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Etiquetas:   De la parrilla a las brasas   -   Sección:  

Ley Sinde: la peor defensa, un mal ministro

Luis Alcázar
Luis Alcázar
@luisalcazar_
jueves, 23 de diciembre de 2010, 08:33 h (CET)
Los pobres autores no se merecen tamaña desgracia. Dañados por la venta ilegal, ninguneados por las grandes productoras, olvidados por las distribuidoras e inexistentes para los canales de televisión, son saqueados por el marco jurídico español y chantajeados por sus gestores de derechos. Y para colmo, les toca en suerte una ministra impopular y poco convincente. ¿Qué han hecho para merecer esto?

Un banquero amasa un gran patrimonio. No se discute que pueda transmitir su herencia a hijos, nietos, bisnietos… Aunque nadie, salvo ellos, saque beneficio de tal legado. Pues los descendientes de un escritor o un músico no tendrán esa suerte. Verán expoliado su patrimonio por el principio de “dominio público”. Las obras pasarán a formar parte del acervo cultural, de acceso gratuito. Y eso que presidentes de gobierno, ministros y otros personajes sacarán pecho ante el triunfo de la cultura española. Y sin ninguna exención de impuestos. Ah, perdón, sí, en sus facturas no han cobrado IVA. Lo cual, en mi opinión, beneficia al que compra, no al autor.

Los marcos legal y fiscal españoles ya les han hecho la primera jugarreta. Veamos la siguiente: los famosos gestores de derechos. Además de la conocida SGAE, también están CEDRO, DAMA… Pero la primera maneja alrededor del 70% de los derechos. Acostumbrada al monopolio, actúa de una manera poco transparente y no democrática: cobra más del 15% por gastos de administración, se rige por un sistema de voto ponderado (no todos los votos cuentan lo mismo) y paga a los autores por un sistema informático que promedia el uso que de las obras hacen los grandes consumidores (canales de televisión, emisoras de radio, cine…) además de sondeos. Ellos sólo hablan de lo que les interesa: el dinero que cobran y pasa por sus manos. Los autores independientes se ven sojuzgados por ese sistema de voto ponderado, que los deja en manos de las grandes distribuidoras y empresas editoras. No se defiende al autor frente a los contratos leoninos de la casa discográfica, ni a los guionistas sin reconocimiento, ni a los directores dejados al margen del negocio de la distribución. Los gestores están del lado del dinero, y por desgracia los autores no están en ese bando.

Ahora llega la piratería. La de las mafias organizadas que copian, distribuyen y venden de forma ilegal el trabajo del autor. Cuando un grupo musical necesita vender 100.000 copias de un disco para comenzar a cobrar por su trabajo, cada CD que alguien compra en el famoso “top manta” es un puñal que se clava en sus esperanzas. Esa piratería es dura de combatir, pero muchas veces hemos sido testigos de la pasmosa indulgencia de las fuerzas de seguridad que permiten auténticos mercados de este tráfico clandestino. Por no hablar de la nula persecución de otros pirateos: en la puerta de la sede de la SGAE se pueden repartir flyers de discotecas cuyas imágenes (fotografías e ilustraciones) son usadas sin pudor (y sin el consentimiento de su creador) como reclamo publicitario y comercial. Otros autores olvidados.

Ahora llega el momento de la industria. Amarrada a un modelo de negocio arcaico, se ha negado a aceptar que existían nuevas vías de distribución. ¿Qué les ha ocurrido? No han querido participar en ellas, y los usuarios se les han adelantado. Citemos a los canales de televisión. Decidieron tarde ingresar en el entramado de la distribución online, y cuando lo han hecho, no han ofrecido ningún valor añadido. ¿Cómo es posible que ver un capítulo de “La princesa de Éboli”, de Antena 3, sea más complicado en la página web de la cadena que en una red de P2P? Además de ofrecer una peor calidad. Otro tanto ocurre con PlayCuatro, Telecinco… Quizá sólo haya tenido menos complicaciones en rtve.es. Sorprendente. El hábito de consumo ha creado una vía paralela a los legítimos distribuidores, pero sólo por la incompetencia de éstos últimos.

Entonces llega la libertadora. La titular del Ministerio de Cultura. Esa extraña mezcla entre juez y parte. Directora, guionista y participante en productoras audiovisuales en activo que se dispone a legislar en el negocio en el que tiene evidentes intereses personales. No dudó en impulsar una reforma por la que, en igualdad de condiciones, las subvenciones cinematográficas fueran a parar a mujeres guionistas y directoras… ¿he nombrado estas ocupaciones en este mismo párrafo? Mis dudas son claras sobre su objetividad a la hora llevar a cabo su labor legislativa.

Creo que en lo que llevo de artículo he dejado constancia de ciertos problemas de los creadores. Pero ninguno de ellos parece importar. El buque insignia de la política de Ángeles González-Sinde es arremeter contra el tráfico de contenido en internet, creando una comisión que, al margen de la vía judicial, se toma la justicia por su mano y con el poder de la censura se arroga el derecho de cerrar páginas web en una decisión sumaria de una comisión ministerial, despreciando derechos ya establecidos.

Y aunque es necesario regular este sector, libérrimo, hay que ser algo más inteligente. Señora ministra, señores gestores de derechos y señores dueños de la industria, no amenacen anunciando cataclismos por no haber conseguido ver aprobada la ley. Este tráfico ilegal es la consecuencia del problema, no la causa. Mientras no la encuentren, los autores tendrán que beber la ambrosía que por caridad les reparten las musas y guarecerse en un albergue en el monte Parnaso, a falta de dinero con el que pagar el alquiler.

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