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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Internacional

Es que todos los hacen

Ruth Marcus
Ruth Marcus
jueves, 21 de octubre de 2010, 06:41 h (CET)
WASHINGTON -- A medida que se aproximaban las elecciones, grupos independientes encabezados por algunos de los agentes políticos más astutos del partido inyectaron millones de dólares en comicios clave. Recién registrados y con nombres de aspecto inocuo, contrataron anuncios brillantes de ataque. Los secretarios del partido al otro extremo se rasgaron las vestiduras, denunciando "el total colapso del reglamento federal de financiación de campañas".

¿Le suena familiar?

Corría el año 2004. Los colectivos independientes estaban organizados por estrategas Demócratas tales como Harold Ickes o Ellen Malcolm; estaban financiados por los sindicatos y los donantes ricos que extienden cheques de siete ceros. Al final, casi tres años después, los colectivos accedieron a pagar multas por un valor total de 1,3 millones de dólares -- para cerrar por arbitraje las acusaciones de que se habían pulido de forma ilegal más de 150 millones de dólares para influenciar el resultado de las elecciones.

De manera que ya me perdonará si me tomo las actuales denuncias de escándalo Demócratas con una sana dosis de cinismo.

No es que el gasto vinculado a los Republicanos no sea un escándalo. En realidad es peor que la avalancha de dinero exterior de los Demócratas en 2004, porque gran parte de ello se está llevando a cabo bajo un disfraz de hermetismo.

Pero no seamos ingenuos tampoco. Al contrario que la mayoría de los Republicanos, los Demócratas llevan mucho tiempo siendo partidarios de la reforma de financiación de campañas; por lo cual merecen un enorme reconocimiento. Pero el dinero de campaña aparece allí donde se trincha el pavo. Durante décadas, los dos partidos y sus aliados han mostrado una práctica disposición a explotar y dar de sí al máximo las leyes de financiación de campañas. Esperar otra cosa es esperar que los leones no sean carnívoros en cuanto se presenta la oportunidad. La ética -- las manifestaciones de escándalo ético -- dependen por completo de que se esté en el gobierno o en la oposición.

Los Demócratas no juegan estas elecciones a los colectivos independientes -- pero sería embarazoso jugar mientras se critica a los Republicanos. Siendo candidato presidencial en el año 2008, Barack Obama desalentaba la creación de colectivos independientes -- pero su irresistible fuerza recaudatoria significaba que no le hacían falta.

Los verdaderos malos del presente caos son las leyes fiscales que dan demasiado margen al secretismo y el dinero político sin límites, y un régimen reglamentario que demostró ser incapaz de cortar el flujo de fondos.

En el año 2004, los colectivos Demócratas hicieron públicos los nombres de sus donantes -- no porque sean más sinceros, sino porque la ley les obligaba. Los Demócratas eligieron montar grupos fachada conocidos como los 527 -- comités políticos que deben declarar recibos de gastos y facturas a la agencia tributaria.

Los colectivos vinculados a los Republicanos están operando bajo secciones distintas del reglamento fiscal que no imponen esa transparencia por ley. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, por ejemplo, es una asociación de índole comercial, de las conocidas como 501(c)(6). Crossroads GPS, el colectivo con el respaldo de Karl Rove y Ed Gillespie, es un grupo activista sin ánimo de lucro, de los conocidos como 501(c)(4).

¿Están forzando al límite lo que tolera la ley? Especialmente en el caso de los colectivos sin ánimo de lucro, yo diría que sí. Lo vamos a saber -- con el tiempo. El Campaign Legal Center and Democracy 21, el grupo de colectivos reformistas que presentaron las denuncias en 2004 contra los colectivos independientes de los Demócratas, han solicitado a Hacienda que abra una investigación de Crossroads GPS.

Según el código fiscal federal, los colectivos 501(c)(4) y 501(c)(6) no pueden "tomar parte como actividad principal" en actividades constitutivas de "participación o intervención en campañas políticas". Según la ley electoral federal, los comités políticos -- aquellos colectivos cuya "finalidad relevante" consiste en influenciar el resultado de las elecciones, y que contratan anuncios que sólo cabe interpretar como activismo en favor de la elección o la derrota de un candidato federal -- tienen que cumplir con la declaración fiscal.

La agencia tributaria no ha vigilado de forma eficaz los porosos límites. Marcus Owens, al frente de la inspección del fisco que supervisaba las organizaciones sin ánimo de lucro, señala que los colectivos sin ánimo de lucro que acaban de proliferar por doquier ni siquiera van a tener que hacer la declaración hasta enero de 2012. "Es una farsa", declaraba al New York Times.

Mientras tanto, la Comisión Electoral Federal ha demostrado ser institucionalmente incapaz de dar respuesta. En un caso relativo a las actividades políticas sin ánimo de lucro tras otro, la agencia ha quedado empantanada bloqueando los expedientes sus tres inspectores Republicanos.

La solución evidente es no depender de la amabilidad de agentes políticos. Es reforzar el código obligando a los colectivos que toman parte claramente de cuestiones de influencia electoral a indicar de dónde sale su dinero -- como hará la Ley de Declaración Pública a la que ahora se oponen los Republicanos.

Como decía en el año 2000 un veterano legislador, cuando el Congreso endureció el reglamento de las 527, "lo que pretendíamos hacer era ampliar la obligación legal de facilitar una relación de donantes para abarcar al menos a los sindicatos y las asociaciones comerciales exentas de impuestos y los bufetes para incluir a los principales actores políticos de América. ¿Por qué algo de transparencia va a ser mejor que mucha transparencia?"

Eso decía Mitch McConnell, hoy secretario de la oposición en el Senado. Tenía razón por entonces, incluso si ahora discrepa consigo mismo. Como digo, todo depende por completo de estar en el gobierno o en la oposición.

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