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Óscar Arce

Fuera

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El estado actual de la Unión Europea necesita de una definición clara de lo que supone la democracia. El sistema necesita, hoy más que nunca, que sea delimitado el conjunto de la población que configura el demos, ese pueblo que supuestamente atesora el poder.

El gobierno francés, por ejemplo, ha supuesto que determinados sectores procedentes de la inmigración no tienen el derecho de permanecer entre sus fronteras tanto si acatan las exigencias de la república como si no lo hacen.

La inmigración ha evidenciado que la democracia europea no estaba preparada para una llegada de población ávida de hacerse merecedora de sus derechos. De hecho, la afirmación de que no cabemos todos se apoya en la base puramente económica que ha evidenciado la crítica neoliberal al estado social: demasiados beneficios sociales precisan de una entrada considerable de capital a las arcas del Estado.

No creo que la solución neoliberal sea la más beneficiosa para la mayor parte de la población. Restringir la acción del Estado propiciando la acción de la iniciativa privada aboca el servicio social a la vorágine del mercado. Pero es claro que la actual configuración de los servicios sociales no puede extenderse a una población creciente si no crece a un ritmo proporcional los ingresos que la mantienen. En algunos casos parece que no se ha dado esa proporcionalidad, y se ha producido un colapso que no tiene a la inmigración como causa, sino a la gestión de esa inmigración.

Vivir en Europa no es gratis para (casi) nadie, exige unos deberes que no son siempre fáciles de conseguir. Es cierto, no lo dudo, que algunos colectivos (también de inmigrantes) pretenden acceder a beneficios sin atender a los compromisos. Pero tampoco dudo que una gran cantidad de gente no puede cumplir esos requisitos.

La gestión de la inmigración supone el respeto a sus prácticas que no distorsionen los pilares básicos de la configuración democrática de Europa. También supone la exigencia de deberes y los medios para que puedan cumplirse.

Porque al dar la posibilidad de adherirse al carro de los beneficios sociales sin ofrecer una posibilidad real de cumplir de manera adecuada con los deberes que precisan tales beneficios, se impone una tendencia económica negativa que no ha tardado en dar sus frutos.

Una lectura que culpe a la inmigración sin tener en cuenta esto es demasiado simple. Por eso es la solución más llamativa, porque es fácil encontrar en el gitano rumano el chivo expiatorio que nos redima de nuestras faltas.

Fuera

Óscar Arce
Óscar Arce
lunes, 20 de septiembre de 2010, 08:42 h (CET)
El estado actual de la Unión Europea necesita de una definición clara de lo que supone la democracia. El sistema necesita, hoy más que nunca, que sea delimitado el conjunto de la población que configura el demos, ese pueblo que supuestamente atesora el poder.

El gobierno francés, por ejemplo, ha supuesto que determinados sectores procedentes de la inmigración no tienen el derecho de permanecer entre sus fronteras tanto si acatan las exigencias de la república como si no lo hacen.

La inmigración ha evidenciado que la democracia europea no estaba preparada para una llegada de población ávida de hacerse merecedora de sus derechos. De hecho, la afirmación de que no cabemos todos se apoya en la base puramente económica que ha evidenciado la crítica neoliberal al estado social: demasiados beneficios sociales precisan de una entrada considerable de capital a las arcas del Estado.

No creo que la solución neoliberal sea la más beneficiosa para la mayor parte de la población. Restringir la acción del Estado propiciando la acción de la iniciativa privada aboca el servicio social a la vorágine del mercado. Pero es claro que la actual configuración de los servicios sociales no puede extenderse a una población creciente si no crece a un ritmo proporcional los ingresos que la mantienen. En algunos casos parece que no se ha dado esa proporcionalidad, y se ha producido un colapso que no tiene a la inmigración como causa, sino a la gestión de esa inmigración.

Vivir en Europa no es gratis para (casi) nadie, exige unos deberes que no son siempre fáciles de conseguir. Es cierto, no lo dudo, que algunos colectivos (también de inmigrantes) pretenden acceder a beneficios sin atender a los compromisos. Pero tampoco dudo que una gran cantidad de gente no puede cumplir esos requisitos.

La gestión de la inmigración supone el respeto a sus prácticas que no distorsionen los pilares básicos de la configuración democrática de Europa. También supone la exigencia de deberes y los medios para que puedan cumplirse.

Porque al dar la posibilidad de adherirse al carro de los beneficios sociales sin ofrecer una posibilidad real de cumplir de manera adecuada con los deberes que precisan tales beneficios, se impone una tendencia económica negativa que no ha tardado en dar sus frutos.

Una lectura que culpe a la inmigración sin tener en cuenta esto es demasiado simple. Por eso es la solución más llamativa, porque es fácil encontrar en el gitano rumano el chivo expiatorio que nos redima de nuestras faltas.

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