Para sanear nuestra democracia habría que realizar ímprobas reformas, de una magnitud tal que difícilmente se podrían llevar a cabo en el tiempo que nos queda por vivir. La democracia exige, en primer lugar, un profundo cambio de conciencia política. Deberíamos partir de esta premisa fundamental: el ejercicio de la política ha de basarse en la participación desinteresada de los ciudadanos; solamente los cargos de máxima responsabilidad han de estar retribuídos por exigir una dedicación exclusiva, y la retribución ha de estar en consonancia con el sueldo que la persona que accede al cargo tenía asignado en su anterior actividad profesional, por lo que habría que fijar un tope salarial para poder ocupar estos cargos.

Diputados, concejales y consejeros no deberían percibir ningún tipo de retribución, tan solo las dietas que cubran los gastos derivados de sus tareas; dietas que se deberían justificar con absoluto rigor. La financiación de los partidos políticos ha de correr a cargo exclusivamente de los afiliados, siendo las cuotas de afilicación reguladas por ley.

La ley electoral ha de reformarse para que a todos los ciudadanos nos asista el derecho a ser representados. Las adjudicaciones de obra o servicio público han de estar gestionadas por organismos anónimos, inaccesibles para las empresas litigantes. Los salarios de los trabajadores se deberán abonar por adelantado, al contrario de lo que se viene haciendo hasta ahora, y el impago de una nómina debería conllevar el inmediato traspaso de la propiedad de la empresa a los empleados acreedores. Bueno, solamente con estas medidas podríamos empezar a arreglar el país, pero me temo que no están en la agenda de nadie.