BOSTON -- Las aportaciones a la seguridad social de los inmigrantes en situación irregular -- a la pensión de los estadounidenses de a pie, esencialmente -- son mucho más sustanciales que antes, suscitando dudas en torno a los esfuerzos en muchos estados y entre los congresistas Republicanos por deportar a esta mano de obra.

En respuesta a una investigación para un libro que preparo acerca de la economía de la inmigración, Stephen C. Goss, el principal actuario de seguros de la Administración de la Seguridad Social que disfruta de apoyo bipartidista gracias a su honradez, decía que hacia el ejercicio 2007, el fondo de la seguridad social había registrado un beneficio neto entre los 120.000 y los 240.000 millones de dólares -- mas intereses -- de los inmigrantes en situación irregular.

La aportación acumulada a estas alturas será seguramente superior. Los inmigrantes irregulares realizaron una contribución neta de 12.000 millones de dólares sólo en el ejercicio 2007, según Goss. Los intereses generados habrán añadido mucho más.

Las estimaciones anteriores que circulan públicamente y en el Congreso habían situado la aportación alrededor de la mitad de la cifra anual de 2007 de Goss y situado el beneficio acumulado generado en el orden de los 50.000 millones de dólares.

El fondo de la seguridad social se enfrenta a una crisis de solvencia que sería aún más asfixiante si no fuera por estas aportaciones.

"Si por ejemplo no hubiéramos tenido inmigrantes irregulares en el país en el pasado", me decía Goss en un correo electrónico, "entonces estas cifras sugieren que habríamos registrado un déficit persistente de la recaudación para financiar las pensiones desde 2009, o seis años antes de lo estimado en el Informe del Fondo 2010".

Los estadounidenses se enfrentan a la difícil decisión de bajar las pensiones, aplazar la edad de jubilación o subir los impuestos si queremos conservar la solvencia de lo que viene siendo la piedra angular de la ayuda social al estadounidense medio desde la década de los 30.

Los inmigrantes legales también son contribuyentes netos a las pensiones del resto de nosotros porque como colectivo son relativamente jóvenes. Pero el beneficio que recibimos de los inmigrantes en situación irregular conlleva una ironía especial. Los restriccionistas de la inmigración en Arizona, Virginia, Texas y casi todos los estados del país están redactando anteproyectos y ordenanzas locales destinadas a obligarles a marcharse, dificultándoles encontrar puestos de trabajo, alquilar apartamentos, enviar a sus hijos al instituto o conducir.

El Pew Hispanic Center estimaba esta semana que la cifra de inmigrantes sin papeles en el país descendía acusadamente del máximo de 12 millones de marzo de 2007 hasta 11,1 millones en marzo de 2009. El acusado descenso se debe en parte a la recesión, pero también a la atmósfera hostil que hay en el país.

La administración Obama no está ayudando mucho. Barack Obama, igual que George W. Bush antes, es partidario de regularizar a la mayoría de los sin papeles. Pero al endurecer los sistemas de orden público para reducir la futura inmigración irregular, su administración está deportando a un número aún mayor de los que ya están aquí -- hasta alcanzar los 400.000 este año. Pero la administración se ha resistido ofreciendo un proyecto de regularización, en parte a causa de la oposición Republicana.

Sumándose a la ironía de la seguridad social, los restriccionistas son en su mayor parte blancos maduros o jubilados procedentes de familias estadounidenses asentadas. Las mismas personas, en otras palabras, que más se benefician de las pensiones de la seguridad social financiadas por los inmigrantes en situación irregular.

Los actuarios de la seguridad social estiman que las dos terceras partes de la mano de obra en situación irregular, o 5,6 millones de personas, realizaron aportaciones al sistema en el ejercicio 2007. Alrededor de la mitad utilizó un número de la seguridad social registrado con nombre falso o perteneciente a alguien diferente. Del resto, muchos regularizaron su situación al entrar al país con un visado de trabajo temporal. Se quedaron en situación irregular cuando expiraron sus visados.

Alrededor de 180.000 inmigrantes ilegales recibieron alrededor de 1.000 millones de dólares en prestaciones fraudulentas en 2007, según Goss. Estas prestaciones se sustraen de la aportación neta. Pocos de los trabajadores en situación irregular tienen posibilidades de llegar a recibir algo. La única forma en que podrían hacerlo sería regularizándose, y habrían pagado sus impuestos pendientes utilizando sus verdaderos nombres.

El descenso de la inmigración ilegal, con el reglamento laboral más estricto, se traduce en que las aportaciones de los ilegales se reducirán. Pero como observa Goss, se mantienen a causa de que las familias son más grandes, un factor contribuyente neto a la solvencia de la seguridad social. Alguien tendría que dar las gracias.