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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

El precio de la Independencia

E. J. Dionne
E. J. Dionne
miércoles, 15 de septiembre de 2010, 08:10 h (CET)
WASHINGTON -- Imagine que sus vecinos empiezan a recibir misivas descubriendo todo tipo de actos horribles que presuntamente usted habría perpetrado. ¿No pensaría que tiene derecho a saber quién está propagando esta mezquindad -- en especial si las acusaciones son falsas?

Ahora imagine que una congresista dice a un lobista de Consolidated Megacorp Inc. que hará todo lo posible por impedir la tramitación de 2.000 millones de dólares adicionales dentro de una partida presupuestaria destinada a adquirir los chismes defectuosos que la empresa fabrica para el gobierno federal. Una semana más tarde, empiezan a aparecer anuncios en televisión emitidos en el distrito electoral de la congresista en los que se la retrata como alguien corrupto, distante y conchabada con lobistas.

Resulta que están pagados por Consolidated Megacorp a través de las donaciones realizadas a un colectivo fachada llamado Estadounidenses por una Administración Limpia. ¿No deben poder saber los electores quién está detrás de los anuncios?

Este relato hipotético no está sacado de la fantasía, gracias al desagradable fallo del Supremo estadounidense dictaminado a principios de este año en el caso de Citizens United. Pero con el Congreso reunido esta semana, hay posibilidades de limitar los daños que ha provocado el tribunal -- si tres Republicanos moderados del Senado están dispuestos a actuar.

En un fallo que fue el más maquiavélico de la historia estadounidense o bien el más inocente, una mayoría simple conservadora rompió con décadas de jurisprudencia y decía que el Congreso no tiene derecho a prohibir el gasto corporativo o sindical destinado a influir en el resultado de las elecciones. El tribunal fallaba que las corporaciones como Consolidated Megacorp deben recibir el mismo trato que "las personas" vivas y coleando.

El veredicto es maquiavélico si los conservadores de la instancia desean de forma consciente devolvernos a la década de los 90 del siglo XIX. O es ingenuo porque los magistrados no consideraron lo que significa en la práctica su fallo.

Los legisladores que auspician la tramitación quieren retomar un anteproyecto del Senado que incorporaría a los electores al juego al obligar a corporaciones y sindicatos a hacer públicos sus gastos políticos, incluso si se lavan a través de terceros formados por colectivos. Los electores de mi asediada representante sabrían quién era el que la pone a caer de un burro.

Un anteproyecto de información pública ya ha superado la Cámara y la versión del Senado, auspiciada por el Senador Charles Schumer, D-N.Y., logró 58 votos, siendo necesarios 60 para su aprobación. La clave de su derrota fueron tres senadores Republicanos - Olympia Snowe y Susan Collins, de Maine, y Scott Brown, de Massachusetts - que dicen apoyar la reforma y la divulgación pública de la información en principio pero que ponen pegas a aspectos concretos del anteproyecto.

Una de sus objeciones, que el proyecto de ley alteraría el terreno de cara a sus legislativas de este año, es ya irrelevante puesto que es demasiado tarde para alterar el reglamento de la campaña que conduce a los comicios de noviembre.

El trío planteó otras reservas, incluyendo supuestos desequilibrios en el trato que reciben corporaciones y sindicatos dentro de la medida legislativa. Pero Schumer ha indicado que está abierto a negociación, y la solución más simple puede ser un proyecto de información pública limpia que se llevaría parte de las medidas que no son del gusto de los tres Republicanos.

Esto, sin embargo, supone que los tres presuntos reformistas Republicanos están dispuestos a depositar su voto donde indican sus declaraciones, frente a la enorme presión de alinearse con las Consolidated Megacorps del mundo.

Si el secretario Republicano en el Senado Mitch McConnell tiene alguna causa prioritaria, es el principio de que el dinero debería circular con total libertad por nuestro sistema político. Si los integrantes del trío votan a favor de la medida de información, enfurecerán a McConnell. Pero si se alinean con McConnell, estarán renunciando a sus credenciales reformistas.

La cuestión es especialmente delicada en el caso de las senadoras de Maine, con precedentes de simpatía por la reforma de la financiación de las campañas. A principios de este año, el favorito del movimiento de protesta fiscal Paul LePage se hizo con las primarias Republicanas a la gobernación en Maine derrotando a un amplio abanico de rivales que incluían al ex jefe de gabinete de Collins.

Como Republicanas moderadas, Snowe y Collins estarán sin duda vigilando sus espaldas, temerosas de ser las siguientes tras los Senadores Lisa Murkowski y Bob Bennett. Esto ayuda a explicar el motivo de que se esfumaran durante las negociaciones del proyecto de reforma sanitaria.

Pero corregir el fallo del caso Citizens United no es una cuestión ideológica, aunque hay quien la plantea de esa forma. Los conservadores fiscales deberían estar igual de preocupados que todo el mundo porque las corporaciones utilicen sus recién descubiertas competencias para sacar a la administración incentivos especiales. Hasta los conservadores contrarios a la reforma de la campaña en el pasado siempre han insistido en que son partidarios de dar a conocer las donaciones de campaña. La divulgación pública de la información es ahora más importante que nunca.

Snowe, Collins y Brown se han forjado sus carreras a base de predicar su independencia a los cuatro vientos. Pero esa afirmación hay que demostrarla. Esta es la cuestión que figura en su pagaré.

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