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Y creo que vivo o muerto.

Carlos Callón – Wanted

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Debido a una cuestión de un par de cientos de kilómetros, una barrera cultural más grande o más pequeña de lo que unos u otros quieren hacer creer, pero sobre todo por la poca receptividad de ciertos pabellones auditivos, el nombre de Carlos Callón no es del todo conocido más allá de la barrera que marcan Os Ancares. No obstante, de allí en línea recta al Atlántico su nombre sí resulta más popular. Los motivos son varios, entre ellos el ser el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística (quién necesite traducción que levante un dedo), organismo que se define a si mismo, y se define bien, como una plataforma independiente y plural que tiene como único objetivo la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social propios de cualquier idioma. Así, entre sus muchas tareas, están la de denunciar todo tipo de agresiones y discriminaciones que pueda sufrir la lengua y asegurar que se respete su uso individual y colectivo. Creo que no es un delito, pero por todo esto resulta ahora que Callón se encuentra en plena inmersión en un proceso judicial. Y es que no es lo mismo demostrar ante los medios de comunicación que una entidad, un docente, lo que sea, está haciendo caso omiso de recomendaciones, normativas y leyes, que recordárselo a una autoridad de la Justicia.

Al otro lado del proceso, otro nombre, este afortunadamente menos conocido en todos lados: el del juez Fraga Mandián. Y en el medio de todo, un topónimo sobre el que ya resulta absurdo discutir a estas alturas: A Coruña.

La cuestión está muy clara: A Coruña es un topónimo oficial, lo discuta quien lo quiera discutir (yo, por ejemplo, tengo un vecino que cada vez que se pasea por La Castellana siente ganas de llamarle Gran Vía del Generalísimo, ¿detalles sin importancia?); Fraga Mandián es un juez que ha perpetrado ataques de diferente índole sobre el idioma gallego; y Carlos Callón denuncia estos abusos. Todo normal, si no fuera porque ahora es el juez quién quiere cazar al cazador, mediante un procedimiento absurdo.

Hace ya un par de años que el magistrado bloqueó un proceso judicial en el que un anónimo vecino de A Coruña solicitó que se le remitiera la documentación en gallego y exigiendo en esta el uso del topónimo oficial. El juez en cuestión respondió jactándose poco menos de poder hacer lo que quiera en esta materia. Callón, ante estos abusos, declara en los medios de comunicación que la obligación de un juez debería ser no solo cumplir con sus obligaciones (garantizar los derechos, como mínimo, contemplados en un Estatuto vigente). Y Callón al juzgado a declarar por… ¿por un delito inexistente? La cuestión es que nadie sabe muy bien el motivo. A no ser que recordarle a un juez la forma oficial de un topónimo lo sea.

La actitud del magistrado es ejemplar, pero en el sentido más negativo de la palabra. Aparte de gratuito, claro, porque ¿si no ha sido necesario traducir el artículo “La” en el nombre de A Mesa, habría de ser necesario traducirlo en el de A Coruña? Si comprenden el Wanted como si fuera a ustedes mismos a quienes persiguen, ¿por qué nos empeñamos en esta cuestión de los nombres como una excusa para mantener actitudes muy poco dignas del siglo en el que ya hemos hecho algo más que asomar la cabeza?

Pueden volver ustedes a levantar el dedo, ahora ya para preguntar por una posible traducción o incluso para señalarme: es lógico, porque muchos se estarán preguntando ahora mismo porque les he hablado sobre estas cuestiones hoy en una columna de contenido cultural. Yo también lo pienso, honestamente, porque todo esto de lo que hablo (un idioma, una lengua) parece ser más bien algo de carácter político que cualquier otra cosa de tipo cultural o sociológico.

¿Lo es?

Carlos Callón – Wanted

Y creo que vivo o muerto.
Borja Costa
lunes, 20 de diciembre de 2010, 09:02 h (CET)
Debido a una cuestión de un par de cientos de kilómetros, una barrera cultural más grande o más pequeña de lo que unos u otros quieren hacer creer, pero sobre todo por la poca receptividad de ciertos pabellones auditivos, el nombre de Carlos Callón no es del todo conocido más allá de la barrera que marcan Os Ancares. No obstante, de allí en línea recta al Atlántico su nombre sí resulta más popular. Los motivos son varios, entre ellos el ser el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística (quién necesite traducción que levante un dedo), organismo que se define a si mismo, y se define bien, como una plataforma independiente y plural que tiene como único objetivo la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos de la vida social propios de cualquier idioma. Así, entre sus muchas tareas, están la de denunciar todo tipo de agresiones y discriminaciones que pueda sufrir la lengua y asegurar que se respete su uso individual y colectivo. Creo que no es un delito, pero por todo esto resulta ahora que Callón se encuentra en plena inmersión en un proceso judicial. Y es que no es lo mismo demostrar ante los medios de comunicación que una entidad, un docente, lo que sea, está haciendo caso omiso de recomendaciones, normativas y leyes, que recordárselo a una autoridad de la Justicia.

Al otro lado del proceso, otro nombre, este afortunadamente menos conocido en todos lados: el del juez Fraga Mandián. Y en el medio de todo, un topónimo sobre el que ya resulta absurdo discutir a estas alturas: A Coruña.

La cuestión está muy clara: A Coruña es un topónimo oficial, lo discuta quien lo quiera discutir (yo, por ejemplo, tengo un vecino que cada vez que se pasea por La Castellana siente ganas de llamarle Gran Vía del Generalísimo, ¿detalles sin importancia?); Fraga Mandián es un juez que ha perpetrado ataques de diferente índole sobre el idioma gallego; y Carlos Callón denuncia estos abusos. Todo normal, si no fuera porque ahora es el juez quién quiere cazar al cazador, mediante un procedimiento absurdo.

Hace ya un par de años que el magistrado bloqueó un proceso judicial en el que un anónimo vecino de A Coruña solicitó que se le remitiera la documentación en gallego y exigiendo en esta el uso del topónimo oficial. El juez en cuestión respondió jactándose poco menos de poder hacer lo que quiera en esta materia. Callón, ante estos abusos, declara en los medios de comunicación que la obligación de un juez debería ser no solo cumplir con sus obligaciones (garantizar los derechos, como mínimo, contemplados en un Estatuto vigente). Y Callón al juzgado a declarar por… ¿por un delito inexistente? La cuestión es que nadie sabe muy bien el motivo. A no ser que recordarle a un juez la forma oficial de un topónimo lo sea.

La actitud del magistrado es ejemplar, pero en el sentido más negativo de la palabra. Aparte de gratuito, claro, porque ¿si no ha sido necesario traducir el artículo “La” en el nombre de A Mesa, habría de ser necesario traducirlo en el de A Coruña? Si comprenden el Wanted como si fuera a ustedes mismos a quienes persiguen, ¿por qué nos empeñamos en esta cuestión de los nombres como una excusa para mantener actitudes muy poco dignas del siglo en el que ya hemos hecho algo más que asomar la cabeza?

Pueden volver ustedes a levantar el dedo, ahora ya para preguntar por una posible traducción o incluso para señalarme: es lógico, porque muchos se estarán preguntando ahora mismo porque les he hablado sobre estas cuestiones hoy en una columna de contenido cultural. Yo también lo pienso, honestamente, porque todo esto de lo que hablo (un idioma, una lengua) parece ser más bien algo de carácter político que cualquier otra cosa de tipo cultural o sociológico.

¿Lo es?

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