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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Los vascos abren la espita

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 10 de septiembre de 2010, 09:42 h (CET)
El 6 de Abril de 1.965 el Pleno del Congreso de Diputados ratificó el texto aprobado por la Comisión de Presupuestos, sobre la base del informe emitido por la Ponencia constituida en su seno, encargada del análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberían acometerse, conocido como el Pacto de Toledo. Han pasado años aunque podríamos decir que, la delicada situación que impulsó al gobierno de entonces a poner en marcha una Comisión de Seguimiento para que fuera manteniendo el control de las reformas que se debían hacer con el fin de ir transformando, paulatinamente, un sistema de pensiones insostenible, estrictamente de reparto, en un sistema mixto, con el fin de llegar a un sistema contributivo. Este pacto, de indudable trascendencia, que fue concertado por los principales partidos políticos, en unos momentos en los que diversas circunstancias, como el envejecimiento de la población; la crisis económica; la utilización, por las empresas, del sistema de jubilación anticipada, para aliviarse del exceso de personal y el fraude existente en las cotizaciones, unidos al paro estructural agrario, ponían en peligro el pago futuro de las pensiones de mantenerse, sin cambios, el sistema de reparto.

Sin embargo, para el señor ZP y su Ejecutivo, no parece que esta Comisión de Seguimiento, creada ad hoc por el Pacto de Toledo, para reunirse en circunstancias difíciles – no se olvide que estaba encargado de vigilar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; la constitución de reservas; el reforzamiento del sistema de solidaridad; la edad de jubilación y la equidad y contributividad del sistema, entre otros cometidos no menos importantes – siga manteniendo, en la actualidad, en circunstancias de crisis más profundas y generalizadas que aquella a la que nos hemos referido; las mismas funciones, las mismas atribuciones y el mismo cometido, especialmente de vigilancia de aquellas actuaciones gubernamentales que pudieran comportar una modificación importante en el sistema, a la par que una disminución de las garantías legales de los beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. Por ejemplo, un tema de suma importancia para los pensionistas, relacionado directamente con la función de garantizar el percibo regular de sus correspondientes prestaciones; que se refiere al Fondo de Garantía para el pago de las pensiones, nutrido por los sucesivos superávit en las cuentas de la Seguridad Social; que estaba previsto que estuviera invertido en valores sin riesgo y de acreditada solvencia (hasta hace poco lo ha estado en bonos alemanes y franceses); hete aquí que, a pesar de su importancia, a pesar de corresponder a la Comisión del Pacto de Toledo velar por sus seguridad; el Ejecutivo decidió, agobiado por el endeudamiento al que ha sometido al Estado y engolosinado por la importante cantidad acumulada en dicho fondo, bajo pretexto de conseguir una mayor rentabilidad, no ha dudado en darle otro destino, eso sí, menos fiable; poniendo en venta los bonos seguros, para sustituirlos por Deuda Pública española, ésta misma que tiene que comprarnos el BCE para evitar que caigamos en default. ¿Fue en una reunión urgente del Pacto de Toledo, donde se tomó esta decisión?, ¿fueron consultados, en debida forma, los partidos de la oposición antes de llevar a cabo semejante imprudencia? ¡Por supuesto que no! ZP y sus adláteres decidieron que se hiciera así y así se hizo. Y nos preguntamos ¿qué ocurriría se este negocio falla y la garantía de las pensiones deja de ser tal? Ustedes mismos se pueden responder a esta pregunta, evidentemente, retórica.

Ahora se está dando un paso más, se está rozando la ilegalidad plena y, ya no se trata de que la garantía de las pensiones esté mejor o peor invertida, si no que ahora se pone en cuestión que, el dinero que se recauda para las pensiones contributivas a cargo de un sistema de cotizaciones sociales, deje de estar centralizado en una “caja única”; para que, de allí, , por los cauces adecuados, se le de el destino adecuado para satisfacer las prestaciones a los beneficiarios de todas las autonomías españolas. La perspectiva que se nos ofrece, la que el Gobierno, como está sucediendo con la sentencia emitida por el TC, respecto a la ilegalidad de determinados artículos del Estatuto catalán; –cuando ZP y Montilla se han puesto de acuerdo para buscar, a través de martingalas más o menos legales, vaciarla de contenido para satisfacer a los separatistas catalanes – ya vuelve a poner en práctica, con su habitual oscurantismo, su desprecio por las funciones de la Cámara Baja y su olvido de la misión específica, encomendada a la Comisión del Pacto de Toledo, sobre la materia y su evidente uso y abuso, como es característico del señor Zapatero, de la improvisación, el apaño de última hora y el desprecio por el interés general de la nación; subordinado, como en tantas otras ocasiones, a los intereses partidistas y, casi me atrevería a decir, personales de nuestro Presidente.
Fuere como fuere, ZP precisa urgentemente conseguir apoyos para que los Presupuestos Generales del Estado para el 2011, sean aprobados en el Parlamento de la nación, ya que, en caso contrario, se prorrogarían automáticamente los actuales (evidentemente inadecuados para cubrir las necesidades del cambio de política y la austeridad a la que se ha comprometido ZP ante nuestros “tutores” del resto de Europa y de los mismos EE.UU. del señor Obama). Nadie pone en duda, salvo el mismo ZP, que si los presupuestos que presentará el Gobierno ante las cámaras, para su aprobación, fueren rechazados, la única alternativa que le quedaría al Ejecutivo sería convocar elecciones generales, lo que, en la actual situación y ante el descrédito al que se enfrenta el PSOE, supondría unos resultados escandalosos a favor del partido de la oposición, el PP. Pero, en esta ocasión pintan bastos y los habituales cofrades que le ayudaban a sacar adelante sus problemáticas leyes, no parecen estar por la labor lo que, sin duda, le causa más de un dolor de cabeza a nuestro Presidente. Por lo visto, la única salida se la ofrece el PNV, este “catolicísimo” partido que, cuando hace falta, no duda en coquetear con ETA y cuando puede sacar beneficio y hacerse más fuerte, para conseguir más cesiones del Estado español, tampoco le hacen ascos al chantaje político, el cambalacheo interesado, a la jugarreta y a la misma traición a España; algo que, para ellos, no significa ninguna novedad, si no ir sumando ventajas para su utópica independencia del País Vasco. Ahora piden administrar los dineros de la Seguridad Social, la ruptura de la “caja única”, la desmembración de España, empezando por vaciar de contenido las funciones del Gobierno central; asumiendo ellos lo que, en la práctica, no sería, ni más ni menos, que el autogobierno. Vamos, un anticipo, de lo que buscan: la independencia total.

Claro que, llegados a este punto, estamos ante el ovillo que se deshace y, el señor Durán Lleida, ya ha hablado de que Catalunya no consentirá que a ella se la posponga y que si hay algo que repartir ella quiere su parte, Es fácil darse cuenta de que esto no sería más que la punta del iceberg y que, en no más de unos meses, la gestión económica de la Seguridad Social en lo que respecta al dinero de las prestaciones, formaría parte de todas las comunidades autónomas. En efecto, por este camino, en el mejor de los casos, nos encontraríamos en unos pacos años ante una España federal que, en el caso específico de los españoles, vendría a ser una nueva torre de Babel donde la solidaridad sería un término en desuso y la unidad de la nación sólo un recuerdo de un pasado mejor. Todo al tiempo.

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