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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La importancia de las comunidades seguras

Edward Schumacher-Matos
Edward Schumacher-Matos
viernes, 29 de octubre de 2010, 22:00 h (CET)
BOSTON -- Si usted defiende la inmigración, tiene que plantearse este interrogante: ¿Qué tipo de sistema de orden público querría si empezáramos de cero y no hubiera ningún inmigrante en situación irregular en el país?

¿Sería razonable deportar a cualquiera nuevo que llegara al país y permaneciera de forma irregular? Si es así, ¿sería razonable esperar que las fuerzas del orden pudieran comprobar con facilidad y justicia el permiso de la estancia de alguien en el país?

¿Qué pasa con alguien que es detenido?

Yo creo que la mayoría de los estadounidenses -- como los ciudadanos de otros países -- encontrarán razonables tales medidas del orden. Yo sí.

Pero plantean un dilema a los activistas inmigrantes, y puede verse en su nivel más elemental en su oposición a un programa llamado Comunidades Seguras.

Ensayado en Boston, e implantado por primera vez en Houston hace dos años, el Comunidades Seguras obliga a que las cárceles federales, estatales y locales comprueben los antecedentes de todos los que fichan -- al margen de color, delito o idioma -- en las bases de datos del FBI y la base nacional de inmigración. Más de 660 jurisdicciones de 32 estados participan ya en el programa, y la administración Obama está presionando para que sea implantado en las 3.100 cárceles estatales y locales del país antes de 2013.

Algunas comunidades como el Distrito de Columbia, Arlington, Va. o Santa Clara, California han tratado de no participar pero están descubriendo que no pueden. La comprobación del permiso de residencia es automática en cuanto un municipio coteja información con las bases de datos de huellas dactilares federales y estatales.

Los activistas y algunos columnistas están furiosos, acusando a la administración de ceder a la intimidación de los nativistas y los restriccionistas de la inmigración. La prioridad del programa es encontrar inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes. Pero los críticos aducen que el Comunidades Seguras conduce al fichado discriminatorio de todos los hispanos y los estadounidenses de origen asiático, africano o caribeño. También dicen que socava la vital relación policial entre las minorías inmigrantes, obstaculizando la capacidad policial de combatir la delincuencia violenta.

Son inquietudes válidas. Pero no bastan para detener el Comunidades Seguras. La comprobación universal de los antecedentes de todos los detenidos excluye el fichado dentro de las cárceles, al tiempo que el vínculo presunto desde la cárcel a las acciones de la policía en la calle y las relaciones con las minorías es tenue.

La ley de inmigración de Arizona fue demasiado lejos al obligar a la policía local a pedir la documentación a aquellos de los que se tuviera "duda razonable" de estar ilegalmente en el país.

Pero un motivo de que la mayoría de los estadounidenses, en las encuestas, diga apoyar la ley de Arizona es que el principio de implicación de las fuerzas locales del orden no es erróneo; muchos países europeos lo practican. En algún momento, tenemos que confiar en nuestra policía.

Además, existen muchos mecanismos de control de los abusos y las detenciones discriminatorias más, incluyendo demandas como la presentada esta semana contra el departamento de policía de New Haven, Conn., por centrarse en los latinos.

¿Cuál es entonces el papel preciso de intervención de las fuerzas locales del orden? Los colectivos de izquierdas y los libertarios de derechas dicen que casi ninguno. Se marginan solos. Pero colectivos pro-inmigrante más centristas e influyentes como el Foro Nacional de Inmigración, aunque partidarios en principio de la implantación de la ley, tensan su credibilidad al hacer hincapié en sus críticas hasta al programa Comunidades Seguras. Es como si ninguna medida de orden fuera de su gusto.

Pero he aquí el dilema. La Secretario de Interior Janet Napolitano anunciaba a principios de este mes que una cifra récord de más de 390.000 inmigrantes en situación irregular fueron deportados durante este ejercicio fiscal, pero alrededor de la mitad no eran delincuentes. Como la mayoría de los alrededor de 11 millones de inmigrantes irregulares en el país, respetaban la ley y ya formaban parte del tejido social estadounidense. Los grupos de activismo político -- al igual que la administración y la mayoría de los estadounidenses, según las encuestas -- quieren regularizar su situación. El Comunidades Seguras ha sido clave a la hora de contribuir a las deportaciones, dado que barre a personas detenidas por infracciones de tráfico u otros delitos menores.

Los nativistas y los restriccionistas vienen manipulando a la administración Obama y a la mayoría de los estadounidenses exigiendo medidas de orden duras pero negándose a negociar la regularización y la vigencia del programa de empleo temporal que haría funcionar con éxito las medidas enérgicas y nos devolvería a la casilla de salida.

La amnistía de 1986 fracasó precisamente porque no se estableció un programa de trabajo temporal ni medidas eficaces del orden. Los inmigrantes irregulares de hoy entraron bajo el programa oficioso de trabajo temporal abandonado en vigor -- cruzando la frontera de forma ilegal con destino a cualquier empleo al que pudieran acogerse.

A la administración no le queda otra elección que obligar a cumplir la ley, aunque puede y viene mostrando cierta clemencia aplazando algunas deportaciones. Pero los colectivos activistas deben de ocupar la primera línea del argumento de las medidas, no tratar de obstaculizarlas. Los estadounidenses no van a aceptar cualquier reforma de la inmigración que no esté diseñada claramente para impedir el paso a toda inmigración ilegal futura.

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