El gobierno federal alemán ha dado un importante paso en la configuración a largo plazo de su política energética, además de continuar desarrollando sus planes de austeridad.

Pablo Hernández / Analista internacional

Si hace dos semanas se aprobaba el plan de reforma sanitaria, ahora el Bundesrat (equivalente al Senado español) ha aprobado una ley para encarecer los impuestos que deben pagar las diecisiete centrales nucleares alemanas a cambio de ampliar su vida útil, que se extenderá hasta el año 2040. Estas medidas entrarán en vigor el próximo mes de enero y están destinadas, según el gobierno conservador-liberal, a sanear las cuentas de las arcas federales, que ingresarán 2.300 millones de euros más al año con la nueva ley.

Con el debate en torno a la energía nuclear todavía candente, tras las protestas por la llegada masiva de residuos nucleares (más de 100 toneladas) procedentes de Francia a la localidad de Gorleben, en el norte del país, el gobierno federal se ha atrevido a sacar adelante una ley que no solo apuesta por la continuidad del modelo energético vigente, sino que amplía su validez de aquí a treinta años, con todas las ventajas y los inconvenientes que ello supone. La oposición ha acusado a Merkel de perpetuar el modelo nuclear, ya que el aumento de vida útil de las centrales hasta 2040 “no es moderado” y además contribuye a que los servicios públicos y las energías renovables se conviertan en “los perdedores” con esta nueva ley, según recoge la edición digital de Der Spiegel.

El promedio de vida útil de las centrales nucleares alemanas se situaba en torno al año 2028, con lo cual el aumento previsto por esta ley es de una media de doce años. El gobierno de Merkel ha asegurado que, a falta de la firma del presidente federal Christian Wulff, tanto el alargamiento de la vida útil de las nucleares como la subida de impuestos permitirán al Estado planificar con suficiente antelación y con suficiente liquidez la expansión definitiva de las energías renovables, prevista para el año 2050, y que antes de esa fecha no puede ser posible ni rentable. Desde la oposición también se ha contestado a esto, afirmando que el argumento de apostar por la energía nuclear hasta que sea posible siempre se traducirá en un retraso de la puesta en marcha de proyectos de energía sostenible.

El debate, pues, no tiene visos de cerrarse a corto plazo, puesto que se trata de una cuestión con posiciones muy claramente definidas. Los Verdes, partido con gran tradición e importantes cuotas de poder en Alemania, consiguieron arrancar al SPD compromisos significativos respecto a este tema cuando estaban en el poder y no pueden quedarse impasibles ante su electorado, menos aún cuando la oposición a la energía nuclear se trata de uno de sus caballos de batalla. La apuesta del gobierno federal por la nuclear se traduce como una necesidad de ahorro a corto plazo provocada por la crisis económica, pero podrá tener consecuencias negativas en términos electorales en un tema muy sensible para la población. Además, hasta el momento no se sabe de nadie a quien le guste vivir cerca de un depósito de residuos nucleares, y es posible que incluso algunos estados gobernados por la CDU se ‘rebelen’ cuando esta ley entre en vigor. La marcha atrás del proyecto todavía es posible, pero al mismo tiempo los ingresos que promete esta subida de impuestos son demasiado jugosos para dejarlos pasar. La cuestión nuclear no terminará aquí.