CARTAGENA, Colombia -- En la lucha contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes en el hemisferio, lo mejor que pueden hacer Barack Obama y el recién investido presidente de Colombia Juan Manuel Santos es romper oficiosamente el convenio militar entre los dos países de un año de vigencia.

Esto podría despertar alguna reacción visceral entre los militaristas. Pero tumbar el acuerdo ayudará a Colombia a granjearse la cooperación tan necesaria de sus vecinos, en especial la de Venezuela y su presidente, Hugo Chávez. Las izquierdistas guerrillas de las FARC utilizan Venezuela como refugio y, junto a otros elementos criminales colombianos, encauzan el tráfico de drogas y armas por allí, Ecuador y Brasil.

El convenio militar, que administra el régimen del uso estadounidense de siete bases militares colombianas, es considerado una amenaza por Chávez - racional o no. Casi declaró la guerra el pasado año con esa excusa, y ha costado a Colombia el apoyo del resto de la región. Todo ello perjudica a nuestros intereses frente a la droga y el terror.

Pero felizmente, tenemos una oportunidad inesperada de hacer borrón y cuenta nueva. Disolver el convenio ha sido motivo de consideración en Bogotá y Washington la semana pasada, después de que el Tribunal Constitucional de Colombia anulara el régimen del acuerdo al fallar que tiene que ser ratificado por la Cámara Alta colombiana.

Santos se enfrenta ahora a la elección de tramitar la ratificación legislativa del acuerdo, renegociar uno menos ambicioso con Estados Unidos, o dejar las cosas como están simplemente. Sus allegados dicen que se inclina por lo último, y debería. Los acuerdos vigentes, firmados algunos en 1939, funcionaban perfectamente.

Escarmentados por la reacción en Latinoamérica durante el último año, los Departamentos de Estado y Defensa no se resistirán a enterrar el nuevo convenio, y hasta podrían celebrar hacerlo.

Como me decía un funcionario del Departamento de Estado: Estamos seguros de que durante el espacio de tiempo sin acuerdo en vigencia, o si no hay ningún acuerdo por cualquier razón, nuestros acuerdos contraídos con anterioridad permitirán continuar nuestra cooperación sólida y eficaz con la administración de Santos en antiterrorismo y estupefacientes".

Chávez, por su parte, está siendo inusualmente diplomático también. En las dos últimas semanas, se ha trasladado a Colombia a reunirse con Santos, restablecido relaciones diplomáticas, creado cinco comisiones bilaterales con Colombia que rápidamente abrieron sesiones para mejorar las relaciones económicas y la colaboración en seguridad, y rehusaba cacarear acerca del fallo judicial, llamándolo una cuestión "interna" colombiana.

Lo más importante, prometía: "No tolero y no toleraré la presencia de la guerrilla en territorio venezolano".

La nueva administración no se hace muchas ilusiones de lo digno de confianza que pueda ser Chávez. Santos, siendo ministro de defensa del Presidente Manuel Uribe, se encaró a menudo públicamente al líder venezolano. La nueva ministra de exteriores colombiana, Maria Ángela Holguín, fue embajadora en Caracas.

Pero Santos, a diferencia del ideológicamente más conservador Uribe, es un pragmático. Santos y Chávez acordaron en privado durante su encuentro discrepar a nivel ideológico. La nueva administración no espera que Chávez procese a las guerrillas, pero estará satisfecha con que deje de apoyarlas activamente.

El nuevo acuerdo militar fue uno de los fallos más faltos de tacto de la política estadounidense en América Latina.

Colombia recibe la mayoría de la ayuda militar estadounidense y formación de tropas regulares al margen de Irak, Afganistán y Oriente Medio. Dentro del "Plan Colombia", el país ha recibido 7.000 millones de dólares en ayuda militar desde 1999, según el Departamento de Estado. El Congreso estadounidense fijó un límite de 800 soldados regulares y 600 contratistas en el país como máximo. Últimamente la cifra se viene situando en torno a los 250 y 130 respectivamente a medida que el Plan Colombia se va desactivando, según manifiesta el funcionario del Departamento de Estado.

El acuerdo fue una idea original de los burócratas del Pentágono y Uribe, que vieron en él la oportunidad de posicionar a Estados Unidos contra la guerrilla y Chávez. A instancias de Colombia se negoció en secreto, un disparate que alimentó la desconfianza.

En Estados Unidos y Latinoamérica -- de la izquierda a la derecha pasando por los medios de referencia -- el convenio se sigue presentando hasta la fecha como creador de "bases norteamericanas" en Colombia o "permiso" estadounidense a las bases, como si se tratara de algo buscado principalmente para fines norteamericanos.

Chávez llamó a las bases "siete puñales" clavados a Venezuela, y se granjeó la simpatía generalizada de América del Sur. Como dijo el ministro de exteriores de Brasil, Celso Amorim,: "Que alguien sea paranoico no significa que no le sigan".