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Sergio Brosa

País de pícaros

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Badia del Vallés es un pequeño municipio de 14.000 habitantes, a 15 kilómetros de Barcelona que surgió de la nada en los años 60 por un proyecto del entonces Ministerio de la Vivienda que encargó al Instituto Nacional de la Vivienda la construcción de 12.000 pisos de protección oficial, en un terreno perteneciente por partes a los municipios de Sabadell, Barberà del Vallés y Cerdanyola del Vallés que se constituyeron en mancomunidad para la administración de lo que se llamó Ciudad Badia. Las viviendas se empezaron a ocupar en 1975, a partir de su inauguración por el entonces Príncipe de España, hoy rey Juan Carlos.

La construcción de la autopista de Barcelona a Sabadell y Terrassa, prolongada posteriormente hasta Manresa, dio por concluida el área de Ciudad Badia que queda delimitada por la misma autopista, la autopista AP-7 Valencia-La Junquera y la carretera N-150.

En abril de 1994 se constituyó el Municipio de Badia del Vallés
En El País.com del pasado día 16 del corriente mes, aparece una entrevista de Ivanna Vallespín a Eva Menor, actual alcaldesa (PSC) de Badia del Vallés, en la que esta joven abogada de 36 años, nacida en Madrid, expone sin ambages el fraude inmobiliario masivo que sufren sus convecinos, por razón de que en los últimos años ha habido un movimiento especulativo de compraventa de pisos, al parecer ilegal por cuanto los precios de las transacciones no han estado controlados por la empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ADIGSA, cual es su cometido.

Afirma Eva Menor en la entrevista que “Era un tema [el fraude] conocido en el municipio. …/… El Ayuntamiento y yo personalmente, ya habíamos informado a ADIGSA de lo que pasaba, al menos desde hace 10 años.”

ADIGSA pertenece a la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, de la Generalitat. La Secretaria de Vivienda, Carme Trilla, afirmaba dos días después en El País: "En la época del boom inmobiliario, operaciones de compraventa de viviendas sociales por el precio que no figuraba en la escritura eran un fenómeno común en Cataluña, no solo en Badia."

La desfachatez con la que algunos cargos públicos asumen sin rubor su falta de rigor en aspectos de su competencia deja perplejos a los administrados que no dejan de pagar sus impuestos. Y más cuando se trata de socialistas cuyo afán es el control de las pulsiones liberales de los ciudadanos.

Este ha sido un país de pícaros ampliamente descritos en la literatura clásica española, pero supuestamente, puestos bajo control por la autoridad competente. Pero hoy esa autoridad se declara incompetente, auspiciada por una malentendida aversión a la restricción de los abusos que siempre les suena a represión y dictadura. ¿Pero en qué país vivimos, en el de los pícaros consentidos o en el de los políticos ineptos? Así que entre la dejadez y la tolerancia se llega a la permisividad. Y eso sí es antisocial.

Pero la dejadez en el control debido y más en un asunto tan delicado como la compraventa de viviendas de protección oficial, denota la ausencia de la profesionalidad requerida a los administradores públicos. Porque el problema principal es que la cúspide de la administración está siempre copada por políticos generalmente desconocedores de los procesos administrativos, cuando lo adecuado es que sean los técnicos de la administración civil del estado los que desarrollen las políticas establecidas en las decisiones estratégicas de los políticos. Y no únicamente eso; los técnicos deben además instruir a los políticos que toman decisiones estratégicas en la bondad o factibilidad de determinadas decisiones antes de que sean tomadas por los órganos legislativos correspondientes, evitando así, entre otros deterioros, el ridículo público, como la medida de circular a 80 Km/h en los alrededores de Barcelona para evitar la contaminación. Cuando además, los medidores de contaminación se hallan muy alejados de las vías de acceso a la ciudad y los datos que ofrecen están emborrachados con todo tipo de emisiones.

De todo ello se desprende que la crisis no ha sido únicamente propiciada por las entidades de crédito, aunque han sido un colaborador necesario. El coadyuvante del enriquecimiento espontáneo, porque la vivienda alcanzó precios incomprensibles y ajenos a cualquier lógica, propició que los tenedores de pisos de protección oficial los vendieran a precios no sólo desmedidos sino ilícitos también, a los nuevos moradores, en su mayoría inmigrantes en el caso de Badía del Vallés que ahora, en plena crisis económica, se encuentran con que no pueden atender aquellas generosas hipotecas que en su día las cajas de ahorro y bancos tan graciosamente concedían y los notarios automáticamente autorizaban en voluminosas escrituras, sin reparar en el doble fraude de la transacción: la venta a precio especulativo e ilegal y el fraude fiscal mediante la ocultación del precio real percibido por el vendedor.

Y el desatino se perpetua cuando el banco hipotecario de turno acepta una revalorización de la vivienda cuyo hipotecado no puede pagar, para admitirla en dación, que su valor contable cubra la pérdida por la operación fallida sin haber de provisionarla, y se alquile a continuación al mismo propietario. Y aquí paz y después gloria.

Ante el estupor general de la ciudadanía, las autoridades político-administrativas se echan ahora las culpas unas a otras ante la vergüenza ajena de los atentos ciudadanos que no pueden dar crédito a tanto despropósito.

Pero como dice la consejera de vivienda de la Generalitat, eso de la especulación con la vivienda de protección oficial es algo común en todas partes, en la obtusa creencia que la democratización y generalización del fraude le quita responsabilidad.

Muchos de los que ahora padecen seriamente la crisis económica, también navegaron en la abundancia producto de la especulación tolerada por tanta autoridad sin autoridad.

