No creo que se deba leer el resultado de las elecciones catalanas en clave nacionalista. La crisis ha pasado factura tanto al partido del Gobierno central como al tripartito. CiU siempre ha sido el grupo más votado en Catalunya, aunque en las últimas legislaturas no haya podido formar una mayoría con la que poder gobernar, así que no es extraño que hoy haya conseguido la mayoría absoluta. Los ciudadanos catalanes -y no olvidemos que la mitad del censo electoral se quedó en casa- ha dado la espalda a una izquierda que antepuso cuestiones soberanistas al dramático problema económico que ha creado la crisis.

Los ciudadanos que fueron a votar han preferido dar su confianza a formaciones que buscan una solución a la crisis sistémica, dentro del propio sistema, que a otras fuerzas políticas que se han mostrado menos dispuestas a coger el toro por los cuernos, y nunca mejor dicho, pues la última legislatura es la de la prohibición de la lidia. En cualquier caso, queda constancia de que la relación de Catalunya con el Estado español es un problema secundario para la mayoría de los catalanes. Y, por ende, queda fehacientemente comprobado que la unidad de España, hoy por hoy, no está amenazada.

Lo que ya es otra cosa es la paz social. En Catalunya, como en el resto de España, la ciudadanía está al borde de perder la paciencia con el Gobierno y los poderes fácticos. El centro derecha ha arrasado, efectivamente, pero puede volver al ostracismo si no sabe traducir en bienestar y justicia social el crédito que le acaba de transferir el electorado. En todo caso, el presidente Rodríguez Zapatero ya puede ir empezando a poner sus barbas a remojo. El mensaje es claro y directo. Si Rodríguez Zapatero se empeña en seguir gobernando desde premisas de derechas, el electorado le dará al voto a la derecha natural, al PP.