WASHINGTON - El problema presupuestario de América se reduce a un simple interrogante: ¿Hasta qué punto dejaremos que los programas destinados a la tercera edad desplacen al resto de funciones de la administración -- la defensa de la nación, la educación y el transporte público entre muchas otras -- y eleven los impuestos hasta niveles que, casi seguro, rebajarán el crecimiento económico? Lo deprimente es que esta pregunta lleva décadas siendo evidente pero nuestros líderes políticos la han evadido constantemente. Esto incluye y señala a Republicanos, Demócratas, conservadores, izquierdistas y a todo presidente desde Jimmy Carter, en particular Bill Clinton y George W. Bush, que entendían el problema claramente.

Nuestra cultura política prefiere el delirio a la franqueza. Los izquierdistas solucionan el problema presupuestario gravando a los ricos y haciendo recortes en defensa. Piénselo dos veces. El 5% de rentas más altas ya abona alrededor del 45% de los tributos federales; podría pagar más, pero no lo suficiente para cuadrar los presupuestos. El gasto en defensa constituye la quinta parte del gasto federal; el déficit proyectado a lo largo de la próxima década es semejante. No vamos a clausurar el Pentágono. Los Republicanos y los activistas fiscales creen que eliminar "el derroche del gasto público" permitiría más bajadas tributarias. Ni en sueños. Los programas de mayor gasto, la seguridad social y Medicare, son tremendamente populares entre los alrededor de 50 millones de afiliados.

Ahora llegan Erskine Bowles y Alan Simpson, co-secretarios de la Comisión Nacional de Disciplina Fiscal y Reformas, con un plan. Congela los salarios de los empleados públicos durante tres años, sube el impuesto de los combustibles en torno a los 15 centavos el galón, y eleva paulatinamente la edad para acogerse a la seguridad social en los casos de jubilación anticipada y jubilación con pensión integra. Estas edades son ahora de 62 y 66 años; llegarían a los 64 y 69 años alrededor de 2075. Sensatamente, los cambios no empiezan hasta 2012 para evitar poner en peligro la recuperación económica.

Desafortunadamente, el plan tiene mucho de ensoñación. Impondría un límite al gasto federal en el 22% de la economía real (producto interior bruto) y a los tipos fiscales en el 21% del PIB. Estos objetivos suponen incrementos modestos con respecto a las medias de los ejercicios 1970 a 2009: 20,7% del PIB en el caso del gasto público; 18,1% en el de los tipos fiscales. Pero mantener los objetivos da por sentado que el coste sanitario -- el factor más considerable que está haciendo crecer el gasto -- se moderará significativamente. La Bowles-Simpson tiene unas cuantas propuestas para hacer eso realidad.

Nos hace falta algo contundente: cambios presupuestarios que redefinan la administración para plasmar las realidades económicas y sociales de la actualidad. Las esperanzas de vida más altas justifican subir paulatinamente la edad para acogerse a la seguridad social con mayor rapidez de la que sugiere la Bowles-Simpson. Los jubilados con mejor estado de salud deberían pagar más por Medicare. De alguna forma tenemos que controlar el gasto sanitario. Deberíamos de eliminar los programas que son ineficaces o que se ocupan de intereses reducidos: subsidios agrícolas y la red ferroviaria Amtrak entre otras cosas.

Para entender nuestra situación, eche un vistazo a la tabla de abajo (que he utilizado con anterioridad). Recoge los impuestos federales y el gasto como porcentaje del PIB de 2006 (el último ejercicio "normal" antes del batacazo) y las proyecciones de los ejercicios 2020 y 2035. Las previsiones de la seguridad social, Medicare y Medicaid - que reflejan las actuales prestaciones -- proceden de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Las demás categorías del gasto se mantienen constantes como porcentaje del PIB. No queda margen para grandes urgencias ni programas nuevos. Aunque crudas, las cifras resultantes plasman la creciente presión.

Es muy preocupante. De 2006 a 2035, el gasto federal pasa del 20% del PIB a casi el 29%. La seguridad social, Medicare y Medicaid (incluyendo el Obamacare) representan todo el incremento. Los motivos: Más ancianos y ascenso del coste sanitario. En 2035, la población de más de 65 años será un 93% mayor que en 2010. Financiar una administración mayor exigirá una subida fiscal de alrededor del 50%. Si queremos evitar una subida tributaria -- al tiempo que satisfacemos las prestaciones sanitarias y la seguridad social en vigor -- tendremos que recortar todo el resto de programas alrededor del 80%. (Y estas cifras son probablemente optimistas, porque la servidumbre de la deuda pública se presume que permanecerá baja).

El problema no es reducir el déficit. Es controlar el gasto de forma que parezca socialmente justo, económicamente sensato y políticamente tolerable. Si somos honestos - ninguno de los partidos lo ha sido - se traduce en plantear hasta qué punto toleramos que las prestaciones de los ancianos lastren a los jóvenes a través de impuestos más altos, servicios públicos inferiores, menor crecimiento económico y seguridad nacional debilitada.

Cualquier debate genuino tiene que ser desgarrador por obligación porque la administración ha prometido más de lo que puede cumplir de forma realista, y prestaciones inferiores con impuestos más altos harán a muchos sentirse (justificadamente) maltratados. Nadie estará contento. Los izquierdistas tendrán que aceptar recortes considerables de las prestaciones; los conservadores, subidas tributarias.

Conscientes de esta lógica, los líderes de América han apartado la vista y mordido sus lenguas. El Presidente Obama prolonga esta evasión vergonzosa. Su Obamacare agravó en la práctica las cosas al elevar el gasto menos controlable. La acogida inicial del Bowles-Simpson ha sido tibia como era de esperar. Pero incluso si supera el Congreso, será solamente un primer paso.