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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Estafar a nuestros hijos (otra vez)

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
miércoles, 22 de diciembre de 2010, 08:02 h (CET)
WASHINGTON - A excepción de aquellos que cobran de la seguridad social o los ancianos del Medicare, para la mayoría de estadounidenses de clase media la administración pública consta principalmente de escuelas, policía, bomberos, infraestructuras y servicios de atención primaria. Se compone de instancias estatales y municipales. ¿Cómo les está yendo dentro de la actual tesitura económica? La opinión generalizada sostiene que están siendo aplastadas por caídas dramáticas de la recaudación fiscal, y que han recurrido a acusados recortes de servicios públicos. Bueno, no exactamente.

Desde luego hay casos de recortes importantes. Newark despedía hace poco al 13% de su plantilla policial. Durante dos ejercicios consecutivos, la Universidad de California ha subido considerablemente la matrícula a sus 220.000 estudiantes para ayudar a compensar los descensos de la ayuda estatal: una subida del 32% adoptada en 2009 y un incremento del 8% adicional este curso. Hawái acortaba 17 días su año escolar lectivo 2009-10. Pero estos casos y otros parecidos, aunque reales, exageran la situación.

En general, los cambios a nivel nacional han sido modestos. En el ejercicio 2008, el gasto estatal y local alcanzó en total los 2,19 billones de dólares. Fue casi idéntico en 2009 y, durante los tres primeros trimestres de 2010, se sitúa a un ritmo anual de 2,23 billones. El paro apunta lo mismo. El empleo público alcanzó su apogeo en agosto de 2008 con 5,2 millones de plazas y desciende de forma brusca alrededor de un 1% hasta un mínimo de 5,15 millones a mediados de 2009; en el último recuento eran 5,18 millones de funcionarios. Los retrocesos un poco más importantes registrados en las administraciones locales -- las que dan trabajo sobre todo a profesores, policía y bomberos -- se siguen sumando. Desde un máximo de 14,6 millones, también en agosto de 2008, sus plazas han descendido bruscamente en 360.000 funcionarios públicos o el 2,5%.

Cierto, las instancias estatales y locales estaban creciendo antes de la recesión. El gasto público se elevaba normalmente unos 100.000 millones de dólares el ejercicio y el empleo, de 100.000 a 200.000 plazas. Frente a esos incrementos rutinarios, la reciente estabilidad supone todo un contraste. Aun así, en comparación con muchos sectores castigados gravemente por el bache -- la vivienda, el automóvil, los créditos al consumo -- las instancias estatales y locales han estado relativamente protegidas.

Una razón son las baterías de medidas "de estímulo" del Presidente Obama, muy criticadas sin tanta justificación. Desde 2009 han proporcionado alrededor de 158.000 millones de dólares a las administraciones estatales, según estima el Centro de Prioridades Presupuestarias y Legislativas, un laboratorio de ideas de izquierdas y colectivo activista. A medida que estas transferencias se van reduciendo, las recaudaciones estatales se reaniman con la economía. Las instancias locales pueden no tener tanta suerte. Dependen del impuesto de propiedades para recaudar alrededor de la tercera parte de su presupuesto, y dado que cada pocos años se hacen tasaciones, "la caída del precio de la vivienda implica que la recaudación probablemente descienda en los próximos ejercicios", concluye un nuevo estudio de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

En conjunto, la actual tesitura de estados y municipios está exagerada. La noticia mala de verdad reside en el futuro de masivas pensiones de jubilación y prestaciones sanitarias que no han recibido financiación previa al trámite. ¿Cómo son los déficit? Todas las estimaciones son colosales, aunque oscilan dependiendo de supuestos técnicos y de la cobertura.

Meditemos. El Pew Center on the States calcula en un 1 billón de dólares los recursos que hacen falta para financiar las pensiones y las prestaciones de los estados. Los economistas Robert Novy-Marx, de la Universidad de Rochester, y Joshua Rauh, de la Northwestern, llegan a totales más elevados solamente en el caso de las pensiones; sus diferencias rondan los 3 billones de dólares en el caso de los estados y casi los 600.000 millones de dólares en el de los municipios. Las prestaciones sanitarias sin financiación de estados y municipios juntas se calculan a través de estudios diferentes entre los 500.000 millones y 1,5 billones, informan los economistas Robert Clark y Melinda Morrill, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Cualquiera que sea el coste definitivo, amenaza la futura calidad de los servicios públicos. Las generosas prestaciones alientan a los trabajadores a jubilarse a los 50 y muchos ó 60 y pocos tras 25 años de cotización. La prestación sanitaria típicamente proporciona cobertura hasta que los jubilados pueden acogerse al programa Medicare al cumplir los 65 años. Para financiar las prestaciones y los recursos, los servicios públicos tienen que recortarse o hay que subir los impuestos. Cuánto (de nuevo) no está claro. Hasta los cálculos a la baja realizados por el Center for Retirement Research del Boston College apuntan que las pensiones anuales de ciertos estados podrían duplicarse prácticamente. En Illinois, podrían pasar del 4,5% del gasto público al 8,7%. Financiar la prestación sanitaria de los jubilados se suma a eso.

La financiación de escuelas, policía, infraestructuras y el resto de actividades estatales y locales resulta minada pues a través de la negociación descuidada -- o corrupta -- entre los políticos y sus sindicatos de trabajadores del sector público. Las promesas de futuras pensiones generosas fueron oportunos edulcorantes de contratos, cuyo coste se aplazaba convenientemente en la mayoría de los casos. Hasta en los casos en que se suponía que se hacían contribuciones a la pensión, a menudo eran reducidas o se aplazaban cuando los presupuestos eran ajustados. Si estos arreglos suenan familiares, es porque deberían. La industria automovilística estadounidense adoptó el mismo modelo; el coste ayudó a arruinar a General Motors y a Chrysler.

Lo que instancias estatales y municipales pueden hacer al respecto es limitado. Las promesas de pensiones a los trabajadores en plantilla probablemente estén legalmente blindadas. Las prestaciones sanitarias de los jubilados aparentemente no lo están tanto y deberían reducirse o cancelarse para limitar los incentivos de la jubilación anticipada. Incluso si los políticos logran llevar a puerto esta ardua hazaña, las decisiones anteriores van a lastrar el futuro. Junto a la aversión a frenar el gasto de la seguridad social y el de Medicare, los líderes de América han creado otra forma de estafar a su descendencia.

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