Las revelaciones de WikiLeaks sobre la Justicia española y su vinculación con los documentos del Departamento de Estado, han sido presentadas como “maniobras” norteamericanas sobre políticos y fiscales. El enfoque de El País, sin embargo, minimiza la implicación de los jueces de la Audiencia Nacional, uno de ellos, Baltasar Garzón.

Según fuentes jurídicas, los fiscales están ‘habilitados’ para hablar; quienes no pueden hacerlo son los jueces. “Los jueces no pueden reunirse con nadie”, es el comentario de esas fuentes, que añaden: “¿Qué hace un juez de la Audiencia Nacional cenando con diplomáticos norteamericanos y hablando de procedimientos que tramita en su juzgado?”. Lo consideran una irregularidad flagrante.

La información que publica El País revela, por ejemplo, una reunión de Baltasar Garzón con el entonces embajador de Estados Unidos, Aguirre, en la que el magistrado le aconsejó que contactara también con otros jueces de la Audiencia, como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan del Olmo. Y cuenta que se intentó “con diferente grado de éxito”.
Igualmente, habla de un encuentro del director del FBI en Madrid, Robert Mueller, con el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, y de una visita a Estados Unidos que le prepararon posteriormente.

A pesar de la irregularidad que supone el que unos jueces comenten asuntos de su competencia, el escándalo suscitado tras las filtraciones de WikiLeaks, no tendrá repercusiones para estos jueces porque no es previsible que el Consejo General del Poder Judicial tome ninguna iniciativa a ese respecto.

En lo tocante a la presencia del Fiscal General del Estado en los documentos enviados desde la embajada de Estados Unidos en Madrid, que relatan numerosos contactos y peticiones de información sobre asuntos como la muerte del cámara José Couso en Iraq, la situación de los presos retenidos ilegalmente en Guantánamo, y los vuelos clandestinos de la CIA, las citadas fuentes jurídicas apuntan que el Fiscal General del Estado tiene representación de España en los ámbitos jurídicos internacionales y está habilitado para ello.

Es decir, que los norteamericanos consideran nuestro territorio una especie de ‘protectorado’ y nosotros se lo permitimos. Por supuesto, cuando se trata de colaborar en la lucha contra ETA, los norteamericanos lo consideran un “problema doméstico” y se lavan las manos. Lo mismo que nuestros “leales” aliados británicos, que amparan al terrorista De Juana Chaos mediante triquiñuelas jurídicas para evitar su extradición. ¿Cómo hubiesen reaccionado en Gran Bretaña si aquí se hubiese dado cobijo a activistas del IRA con delitos de sangre a sus espaldas?

El caso es que la Fiscalía como tal puede informar a países aliados (¿?) sobre el estado de determinados casos, y en concreto con Estados Unidos hay firmado un acuerdo de colaboración. Sin embargo, esa “colaboración” podemos calificarla, a tenor de lo visto, de bochornosa subordinación.

¿Cómo hubiesen reaccionado en Estados Unidos si aquí se hubiesen calificado los atentados del 11-S de “problema doméstico”?