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Etiquetas:   La delgada línea roja   -   Sección:   Opinión

Derecho a la huelga

Antonio Pérez Omister
Antonio Pérez Omister
@esapo1
viernes, 10 de diciembre de 2010, 07:54 h (CET)
Cuando los controladores aéreos franceses van a la huelga, paralizan media Europa y se cancelan infinidad de vuelos sin que nadie se atreva a llamarles privilegiados. La huelga de los controladores en España se ha saldado con la militarización del espacio aéreo. Tal vez por eso, Francia ocupa el lugar que ocupa en el mundo, y España está donde está. Allí se respetan los derechos de los trabajadores, y aquí no.

La militarización ha sido muy aplaudida desde algunos sectores de dudosa o escasa vocación democrática. Pero esta medida excepcional de emergencia se adoptó estando el jefe del Estado fuera del país, y puede que vulnerase la Constitución, cuyo artículo 116.2 dice lo siguiente: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

El rey firmó en Argentina, en presencia del embajador español como es preceptivo, los dos decretos: el de militarización de los controladores (trasferencia al ministerio de Defensa de las competencias de AENA) y la declaración de estado de alarma. Una situación excepcional que ahora el Gobierno, con el apoyo incondicional de la Oposición, pretende prolongar más allá de los quince días que preceptúa la ley, extendiéndola hasta después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Además de esto, y de enviar en la noche del sábado a la Guardia Civil al hotel donde se encontraban reunidos los representantes de los controladores, y pedir a todos los asistentes que se identificaran, el Gobierno movilizó a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y efectivos de dicha unidad fueren enviados al aeropuerto de Barajas en la noche del sábado al domingo. Una controladora denunció ante los periodistas que los militares aparecieron en el aeropuerto con pistolas y que la obligaron a incorporarse a su puesto de trabajo. El esperpéntico fantasma del 23-F abandonó su cripta para reaparecer cuando ya nadie esperaba volver a verle. ¿Pistolas en el Congreso?, ¿pistolas en Barajas?

¿Cómo hubiese reaccionado el PSOE, entonces en la Oposición, si el presidente Aznar hubiese declarado el estado de alarma, o el de sitio, tras los atentados del Once de Marzo? Posiblemente se hubiese hablado entonces de golpe de Estado. Pero la situación de aquel 11 de marzo de 2004, justificaba la declaración de dicha situación de emergencia nacional, de forma mucho más contundente que la huelga de los controladores aéreos. A fin de cuentas, un colectivo que lucha por mantener sus derechos laborales. Los derechos no son “privilegios” y defenderlos, no es un acto de terrorismo.

No obstante, como sucediera en verano, José Blanco, titular de Fomento, ha aprovechado la ocasión para criminalizar a los controladores, calificando la huelga de “salvaje” y presentándoles como unos trabajadores privilegiados que cobran sueldos millonarios. De su reiterada negativa a contratar más personal, no ha dicho nada, y de sus planes de privatización tampoco.

Parece ser que Gobierno y Oposición sólo reivindican el derecho al trabajo de los españoles, contemplado en la Constitución, cuando un sector de la sociedad decide ejercer su derecho, también constitucional, a declararse en huelga. El resto del tiempo, poco importan los que deben hacer esa “huelga” forzosa y permanente que supone encontrarse en situación de desempleo.

Aprovechando el caos provocado por la huelga de controladores aéreos, los mismos demagogos que defienden el despido libre como medida para crear empleo, se han unido a algunos exaltados no han dudado en proclamar la necesidad de suprimir el derecho a la huelga. Son los mismos que reclaman nuevos recortes salariales en un país con sueldos paupérrimos, asegurando falazmente que con ello mejorará nuestra competitividad y se incentivará el consumo. A menor salario, menor capacidad de consumo. Y cuanto más se reduce el consumo, más se abunda en la crisis.

La tasa de paro en España roza el 20%. La de Estados Unidos durante la Gran Depresión era del 25% y al país más poderoso del mundo le llevó diez largos años, y una guerra mundial, salir del atolladero. ¿Adónde nos están llevando estas recetas neoliberales que ya fracasaron estrepitosamente en el pasado?
Los controladores aéreos se han equivocado planteando la huelga del modo que lo han hecho, perjudicando a los más vulnerables, pero esto no ha de servir para que los que abogan por mayores recortes en los derechos de los trabajadores, saquen tajada. La militarización, como se ha hecho con los controladores, no está prevista para el estado de alarma, sino para los de excepción y de sitio. Luego, es muy posible que sea el Gobierno el que ha vulnerado la ley, y no los controladores aéreos ejerciendo su derecho constitucional a ir a la huelga.

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