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Etiquetas:   La delgada línea roja   -   Sección:   Opinión

El Síndrome del Aceite Tóxico (SAT)

Antonio Pérez Omister
Antonio Pérez Omister
@esapo1
sábado, 11 de diciembre de 2010, 23:00 h (CET)
Han pasado casi 30 años y las investigaciones acerca de la mayor tragedia alimentaria acaecida en nuestro país, el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), aún no han concluido. Sin embargo, el Aceite de Colza se sigue comercializando en nuestro país como LUBRICANTE Y DESMOLDEANTE DE GRADO ALIMENTARIO, susceptible de ser ingerido por las personas.

El envenenamiento por ingestión de ACEITE TÓXICO en 1981, sólo se dio en unas zonas muy concretas de España y no se ha repetido en ningún otro lugar del mundo.

Muchas personas se preguntan qué ha ocurrido para que haya sido tan difícil dilucidar el mecanismo por el que el aceite de colza adulterado provocó una intoxicación tan severa. «Analizar la toxicología de un producto como el aceite es extremadamente complicado», explicaba hace unos años el doctor Manuel Posada, investigador del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y uno de los mayores expertos en el SAT de nuestro país.

Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurre con la composición de los fármacos, por ejemplo, este producto alimentario no es una sustancia estática y que en sí misma es una fábrica constante de elementos químicos porque reacciona muy fácilmente a las condiciones externas (refinado, temperatura ambiental, calor en el proceso de cocinado, etcétera).

El aceite de colza puede consumirse sólo, como condimento o utilizarse para cocinar (de diversas formas también), por lo que la variabilidad de los condicionantes que hay que tener en cuenta son infinitos.

Si aún no somos capaces de ofrecer un remedio para la enfermedad a los afectados, siendo como somos el primer productor mundial de aceite de oliva, ¿qué necesidad tenemos de correr riesgos permitiendo la importación y comercialización de aceite de colza para uso alimentario?

«Después de una ardua tarea de laboratorio, en la que han colaborado otras instituciones, como el Instituto de la Grasa de Sevilla, conseguimos reproducir de manera exacta las muestras de aceite tóxico para poder usarlas en la investigación, posteriormente iniciamos la experimentación en animales y cuando llegamos al mono logramos replicar las alteraciones cardiovasculares características del SAT; de manera que logramos establecer el vínculo directo entre el aceite concreto y el daño en el organismo», continuaba el doctor Posada en el mismo artículo.

Lo que ya quedó claro en 1981 fue que no sólo fue el aceite el que provocó la intoxicación (algo que ya se había establecido a pesar de las teorías paralelas sobre pesticidas), sino que fueron las anilinas, elementos que intervienen en el proceso de desnaturalización cuando el aceite es empleado para uso industrial, las culpables de la terrible enfermedad mortal.

Actualmente, el SAT se engloba en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, dependiente a su vez del Instituto de Salud Carlos III. Este reconocimiento es útil a la hora de ayudar a los cientos de damnificados que aún recorren los tribunales reclamando las indemnizaciones que en su día se les prometieron. Sin embargo, el rosario de manifestaciones, juicios y constantes revisiones médicas no tiene visos de tener un fin próximo, porque a pesar de haber ganado en sucesivas comparecencias ante la justicia, las compensaciones económicas se siguen haciendo esperar.

El Estado racanea las indemnizaciones a los afectados, al tiempo que tolera que una multinacional petrolera francesa siga comercializando este aceite en España como LUBRICANTE DE GRADO ALIMENTARIO. Ni más, ni menos.

Uno de los escollos que han tenido que superar muchos de los afectados es el de demostrar que fueron víctimas del aceite letal, ya que han sido excluidos del censo de pacientes sin motivo aparente. Otros han visto rebajada drásticamente la cuantía de sus indemnizaciones. Algunos han tenido que devolver parte del dinero recibido. Incluso a algunos se les ha retrasado el cobro por culpa de la avaricia de sus representantes legales, que han querido quedarse con un pedazo demasiado grande del pastel.

Las trabas legales que tiene que sortear un ciudadano de a pie para denunciar un abuso ante la Justicia son casi insalvables si no dispone de los recursos económicos suficientes. Situación que conocen perfectamente las multinacionales y que aprovechan para seguir haciendo su negocio amparadas en la impunidad.
Lo que tal vez ignoran esos afectados por el SÍNDROME DEL ACEITE DE COLZA DESNATURALIZADO es que en España se sigue comercializando aceite de colza y que, muy posiblemente, se esté haciendo vulnerando lo establecido por la ley, a pesar de que los representantes de las compañías fabricantes del mismo aseguran “estar cumpliéndola” amparándose en la complejidad de los mecanismos administrativos en nuestro país: gobierno central, ministerios, subsecretarías, consejerías, autonomías, disposiciones y reglamentos europeos de cuya aplicación y alcance jurídico tenemos nuestras serias dudas, y que a menudo se solapan creando auténticos limbos jurídicos. Al final, como suele decirse, el uno por el otro, la casa sin barrer. Nadie da la cara ni asume su responsabilidad.

Si como mantienen las petroleras que comercializan lubricantes alimentarios derivados del aceite de colza “estos cumplen todas las disposiciones legales y normativas vigentes en la elaboración de dichos lubricantes de grado alimentario”, debemos entender que estos se fabrican de acuerdo a lo que estipula el apartado 1.1 del Real Decreto 538/1993. Es decir, los centros de producción donde se elaboran estos lubricantes alimentarios derivados del aceite de colza y otros aceites vegetales, deben ser distintos de los que elaboran lubricantes industriales a partir de ese mismo aceite de colza refinado con fines industriales, no alimentarios. Y, por descontado, de los centros de producción donde se elaboren grasas y aceites lubricantes minerales derivados del refino del petróleo y destinados a uso industrial.

¿Se está cumpliendo esta ley en España? ¿Quién ha verificado que realmente se cumpla en las refinerías francesas de las que proviene buena parte de ese aceite de colza para uso “alimentario” que se está vendiendo como una panacea a las empresas del sector en España?

Alguien podrá pensar que el año 1981 queda ya muy lejos en el tiempo, que aquella fenomenal pifia no ha vuelto a repetirse. No es así, desafortunadamente.
En abril del 2008, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertó que una partida de aceite de colza envenenado con anilina fue importada desde Francia con fines industriales y luego introducida en el mercado de venta para consumo humano de forma ilegal. Exactamente igual que en 1981.
El Ministerio de Sanidad retiró de forma preventiva 125 toneladas de aceite de colza y elevó un informe a la Comisión Europea, que a su vez alertó a los gobiernos de Francia, Italia, Reino Unido y Holanda.

Los posteriores informes de la Comisión Europea, que publicó en su día el Reglamento Comunitario 852/2004, revelaron que “a pesar de los terribles antecedentes de 1981 en España, el riesgo toxicológico era mínimo”.
¿Mínimo? Podrían preguntarles a los afectados por el Síndrome del Aceite de Colza Desnaturalizado si opinan lo mismo. Desde luego, los muertos ya no podrán responder.

¿En manos de quiénes hemos depositado nuestra confianza?

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