El último pulso echado por los controladores aéreos al Gobierno español en plena crisis económica, coincidiendo arteramente con un puente vacacional donde los daños económicos pueden ser astronómicos en unos momentos delicadísimos para el país, resultan un auténtico escarnio, que ningún gobernante puede admitir, porque socialmente es inadmisible.
Además estos señoritos, auténticos privilegiados dentro del sistema de empleo público español, se han hecho poco menos que imprescindibles con la expansión del sector aéreo, y con un mercado profesional cerrado, de auténtico monopolio, pues el acceso se consigue por vía de oposiciones con plazas limitadas; lo que ha determinado que se haya generado una “casta codiciosa” de empleados públicos “bien cuidados” con un sueldo medio de 334.000€ anuales, que naturalmente dista muchísimo del común de los empleados públicos del país. ¡Y encima quieren más…!, mostrando su insolidaridad con el resto de la sociedad de la que son empleados, precisamente en unos momentos donde sufrimos una de las mayores crisis económicas que se conocen.
Por tanto, por la injusta e insolidaria pretensión, por la forma que lo han hecho –que revela una más que posible mala fe en la intención de dañar, para sus objetivos de presión- en medio de un puente y de forma súbita, merecen una contundente respuesta como la que le ha dado el Gobierno, de la mano del Ministro de Fomento, que se está revelando como un gobernante curtido, por su eficaz respuesta actual, y por su gestión del anterior conflicto del mismo colectivo el pasado verano. Pero que no debería quedar en simple toma de medidas para salvar la crítica situación generada, sino que debería de intervenir la Fiscalía General del Estado para pedir responsabilidades a que hubiere lugar en nombre de todos los afectados, llevando la ley a su plena aplicación.
Pero sobre todo, da pié y fundamentación al Gobierno para que no le tiemble el pulso en la adopción de drásticas y ejemplares medidas para que hechos como estos no vuelvan a suceder en nuestro país, procediendo a una profunda reestructuración del cuerpo, privatizando los servicios, abriendo esta profesión a cualquier ciudadano que quiera acceder a ella, para poder postularse como adecuado candidato a una contratación por parte de la empresa o empresas privadas que se hagan cargo del control aéreo en los distintos aeropuertos del Estado, de forma no diferente a como ocurre en otros países.
¡Ya está bien, de abusos y chulerías...y sobre todo, de que el usuario de los servicios públicos tenga que ser la víctima o rehén de pretensiones de colectivos ambiciosos situados en sitios estratégicos del sector público..!.
