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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

La desdeñada

Manuel Olmeda
Redacción
lunes, 13 de diciembre de 2010, 09:58 h (CET)
Celebramos ya, sin el boato de otros años pero con ritual parecido, el trigésimo segundo aniversario de la Carta Magna. Aprobada en referéndum con fecha seis de diciembre, don Juan Carlos la sancionó el veintisiete y fue publicada, curiosamente, el veintinueve del mismo mes. No me extrañaría que la particularidad de la fecha y el sorprendente salto para evitar "comentarios inocentes", fuera una carambola prevista por alguna mente sutil y maligna. Quizás se anhelase armonizar lo trascendente y lo grotesco bajo ese aspecto tragicómico que invade el quehacer humano. Pareciera, desde el primer momento, claro signo para el oráculo cuya interpretación llevaría irremediablemente a un futuro desazonador. Más si hubiéramos ahondado en el análisis -temido e incómodo en consecuencia- del Título Octavo, verdadero caballo de Troya construido por el egoísmo nacionalista y la frivolidad colectiva, ocultos tras los paneles de un biombo denominado consenso. Deshonor, aun fiasco absoluto, de aquellos encomiados padres de la Constitución.

El bautismo político de la neonata presentó un alto porcentaje: el ochenta y cuatro por ciento, anuencia auspiciada por los grandes partidos (que iniciaban su andadura), la negativa de los extra parlamentarios de izquierda o derecha y la abstención del PNV, PSA u otros con menor enjundia. El incipiente PSOE, junto al vigoroso PCE, contaba en sus filas numerosas voces que respaldaban la ruptura definitiva con el régimen anterior, negando la metodología empleada para instituir un nuevo sistema democrático. Se impusieron, por necesidad o pragmatismo, las tesis de quienes acabaron contribuyendo a redactar, aprobar, una Norma válida para todos; eso, al menos, se pretendía. A poco, empezaron a notarse apremios de comunistas y socialistas por alcanzar el poder -en parte o total- dando la espalda a los ciudadanos y al máximo estatuto, con propuestas para configurar un gobierno de concentración (sin apreciar necesidad alguna) o evidentes implicaciones en quebrar la voluntad popular respaldando un ejecutivo golpista, del que formarían parte, similar a lo acontecido con Primo de Rivera. Ocurría allá por los preludios del tejerazo, cuando se veía a Suárez un presidente de muy largo recorrido, demasiado para las urgencias de otros.

Desde entonces, esa que todos aseguran goza de buena salud, ha venido padeciendo ultrajes, desapegos, si no auténticos arrinconamientos, bajo el imperio de intereses espurios cuyos beneficiarios son partidos o líderes notables. Sin embargo, tan deplorable acto antidemocrático encuentra casi siempre pretexto en otro desdeñado: el pueblo. La salvaguarda de los derechos ciudadanos se convierte en estribillo recurrente, falso, que justifica -eso argumentan sin sonrojo próceres y medios anejos, retribuidos de alguna forma- cualquier asalto a la Ley de leyes; convirtiéndola, por efecto de los hechos, en vieja meretriz que se toma y se deja a conveniencia. Queda lejos, para muchos excesiva, la expropiación de Rumasa. Se inició aquí, en puridad, el atajo tortuoso (una especie de baipás) que, legitimado por un Alto Tribunal (gestor de su propio descrédito), se alternaría con la recta senda constitucional.

La Memoria Histórica pretende revivir yerros del pasado, que debieran formar parte de la Historia únicamente a efectos pedagógicos, con un afán sólo comparable al de obviar atropellos cometidos en nuestros días. Una mano, gris cuanto menos, apetece centrar nuestras cuitas sobre acontecimientos caducados, sin efecto ni participación en el devenir presente. Con la inestimable ayuda de sagaces estrategas comunicadores, inmersos en desleal y triste tarea de perros guardianes, conducen al ganado (paciente y estoico) por veredas abruptas, ahítas de lances, de sacrificios, hacia el aprisco; morada definitiva. Con qué desenvoltura se lesionan derechos individuales y colectivos; con qué ligereza se traduce la división de poderes, médula del Estado de Derecho; con qué prepotencia -no exenta de desenfreno impune- se moldea la norma para darle semblante constitucional; con qué desfachatez, en fin, se aplica la discrecionalidad, el capricho, la manipulación, en probada licencia legal para devotos y aspereza jurídica a contrincantes fijos u ocasionales.

No obstante, el exceso proviene del manejo, de la propaganda; una estrategia antidemocrática puesta al servicio ilegítimo del enfrentamiento político. ¿Qué ocurriría si el estado de alarma lo hubiese propuesto un gobierno del PP? La experiencia propia, alimentada por diversas respuestas "espontáneas" ante hechos de menor alcance, me lleva -sin exagerar-a conclusiones de despeñadero. Con todo y con ello, haciendo un paralelismo de la bíblica expresión, me atrevo a manifestar: "No sólo de Constitución vive el hombre".

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