País de pícaros

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 22 de noviembre de 2010, 08:27 h (CET)
Badia del Vallés es un pequeño municipio de 14.000 habitantes, a 15 kilómetros de Barcelona que surgió de la nada en los años 60 por un proyecto del entonces Ministerio de la Vivienda que encargó al Instituto Nacional de la Vivienda la construcción de 12.000 pisos de protección oficial, en un terreno perteneciente por partes a los municipios de Sabadell, Barberà del Vallés y Cerdanyola del Vallés que se constituyeron en mancomunidad para la administración de lo que se llamó Ciudad Badia. Las viviendas se empezaron a ocupar en 1975, a partir de su inauguración por el entonces Príncipe de España, hoy rey Juan Carlos.

La construcción de la autopista de Barcelona a Sabadell y Terrassa, prolongada posteriormente hasta Manresa, dio por concluida el área de Ciudad Badia que queda delimitada por la misma autopista, la autopista AP-7 Valencia-La Junquera y la carretera N-150.

En abril de 1994 se constituyó el Municipio de Badia del Vallés
En El País.com del pasado día 16 del corriente mes, aparece una entrevista de Ivanna Vallespín a Eva Menor, actual alcaldesa (PSC) de Badia del Vallés, en la que esta joven abogada de 36 años, nacida en Madrid, expone sin ambages el fraude inmobiliario masivo que sufren sus convecinos, por razón de que en los últimos años ha habido un movimiento especulativo de compraventa de pisos, al parecer ilegal por cuanto los precios de las transacciones no han estado controlados por la empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ADIGSA, cual es su cometido.

Afirma Eva Menor en la entrevista que “Era un tema [el fraude] conocido en el municipio. …/… El Ayuntamiento y yo personalmente, ya habíamos informado a ADIGSA de lo que pasaba, al menos desde hace 10 años.”

ADIGSA pertenece a la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, de la Generalitat. La Secretaria de Vivienda, Carme Trilla, afirmaba dos días después en El País: "En la época del boom inmobiliario, operaciones de compraventa de viviendas sociales por el precio que no figuraba en la escritura eran un fenómeno común en Cataluña, no solo en Badia."

La desfachatez con la que algunos cargos públicos asumen sin rubor su falta de rigor en aspectos de su competencia deja perplejos a los administrados que no dejan de pagar sus impuestos. Y más cuando se trata de socialistas cuyo afán es el control de las pulsiones liberales de los ciudadanos.

Este ha sido un país de pícaros ampliamente descritos en la literatura clásica española, pero supuestamente, puestos bajo control por la autoridad competente. Pero hoy esa autoridad se declara incompetente, auspiciada por una malentendida aversión a la restricción de los abusos que siempre les suena a represión y dictadura. ¿Pero en qué país vivimos, en el de los pícaros consentidos o en el de los políticos ineptos? Así que entre la dejadez y la tolerancia se llega a la permisividad. Y eso sí es antisocial.

Pero la dejadez en el control debido y más en un asunto tan delicado como la compraventa de viviendas de protección oficial, denota la ausencia de la profesionalidad requerida a los administradores públicos. Porque el problema principal es que la cúspide de la administración está siempre copada por políticos generalmente desconocedores de los procesos administrativos, cuando lo adecuado es que sean los técnicos de la administración civil del estado los que desarrollen las políticas establecidas en las decisiones estratégicas de los políticos. Y no únicamente eso; los técnicos deben además instruir a los políticos que toman decisiones estratégicas en la bondad o factibilidad de determinadas decisiones antes de que sean tomadas por los órganos legislativos correspondientes, evitando así, entre otros deterioros, el ridículo público, como la medida de circular a 80 Km/h en los alrededores de Barcelona para evitar la contaminación. Cuando además, los medidores de contaminación se hallan muy alejados de las vías de acceso a la ciudad y los datos que ofrecen están emborrachados con todo tipo de emisiones.

De todo ello se desprende que la crisis no ha sido únicamente propiciada por las entidades de crédito, aunque han sido un colaborador necesario. El coadyuvante del enriquecimiento espontáneo, porque la vivienda alcanzó precios incomprensibles y ajenos a cualquier lógica, propició que los tenedores de pisos de protección oficial los vendieran a precios no sólo desmedidos sino ilícitos también, a los nuevos moradores, en su mayoría inmigrantes en el caso de Badía del Vallés que ahora, en plena crisis económica, se encuentran con que no pueden atender aquellas generosas hipotecas que en su día las cajas de ahorro y bancos tan graciosamente concedían y los notarios automáticamente autorizaban en voluminosas escrituras, sin reparar en el doble fraude de la transacción: la venta a precio especulativo e ilegal y el fraude fiscal mediante la ocultación del precio real percibido por el vendedor.

Y el desatino se perpetua cuando el banco hipotecario de turno acepta una revalorización de la vivienda cuyo hipotecado no puede pagar, para admitirla en dación, que su valor contable cubra la pérdida por la operación fallida sin haber de provisionarla, y se alquile a continuación al mismo propietario. Y aquí paz y después gloria.

Ante el estupor general de la ciudadanía, las autoridades político-administrativas se echan ahora las culpas unas a otras ante la vergüenza ajena de los atentos ciudadanos que no pueden dar crédito a tanto despropósito.

Pero como dice la consejera de vivienda de la Generalitat, eso de la especulación con la vivienda de protección oficial es algo común en todas partes, en la obtusa creencia que la democratización y generalización del fraude le quita responsabilidad.

Muchos de los que ahora padecen seriamente la crisis económica, también navegaron en la abundancia producto de la especulación tolerada por tanta autoridad sin autoridad.

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