en la distribución de contenidos en nuestro país.

Mientras que las industrias culturales pedimos únicamente seguridad jurídica para nuestra actividad, nuestros diputados parecen empeñarse en asegurar los beneficios a un pequeño grupo formado por proveedores de servicios de Internet y unos pocos internautas que se lucran del trabajo ajeno, bajo el falso paradigma de cultura gratis, creando una sociedad de la información basada en el intercambio de contenidos ajenos previamente hurtados.

Esperamos que los miembros de la Cámara Alta, tengan más altas miras, y reintroduzcan en el marco de la Ley de Economía Sostenible la disposición final segunda que marque el punto de inflexión en la lucha contra la piratería. Tras esto, habrá que afrontar otros debates acerca de la Ley de Propiedad Intelectual y su contenido, pero esto debe ser tras parar la sangría que sufre el sector.

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