BOSTON -- En 1909, en el apogeo de la última gran oleada de la inmigración, cuando la población inmigrante alcanzó un máximo de casi el 15% de la población estadounidense, suponían alrededor de la mitad de todos los receptores de ayudas sociales.

Representaban los dos tercios en Chicago.

En las 30 mayores ciudades del país, mientras tanto, más de la mitad de
todos los estudiantes de centros públicos eran hijos de inmigrantes. En
Nueva York eran las tres cuartas partes.

Esta historia se olvida en medio del rabioso debate por el coste al
contribuyente de los inmigrantes irregulares y sus hijos hoy. Mi columna
reciente acerca de que los inmigrantes en situación irregular estaban
realizando aportaciones a la seguridad social inesperadamente grandes, por
ejemplo, condujo a denuncias de que estaba engañando al no examinar el
cálculo fiscal integral.
La verdad es que los inmigrantes irregulares son probablemente una carga
neta al contribuyente a corto plazo, pero solamente si usted considera un
coste la educación y no una inversión en el futuro de la nación, como se
consideraba hace un siglo.
En comparación con los estadounidenses oriundos, además, los que residen
en situación irregular reciben mucho menos en términos de ayudas sociales
y demás prestaciones públicas, lo que les convierte en una encarnación
mucho más cercana a la mítica imagen del inmigrante que viene en busca de
oportunidades y no de un cheque de la seguridad social que muchos de
nuestros ancestros.
Cualquier examen fiscal tiene además que situarse en el contexto de la
aportación económica total. Los economistas convienen de forma mayoritaria
en que los irregulares contribuyen al crecimiento económico de la nación
-- y por tanto a la renta de la mayoría de los estadounidenses, aunque los
salarios de los peones sufren.
Nada de esto equivale a decir que debemos tolerar la inmigración ilegal.
Como apuntó en una ocasión Milton Friedman, no se pueden tener fronteras
abiertas y esperar mantener generosas prestaciones públicas a la
ciudadanía.
Afortunadamente, el flujo de inmigrantes ilegales nuevos está amainando,
debido en parte a la recesión pero también a las medidas enormemente
mejoradas en la frontera. El Pew Hispanic Center informa que la cifra
media anual estimada de intrusos fronterizos entre marzo de 2007 y marzo
de 2009 fue la tercera parte de la registrada entre el año 2000 y 2005.

Lo que sugiere todo esto es que la indignación de la opinión pública a
cuenta de los irregulares residentes ya aquí no tiene tanto que ver con la
historia y la economía como con lo que el experto en filosofía política de
Harvard Michael Sandel dice es el "escándalo" especial que la ciudadanía
siente cuando cree que hay gente recibiendo algo que no merece.

"¿Qué parte de ilegal no se entiende?" reza el grito moral. Pero ello
ignora un valor moral rival. Hasta hace poco, la inmigración ilegal era
alentada por empresarios estadounidenses y aceptada de forma tácita por la
administración como programa de mano de obra temporal necesaria en lugar
de un programa legal que no existía. Sigue sin existir.

Usted preguntará: ¿Donde está el equilibrio fiscal de todas formas? Nadie
lo sabe. El grueso del impacto se da a nivel estatal y local,
particularmente por la educación, y no se ha realizado ningún estudio
concluyente. Los servicios y la metodología seguida en los pocos estudios
estatales que existen varían ampliamente. Sólo tenemos estimaciones,
realizadas en su mayor parte por partidistas que imponen valores a la hora
de contabilizar a los hijos, calcular el coste de las medidas de orden
público y similares.
El estudio más exhaustivo sigue siendo el realizado por el Consejo de
Investigación Nacional en 1997. Mide los costes federales, estatales y
locales y las aportaciones a lo largo de la vida de un inmigrante en
dólares ajustados a la inflación de 1996. Los hijos se incluyen.

El estudio concluye que un estudiante inmigrante de instituto con fracaso
escolar -- lo que caracteriza a casi la mitad de los irregulares de hoy --
recibió 89.000 dólares en servicios más de los que pagó en impuestos
durante su vida. Pero un inmigrante con algo de formación superior por lo
menos -- la cuarta parte de los inmigrantes en situación irregular en la
actualidad -- aportaba 105.000 dólares más de los que percibía. En el caso
de los graduados de la educación intermedia que restan, los que llegaron
durante su adolescencia o antes resultaban ligeramente más rentables para
la administración, al tiempo que los hijos de aquellos que llegaron más
tarde compensaban el pequeño déficit de sus padres.

Los órdenes de magnitud son más importantes que las cifras precisas. Un
duro reglamento federal aprobado en 1996 ha limitado desde entonces casi
todas las prestaciones a los inmigrantes en situación irregular. Hasta el
Centro de Estudios de la Inmigración, que defiende la expulsión de todos
los inmigrantes en situación irregular, reconocía que el hogar en
situación irregular medio en el año 2002 recibía un 46% menos entero en
prestaciones federales que uno estadounidense. Pero esto es probable que
desaparezca con la regularización.
De manera que el principal interrogante puede ser: ¿Lo merecen? Eche un
vistazo a los descendientes europeos cuyos ancestros dependían de la
nómina del estado y saturaban los centros escolares hace un siglo. Juzgue
usted mismo.