El 53% del electorado aprobó el domingo en referéndum la deportación de criminales extranjeros en los casos de asesinato, violación y robo, pero también cuando defrauden a la Seguridad Social.

Pablo Hernández / Analista internacional

Un año después de la prohibición de la construcción de minaretes en las mezquitas suizas, el ultranacionalista Schweizerische Volkspartei (SVP, Partido Popular Suizo) ha vuelto a conseguir una importante victoria electoral y, lo que es más, ha vuelto a dividir al país centroeuropeo en dos bandos muy claramente diferenciados. El Partido Popular Suizo, que es el partido más numeroso en la Asamblea General –aunque no goza de mayoría–, extrema paulatinamente sus posiciones con la intención de consolidar una mayoría fuerte, que les proporcione de manera definitiva los puestos de poder clave del país.

La propuesta contraria a la deportación instantánea defendía el mantenimiento de la ley vigente, que contempla la expulsión de los extranjeros que delincan siempre y cuando los casos sean estudiados y juzgados individualmente. Dicha propuesta, que fue presentada en parte por iniciativa ciudadana y en parte por el Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP, Partido Socialdemócrata de Suiza), sufrió un “hundimiento”, según afirma el periódico austriaco Krone.

Pese a su victoria, el SVP tiene que afrontar dos problemas de primer orden. Por un lado, estas medidas podrían traer problemas al Gobierno suizo con la Unión Europea, puesto que uno de los acuerdos que mantiene la UE con el país helvético especifica que no se podrá expulsar a un ciudadano de la Unión sin que exista una notificación previa. Por otro lado, la Asamblea General podrá retocar en parte esta ley, gracias sobre todo a la conformación de una mayoría contraria a los planteamientos del Partido Popular Suizo, que recorte o por lo menos ponga límites a la decisión que una mayoría de ciudadanos suizos han aprobado en referéndum.

Polarización de opiniones
Una de las consecuencias que ha tenido la aprobación de esta ley a nivel de política interior ha sido la división profunda de la ciudadanía suiza, del mismo modo que ocurrió con el asunto de los minaretes. Dos semanarios muestran argumentos opuestos en sus ediciones digitales: Die Weltwoche afirma que “el pueblo ha decidido” y quiere “que se solucionen los problemas concretos”, y asevera que pese al gran “lamento de los medios” de comunicación, los argumentos contra esta ley no son convincentes. Y los argumentos a los que se refiere Die Weltwoche son los que defiende Kaspar Surber en Die Wochenzeitung, en donde se recoge “la paranoia y la propaganda que los grupos de presión empresariales y la derecha populista” están expandiendo por el país. Surber llega a hablar de Suiza como un “estado neo-feudal”, en el que unos cientos de personas acumulan tres cuartas partes de la riqueza de los demás contribuyentes. Y aún hay más, porque el analista del Wochenzeitung pone en tela de juicio la diferencia entre la propuesta votada y su contraria, a la que califica de “tan devastadora” como la original, y que además convertiría el pensamiento xenófobo en ley constitucional.

Otro aviso, pues, sobre la deriva ultranacionalista que está tomando Centroeuropa en general y Suiza en particular, debida quizá a la inseguridad económica provocada por la crisis o puede que correspondiendo a un renacimiento de los valores más conservadores e incluso racistas de la sociedad europea. Lo cierto es que los viejos fantasmas y el miedo al Otro parecen estar siempre disponibles para ser removidos, siguiendo un particular sentido del ritmo social, de modo favorable a determinados intereses políticos y económicos.