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La víctima será la cultura

Pablo Lázaro
Pablo Lázaro
jueves, 16 de diciembre de 2010, 08:18 h (CET)
El próximo martes se debatirá en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso la Ley de Economía Sostenible, más conocida como “Ley Sinde”. El Gobierno pretende hacer uso de un procedimiento legal denominado "competencia legislativa plena" para aprobarla definitivamente a finales de febrero.

Algunas asociaciones de internautas han denunciado "las prisas" del Gobierno al utilizar este mecanismo para que la ley no pase por el pleno del Congreso para su aprobación, con lo que dejaría sin efecto posibles enmiendas del Senado. ¿Por qué se rehúye el debate público que supondría su discusión en el Pleno del Congreso, como ha solicitado IU-ICV? ¿Por qué se utiliza en su lugar este procedimiento, utilizado únicamente para leyes poco importantes o de amplio consenso?

El manifiesto “En defensa de los derecho fundamentales en internet”, respaldado por más de 200.000 personas, reivindica entre otras cosas que los derechos de autor (que no son un derecho fundamental según la Constitución) “no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión”.

La ley auspiciada por González-Sinde, además de regular las descargas en internet, contempla que un organismo dependiente del Ministerio de Cultura tenga la potestad de cerrar un sitio web si así lo considera oportuno, impidiendo el acceso al mismo a los ciudadanos. Teniendo en cuenta que, hasta ahora, la suspensión de derechos fundamentales siempre había sido competencia exclusiva del poder judicial, es lógico que el Gobierno pretenda aprobar esta ley haciendo el mínimo ruido posible.

Si a esto añadimos las revelaciones de Wikileaks sobre las presiones de Estados Unidos para que nuestro país apruebe esta ley, nos encontramos con un panorama desolador: una Ministra de Cultura que es a la vez juez y parte, un presidente del Gobierno que sigue pagando al “grupo de la ceja” su apoyo en las elecciones generales y una sociedad adormecida que ve cómo le van recortando libertades sin mover un dedo. Y la víctima, la cultura.

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