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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

Armas en manos de cazadores

Julio Ortega (Pontevedra)
Redacción
jueves, 23 de diciembre de 2010, 12:11 h (CET)
Quien solicita una licencia de armas puede hacerlo por diversos motivos: en razón de su profesión, como por ejemplo un policía; con la intención de protegerse en caso de asalto, tal sería el caso de un joyero; o para matar, ahora hablamos de un cazador. A todos ellos se les concede pero, ¿el porqué de la petición no lleva implícita la idoneidad, o no, mental e incluso ética del aspirante a poseer una pistola o un rifle? Me explico.

Todos comprendemos que los miembros de las Fuerzas de Seguridad porten un arma, o que lo hagan ciertos comerciantes por su situación de especial riesgo, y casi nunca oímos que unos u otros las utilicen para cometer un crimen. Es importante recalcar que no me estoy refiriendo a delincuentes habituales armados, sino a ciudadanos que un mal día deciden disparar contra seres humanos.

Pero ahora hagamos recuento de cuántos homicidios y asesinatos se perpetran con armas de caza, o lo que es lo mismo, cuyo autor es un cazador. El último, acaecido en Olot, probablemente ocupa por el número de víctimas, junto con el de los Hermanos Izquierdo en Puerto Hurraco, uno de los puestos de cabeza en una extensa y siniestra lista en nuestro País, donde aparecen casos de ajustes de cuentas, venganzas, disputas vecinales y laborales o los llamados crímenes de “violencia de género”.

Sí, ya sé que es preceptivo superar un test psicotécnico, pero no parece que esa prueba sea determinante para detectar ciertas inclinaciones en el solicitante, de otro modo y volviendo al cazador de Olot, no se entiende que mantuviese vigente su permiso de armas cuando era conocido su carácter pendenciero y que numerosas noches salía a la calle vestido de sheriff y comportándose como si realmente lo fuera. Y el de este hombre no es un caso aislado, las hemerotecas registran abundantes reseñas en las que cuando ya era irremediable, la gente recordaba las amenazas y la actitud violenta mantenida a lo largo del tiempo por el individuo que acabaría disparando su arma de caza contra otra persona.
¿A qué se debe, entonces, tanta laxitud en lo que deberían de ser requisitos muy estrictos puesto que ponen en manos de un sujeto un instrumento pensado para matar a distancia? La respuesta es, una vez más, el dinero. Ni los cazadores se creen que hayan de echarse al monte para procurarse alimento, y menos todavía para obtener pieles con las que abrigarse, así que no se trata más que de un mercado muy goloso en el que unos, los consumidores, se gastan cantidades nada despreciables en equiparse para acabar con la vida de animales, y otros, los comerciantes de armas y munición, de ropa especializada, de perros, de vehículos y remolques, taxidermistas, propietarios de cotos, etc., se lucran de todo lo que mueve la muerte de esas criaturas. Para las administraciones resulta mucho más rentable electoralmente aparecer como valedores de lo que denominan “generación de riqueza”, que anteponer el sentido común y la ética legislando con mayor rigidez para minimizar el riesgo de tragedias previsibles, y no “fatalidades”, como les conviene denominarlas.

Un pasado de mayor poder adquisitivo para muchos ciudadanos propició que el número de rifles aumentase hasta tal punto, que hay personas que con la disculpa de utilizarlas para la caza disponen en sus hogares de numerosas armas – no siempre declaradas - . Y mientras eso ocurre las leyes para los cazadores se han mantenido invariables en ciertas normas de seguridad, como la de la prohibición de efectuar disparos a una distancia menor de 50 metros de una carretera y de 100 metros de un núcleo poblado, que si tiempo atrás, cuando una escopeta tenía un alcance muy limitado, podían constituir una mínima garantía, hoy en día son por completo inútiles teniendo en cuenta las especificaciones de las armas modernas.

Más allá de casos como los citados, en los que las muertes por armas de caza son intencionales, es noticia cotidiana la existencia de los llamados “accidentes”, que van desde el paseante que recibe un tiro letal en la cabeza cuando camina por el monte, al disparo que entra en el interior de un restaurante en el que se está celebrando un banquete, pasando por impactos en fachadas de viviendas. Y en muchos de estos sucesos, el lugar en el que hizo blanco el proyectil estaba situado a cientos de metros del lugar donde se desarrollaba la cacería, lo que da buena cuenta de cómo la legislación parece más ajustada al uso de un tirachinas que de los rifles empleados actualmente para la actividad cinegética. Una ley adecuada al respecto haría disminuir en gran medida el estremecedor número de siniestros de esta naturaleza que se suceden en nuestro País.

De cualquier modo, lo irrefutable es que quien pide una licencia de armas para cazar la está demandando para matar a seres vivos, y esa pretensión tendría que constituir per se un impedimento para obtenerla, pues si apretar el gatillo contra un animal por el placer de hacerlo ya es algo perverso, hay que sumarle la certeza - ampliamente demostrada y documentada por psiquiatras e historiales delictivos – de que es común encontrar episodios de violencia con animales en los antecedentes de sujetos que después la han ejercido contra personas. Y quien es emocional y éticamente estable, con aptitudes para la tenencia de un arma, no desea hacerse con una para matar, y no lo hace porque no encuentra satisfacción en arrebatar una vida. Quien viste ropas paramilitares, muestra prepotencia y brusquedad, se lleva por delante a seres vivos de otras especies, maltrata a sus perros y convierte todo ese universo violento en su pasatiempo irrenunciable, está ofreciendo evidencias innegables de su carencia de condiciones para disponer de armas, pero la realidad indica que es precisamente ese tipo de persona quien solicita la licencia para poseerlas y a quien se le otorga. En ese instante se está cometiendo una negligencia, por muy legal que sea con la actual normativa, que en no pocas ocasiones desembocará en un drama.

Por esos motivos, más allá de las habituales piezas cinegéticas, en España se pudren innumerables cuerpos de perros de caza asesinados por sus propietarios o por otros con los que éstos mantenían algún tipo de rivalidad; de caballos, y la Provincia de Pontevedra es un triste ejemplo de las docenas de equinos con munición de caza alojada en su cadáver; o de seres humanos abatidos a tiros gracias a que un día se cruzó en sus caminos un cazador. La nueva Ley, a la que los escopeteros oponen una resistencia enconada, acaso alivie la herida, pero no va a dejar de sangrar, no lo hará mientras mediante un trámite burocrático cualquiera pueda obtener una licencia tipo D o E para matar animales. Y sí, el ser humano también es un animal. Tal vez por eso algunos no distingan cuando disparan.

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