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Etiquetas:   La delgada línea roja   -   Sección:   Opinión

Ben-Hur y la directiva Bolkestein

Antonio Pérez Omister
Antonio Pérez Omister
@esapo1
martes, 7 de diciembre de 2010, 09:53 h (CET)
Por supuesto, muy pocos han oído hablar de esta directiva, sin embargo fue aprobada en noviembre de 2006, entrando en vigor el 28 de diciembre de 2006 (Directiva 123/2006/CE).

Según esta normativa, aprobada en una fecha tan significativa como la del Día de los Santos Inocentes, una empresa de servicios puede instalar su sede social en cualquiera de los países miembros de la UE y, a partir de ese momento, las leyes del país en cuestión se aplicarán a las actividades de dicha empresa en toda Europa. Es decir, se podrá instalar la sede de una empresa en Moldavia, o en Azerbaiyán (cuando este país asiático pase a formar parte de la UE), aunque sólo sea de forma ficticia, registrándola mediante los correspondientes documentos legales, y todos sus empleados, estén en España, Francia o Italia, deberán regirse por las leyes moldavas, aunque éstas sean mucho más lesivas para los intereses de los trabajadores que las de su país de origen.

El proceso de aprobación de la directiva se vio interrumpido en varias ocasiones debido a las fuertes polémicas que suscitó su contenido; en particular se acusó a la directiva de ser una prueba más de la preocupante deriva ultraliberal, y exclusivamente mercantilista que, según algunas formaciones políticas, está adoptando la Unión Europea.

La encendida discusión sobre la directiva se ha reflejado también en otros campos: se la ha acusado de ser una de las causas del desinterés de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas, y se la considera una de las razones de la victoria del “NO” en el referendo francés sobre la Constitución Europea. Los sindicatos de ese país la atacaron duramente, y a su providencial intervención se debe que la infausta ley permanezca en una especie de ‘standby’ pese a haber sido aprobada hace ya cuatro años.

El falaz argumento de favorecer a los países subdesarrollados a través del actual sistema de economía globalizada es, en realidad, un subterfugio para trasladar a los países desarrollados las condiciones de semi esclavitud que se dan en las que, eufemísticamente, se ha venido en llamar “economías emergentes”.

Los niños paquistaníes que cosen a mano los balones de fútbol cobran unos salarios míseros mientras Nike, y otras compañías, venden esos productos en Europa y Estados Unidos a unos precios que les reportan enormes beneficios. Las trabajadoras chinas realizan jornadas laborales de 12 y 14 horas diarias a cambio de salarios paupérrimos y, cuando tienen el periodo, están obligadas a informar a sus encargados y jefes de planta para que las recoloquen en puestos que no afecten a la productividad. Por supuesto, de quedarse embarazadas cuando ellas lo deseen, nada de nada. Y las que lo hacen, son despedidas de inmediato.

Siguiendo este patrón asiático, al que se refieren los santones neoliberales cuando hablan de “competitividad” para eludir el término “esclavitud”, muy pronto, la semana laboral europea de 40 horas será un lejano recuerdo. Como lo serán el fin de semana de dos días: sábado y domingo; las vacaciones pagadas; o el derecho a solicitar la baja laboral por enfermedad.

Como en las cadenas de montaje chinas, los trabadores que enfermen serán substituidos inmediatamente por otros. Exactamente igual que en la escena de los remeros en la célebre película “Ben-Hur” protagonizada por Charlton Heston.

Todos estos abusos que nos devuelven al siglo XIX, se llevarán a cabo para que unos cuantos explotadores sin escrúpulos se hagan aun más ricos a costa de la miseria de naciones enteras y en nombre, cómo no, del Libre Mercado. Algunos pueden estar tentados a pensar que “esto no va con ellos”. Se equivocan: va con todos nosotros y afecta directamente al futuro de nuestros hijos.

Cuando la Sanidad Pública sea privatizada, por poner un ejemplo, y las operaciones a corazón abierto se tengan que abonar con dinero contante y sonante, más de un confiado ciudadano verá como su patrimonio y los ahorros de toda una vida se le escapan de las manos. Eso, suponiendo que pueda pagarla, porque si no es así, lo que se le va a escapar de las manos es la vida. La suya, o la de sus familiares más queridos.

La estrategia puesta en marcha en estos momentos contra España desde Bruselas, y alentada principalmente por Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, consiste en forzar la “privatización” de los servicios públicos para lograr que el Estado se desprenda de sus grandes empresas. Pero esto no redundará en un mayor beneficio para los ciudadanos, ya que lo que las compañías privadas buscan no es el interés común, sino su propio beneficio. Y la Sanidad Pública, contemplada como negocio, es un sector deficitario que sólo puede sostener solidariamente el Estado. Las aseguradoras privadas nunca podrán ofrecer las mismas coberturas y servicios porque, de hacerlo, quebrarían irremisiblemente.

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