Ha habido mucha gente a la que le ha repugnado la forma expeditiva con la que el Gobierno zanjó el reciente conflicto del control del tráfico aéreo. Muchos imputan al presidente Zapatero actitudes fascistas, pues piensan que la declaración del estado de alerta es un primer paso para la militarización del país; esta es una especie que no debe tener demasiadas dificultades para progresar habida cuenta de la cantidad de veces que desde ciertos sectores de la historiología nacional se ha venido acusando al PSOE de atesorar una larga y reputada tradición golpista.

Muchos han querido equiparar el estado de alarma con el de excepción. Convendría ser muy cautos en esta materia, porque la diferencia entre dichos estados no es baladí. Nuestra legislación prescribe el estado de alerta para casos en los que, como es el que nos ocupa, el país se ve amenazado por un colapso en servicios públicos de primera necesidad, como puede ser el tráfico aéreo. Ya hemos visto el terrible quebranto económico que han supuesto dos días de parón. ¿Durante cuántos días podría sobrevivir el país con el espacio aéreo cerrado? ¿No es, por tanto, la situación a la que se ha llegado el caso más paradigmático en el que la ley obliga al Gobierno a implantar el estado de alarma en el ámbito del control aéreo? ¿Qué tiene que ver esto con un estado de excepción en el cual quedan suspendidas todas las garantías constitucionales de la ciudadanía y el Gobierno extiende su autoridad manus militari? Yo les pediría a todos aquellos que ya han empezado a prevenirnos contra las nefastas intenciones militaristas de este Gobierno que recapacitaran un poco. Las leyes están para cumplirlas, y ninguna ley aprobada democráticamente puede ser considerada fascista. Estoy frontalmente en contra de un Estado fascista, mínimamente totalitario o con veleidades militaristas, y también estoy frontalmente en contra de un gobierno que sea incapaz de aplicar la ley con todo rigor cuando la situación lo reclama. Finalmente, recomendaría encarecidamente la lectura de la Ley Orgánica 4/1981 de junio y el artículo 116 de la Constitución. Después, ya veremos hasta qué punto el Gobierno es responsable de la situación a la que se ha llegado; pero eso es otro tema. Lo sustantivo del debate que hoy nos ocupa es que los controladores aéreos, saltándose a la torera el derecho de huelga y la seguridad del espacio aéreo español, abandonaron sus puestos de trabajo alegando causas falsas, beneficiándose fraudulentamente de bajas médicas, dejando al país al borde del caos, provocando un daño irreparable a más de medio millón de ciudadanos.