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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Jubilaciones anticipadas, ¿desempleo encubierto?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 21 de septiembre de 2010, 06:53 h (CET)
Aunque pueda haber quien piense que esto de los ERE’s ( Expedientes de Regulación de Empleo) es cosa inventada para evitar las consecuencias de la crisis por la que estamos transitando en España, en especial, los sufridos ciudadanos de a pie; les puedo asegurar que es un procedimiento que se está aplicando, desde hace ya muchos años, para aliviar a las empresas con dificultades económicas, de parte de su plantilla cuando, (otro de los procedimientos que se pretende vendernos como una novedad), el antes denominado “despido por circunstancias objetivas” (también con una indemnización a los afectados de 20 días de salario por año de servicio); estaba ya contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, aunque, en la práctica – como va a continuar ocurriendo con el que se presenta como novedad en la nueva “reforma laboral”, si no hay acuerdo con los trabajadores ( lo que suele ser habitual con unos sindicatos de planteamientos propios del siglo XIX) se ha de acabar por acudir a los tribunales de lo social, para que dictaminen sobre la cuestión – venía a ser una “misión imposible”, debido a la tendencia de las antiguas Magistraturas de Trabajo de fallar siempre a favor de los trabajadores en cuestiones de esta índole. Como, en mis tiempos de actividad profesional, tuve ocasión de tramitar varios de estos expedientes, tengo algunos conocimientos al respecto, por ejemplo, lo habitual era, como condición sine qua non, conseguir un acuerdo con la representación sindical en la empresa; algo que siempre suponía diversas cesiones por parte del empresario, sin las cuales era impensable que la propuesta llegara a buen puerto. En general se escogían las personas de mayor edad entre los trabajadores de la empresa (lo que no siempre era una buena idea, porque solían ser los más capacitados y experimentados), partiendo de los que tenían una edad superior a los 58 años.

Con la conformidad de los Comités de Empresa se tenía ganado el 90% de posibilidades de que el expediente fuera aceptado por las Delegaciones de Trabajo, que eran las que deberían decidir sobre su procedencia o improcedencia. El trámite era sencillo: primero se pasaba al personal afectado ( que por su antigüedad en la empresa tenían derecho al disfrute de dos años de desempleo) a la situación de desempleado, mediante un expediente en el que incluía una Memoria en la que se argumentaba la situación en la que se encontraba la empresa que la obligaba a acudir a una medida tan extrema; se acompañaban los Balances de los tres últimos años, en los que se demostraba un claro deterioro de la sociedad y se acompañaba una lista de los afectados con sus cotizaciones a la seguridad social. Si se había acordado un tipo de indemnización complementaria, a cargo de la Empresa, se acompañaba el Acta de la reunión con el Comité de empresa en la que constaba el acuerdo (normalmente consistía en que la empresa complementaba una parte del sueldo real que dejaba de percibir el trabajador, al pasar a cobrar el subsidio de desempleo). A los dos años en situación de desempleo el trabajador podía pasar, directamente, a la situación de jubilado, de acuerdo con la edad que tuviera cumplida. Como la edad mínima para poder jubilarse era la de 60 años, cada año que pasaba a partir de dicho límite, las prestaciones a percibir aumentaban en un 8% sobre la base, hasta alcanzar, a los 65 años, el 100% de la misma.

En aquellos momentos a los que me estoy refiriendo, no existía crisis alguna y la economía de la nación estaba boyante, al menos, para una gran parte de las actividades industriales y, por descontado, para la construcción. Por tanto, los expediente de Regulación de Empleo no eran muchos y solían quedar limitados a empresas cuyo ámbito de producción quedaba muy condicionado a aspectos meteorológicos (salinas, siempre muy dependientes de las épocas de grandes nevadas y aquellas en las que la meteorología era bonancible lo que, curiosamente, significaba menos pedidos de sal para extender por las carreteras nevadas); las fábricas de botellas de vidrio cuando se produjo el boom de los envases de plástico etc. Es evidente que, en tales circunstancias, las dotaciones de que disponía el Ministerio de Trabajo para atender a las demandas de subvenciones procedentes de los ERE, nunca se agotaban y siempre existían sobrantes para cualquier petición imprevista que se tramitara.

Sin embargo, a nadie se le puede ocultar que todos los trabajadores que se incorporaban al desempleo los dos años o aquellos que, por su edad, podían jubilarse anticipadamente, sin pasar por el desempleo; constituían una anormalidad por lo que se refiere al sistema de pensiones establecido en la Seguridad Social, por el cual se calculaba que la jubilación se produciría a los 65 años y, en función de esta edad, se hacían las previsiones de los nuevos trabajadores que se tenía previsto que se incorporarían al mercado de trabajo para que, con sus cotizaciones, pudieran cubrir las necesidades de la Tesorería para atender a las prestaciones de los jubilados, dentro de un régimen de reparto como es el español. — lo que ocurre es que así como, cuando en otros tiempos no había un paro tan elevado, ni el país estaba en situación de crisis, ni el Estado estaba tan endeudado, ni la industria se encontraba en una situación tan crítica como la actual, ni existían tantos traspasos a las comunidades autónomas, ni estas estaban en tan precaria situación de endeudamiento ni la productividad tenía tanta importancia para poder competir con las empresas de la competencia en el resto del mundo; unos pocos parados más o unos jubilados anticipadamente no afectaban de forma especialmente grave a la maquinaria de la Seguridad Social.

Hoy la situación es otra y todos los componentes que afectan al gasto público, todos los dispendios que le corresponden al Estado y las obligaciones a las que debe atender; se traducen, inmediatamente –debido a una masa de parados, reconocidos, que supera los 4 millones de desocupados; al hecho de que, cada día, desparezcan empresas y comercios y a que otros deben, necesariamente, aligerar sus plantillas para evitar tener que declararse en concurso de acreedores o en quiebra –, debido a la disminución de la recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social, de los impuestos sobre la Renta y el IVA( insuficientes para cubrir el abultado déficit público) – en la ineludible necesidad de aumentar el endeudamiento público mediante la emisión, cada vez más perentoria, de deuda pública que, para más INRI, se ha de pagar con altas primas de seguridad por la falta de confianza de los inversores y por la abismal diferencia que existe con el bono alemán , la deuda que más confianza inspira de toda Europa, pese a que su retribución es muy inferior a la del resto de las deudas europeas. Pero existe una tendencia de nuestro Gobierno de minimizar la cuantía de nuestro paro. El señor ZP lo dejó claro en su declaración sobre la distinción entre parados que cursan cursos de capacitación y los otros, pretendiendo excluir a los primeros de las estadísticas de parados. No obstante, ya vienen eliminando de las estadísticas oficiales a los que cursan cursos de reciclaje; a los que buscan un empleo a tiempo parcial; a los que esperan un primer empleo; a los que buscan un tipo de trabajo determinado y, entre otros, tampoco contabilizan como parados a aquellos jubilados anticipadamente que, vean ustedes la contradicción, son los que vienen lastrando a las pensiones por haberse incorporado a la situación de jubilados mucho antes de lo que estaba previsto que lo hicieran. ¿Hubiera sido necesario congelar las pensiones si sólo estuvieran los que se jubilaron a su tiempo?, ¿es un procedimiento aceptable el continuar jubilando anticipadamente o sería preferible que se hubieran arbitrado otros medios de ayudas a las empresas para evitar esta avalancha de nuevos pensionistas? Evidentemente, lo que ocurre es que siguen ocultando la verdad.

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