Las denuncias de los activistas españoles, Isabel Terraza y Antonio Vázquez, escondidos en El Aaiun para salvar la vida, no dejan margen de duda: Marruecos está cometiendo un genocidio entre la población de la antigua provincia española de Saguia el Hamra, cuya capital es El Aaiun. La ocupación de Saguia el Hamra por parte de Marruecos es ilegal y la violencia que está ejerciendo sobre su población, criminal. Lo única razón que mantiene a la comunidad internacional ajena a los acontecimientos es el interés económico de Francia y Estados Unidos que les liga a Marruecos.

El Gobierno de España está obligado legal y moralmente a actuar en defensa del pueblo saharaui. Evidentemente, no se trata de desplazar un contingente militar a la zona, pero sí de denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Gobierno de Marruecos y exigir el inmediato cese de las hostilidades, así como la inmediata convocatoria del referéndum para la autodeterminación del Sahara Occidental con el censo que determine el Frente Polisario. La dejación de estas responsabilidades convertiría al Gobierno de España en cómplice de un crimen de lesa humanidad; crimen por el que ya debe ser reclamado el sultán de Marruecos por la Corte Internacional de Justicia.