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Etiquetas:   Carta al director   -   Sección:   Opinión

El feminismo de género es el nuevo machismo

Jorge Skibinsky (Palma de Mallorca)
Redacción
miércoles, 1 de diciembre de 2010, 15:10 h (CET)
No puede el ministro Rubalcaba afirmar que en nombre del supuesto beneficio de los menores se pueda cargar la presunción de inocencia. Si el 60% de los procesos acaba en absolución no tiene sentido tomar unas medidas cautelares obligatorias que ya toman los jueces cuando así lo consideran conveniente según los casos. Eso es sinónimo de desconfianza en el poder judicial otro menosprecio a uno de los valores más importantes de la democracia y un desprestigio del organismo frente a la población en general. A partir de ahora creeremos menos en los jueces y todo el sistema en el que confiamos se debilitará más y más cada día por culpa de un poder ejecutivo que tomas medidas arbitrarias y electoralistas y por un poder legislativo que vota en bloque y no en conciencia. El propio poder judicial ya se halla bastante desprestigiado por su propia culpa. Los jueces del consejo general judicial, el órgano de gobierno de los jueces, es elegido por las cuotas de poder de los partidos políticos y su equilibrio y decisiones dependen, precisamente de criterios políticos. Otro tanta pasa con el constitucional. Al margen parecen han quedado los criterios jurisprudenciales que regían las decisiones de ambos órganos.

Desde el pueblo llano se ve todo esto como un pastiche donde todo se mezcla y nada se entiende, dejando al ciudadano en una situación de desamparo institucional tremendo del que sale siempre perjudicado

Leire Pajín se opone a las respuestas en contra diciendo que antes de criticar analicemos con rigor la propuesta. Pues bien, existe una máxima en la justicia que se llama presunción de inocencia y que consiste en considerar que una acusado de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario, un derecho garantista del que va a ser juzgado para prevenir el abuso institucional y el juicio previo de la sociedad entre otros. Una vez juzgado y con sentencia firme se establece su culpabilidad y se emite una sentencia judicial de obligado cumplimiento. Es entonces cuando pueden tomarse medidas como la pérdida de la patria potestad en el caso de maltrato, pero aún habría que haber demostrado durante el juicio que la persona maltratadora también había causado daño físico o psicológico a los menores involucrados, porque si no se caería en el error de dejar a esos hijos sin uno de los progenitores. Puede parecer extraño pero la persona objeto de maltrato puede ser solamente la pareja y no los hijos por lo que la separación de ambos cónyuges, por sí sólo, termina con la situación. La relación con los hijos puede continuar igualmente y me consta que muchos progenitores, a pesar de haberse llevado muy mal, quieren muchísimo a sus hijos y tienen buenas capacidades parentales. El verdadero problema surge en que es imperativo analizarlos caso por caso antes de tomar una decisión que pueda hacer más daño que beneficio.

La decisión de retirar la patria potestad en los que estén “incursos” (Pajín reiteró el término) en casos de maltrato tampoco es igualitaria ya que parte del error de considerar siempre a la mujer como víctima y al hombre como maltratador. Rubalcaba matizaba diciendo que las mujeres inmersas en un proceso penal, también le quitaran la custodia durante el proceso. Así ha querido quedar bien frente a la opinión pública mostrándose muy igualitario, pero la realidad es que la ley de violencia de género sólo va dirigida a defender a la mujer y por lo tanto los procesos penales se abren solamente contra los hombres utilizando para ello los juzgados de violencia contra la mujer creados específicamente a tal fin, una herramienta que no disponen otros colectivos familiares (padres, hijos, abuelos, etc).

De esa forma a la mujer nunca se le puede imputar un delito de violencia de género, ya que la ley no lo prevé. De hecho una agresión de hombre a mujer en un delito de violencia de género, a la inversa es sólo un falta. Conclusión, la reforma del Código Civil está encaminada a quitar la patria potestad a los padres hombres de modo preventivo y podría ocurrirle a cualquiera por una simple discusión con su pareja. Una auténtica aberración

Esto sí que es cargarse a la familia de verdad, en lugar de mediar castigar, en vez de solucionar los problemas agravarlos. El feminismo de género impone sus reglas y todos a cumplir y a callar. Es el nuevo machismo feminista. De permitir que leyes tan demostradamente injustas como la ley de violencia de género o esta modificación que se propone del código civil sigan adelante, estaremos más cerca de la discriminación por razón de sexo que de la pretendida igualdad. Ser hombre en España es ser ciudadano de segunda clase, ser hijo de padres separados también. Si Leire Pajín dice que analicemos con rigor aquí lo tiene, ahora le toca hacerlo a usted.

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