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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Se desmorona el orden constitucional

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 26 de agosto de 2010, 09:32 h (CET)
Alguien dijo “Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos” y, a fuer de sinceros, no nos queda más remedio que aplaudir al autor de tan sensata máxima. En efecto, si en una país su gobierno, el que debiera ser el responsable de la independencia de los tres apoyos de la democracia y de su independencia, lo que, el tantas veces citado Montesquieu, denominaba como: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo; se desentiende de esta obligación, reniega de someterse al control de los otros dos baluartes que garantizan el equilibrio entre los tres poderes y pretende, siguiendo el ejemplo de las repúblicas dictatoriales del Caribe y Sudamérica; hacer de su capa un sayo para constituirse, de facto, en quien determina lo que conviene a la nación o, lo que todavía es más deleznable, en querer convertir a la ciudadanía en un clon del partido político al que representa, pasando por alto el Estado de Derecho y constituyéndose en el árbitro de lo que se debe imponer o de lo que se debe enseñar o lo que se debe considerar como justo o injusto; sin que, ni el Poder Judicial ni el Legislativo, sean nada más que simples apéndices de la voluntad del Estado representado, en este caso, por el gobierno y su presidente; entonces, señores, deberemos llegar a la conclusión de que lo que se pretende, desde los que tienen el poder, es convertir a un sistema democrático en otro en el que, la Constitución y las libertades que definen la democracia, han quedado abolidas de hecho para pasar al dirigismo del Estado que, como ya sabemos, es la vieja doctrina del comunismo más recalcitrante.

Deberíamos suponer que, cuando se promulga una Ley en el Parlamento de la nación, en principio, deberíamos suponer que reúne todos los requisitos de constitucionalidad que exige el Estado de Derecho; no obstante, si existen sospechas fundadas de que pueda contener alguno o algunos elementos cuya constitucionalidad sea dudosa y, por medio del procedimiento adecuado, se la impugna ante el único órgano que tiene la competencia para decidir sobre si se adapta, en todo o en parte, a las normas constitucionales, el Tribunal Constitucional; debería establecerse un tiempo adecuado para que emitiera la resolución pertinente. El que nuestro TC no haya respetado el tiempo lógico en el que debiera haber dejado despejada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Estatut catalán; el que hayan existido presiones políticas que hayan retardado la decisión y el que se haya desatado una batalla campal para desacreditarlo, cuando se ha sospechado que la resolución, que iba a salir de tan alto Tribunal, no iba a ser la que deseaban los defensores de tal ley orgánica salida del Parlamento en el que se aprobaba el texto catalán; no supone, ni mucho menos que la resolución que, al final, ha salido del TC no reúna todos los requisitos para que todos los ciudadanos españoles, incluido especialmente el Gobierno de la nación, no tengan la obligación de aceptarla y cumplirla tal y como ha salido de las manos de los magistrados que la han emitido.

Lo realmente sorprendente es que, a diferencia de los simpáticos personajes protagonistas de las grandes obras de la novela picaresca española; cuyos máximos exponentes los encontramos en obras como: “El lazarillo de Tormes” o “El Guzmán de Alfarache” o en la misma “Historia del buscón llamado don Pablos”; que reflejan prototipos o estereotipos de una sociedad con grandes diferencias de clases, donde los que viven en la miseria han de sobrevivir a base de ingenio y de malicia, aunque se salgan de la ortodoxia de la ley, para conseguir aquello que la sociedad les negaba. En el caso que comentamos, por el contrario, se da la gran paradoja de que quienes intentan, mediante subterfugios, marrullerías legales, componendas y cambios legales, vaciar de contenido una sentencia dictada sobre un tema en el que se pone en cuestión, nada más y nada menos, que el propio ser de la nación española, su unidad y la solidaridad entre todas las autonomías que componen este país al que todos conocemos como España.; es, por incomprensible que nos pueda parecer, el propio Gobierno con su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, como principal instigador de esta actuación fraudulenta. Resulta imposible imaginarse que los españoles hayamos podido descender a un nivel tan bajo de reacción ante las actuaciones del Ejecutivo; que seamos capaces de contemplar sin rebelarnos contra ello, como se está cambiando el contenido de la Constitución españolas, sin que para ello se haya acudido al procedimiento de revisión que está contenido en el propio cuerpo de la Carta Magna.

Alguno de ustedes se podría imaginar que el Presidente de los EE.UU. de América, se atreviera, por medio de mangoneos y maquinaciones espurias, puentear o sortear alguno de los puntos de la Constitución americana o tocar una sola coma de las adiciones y aclaraciones que, a lo largo de su historia, la han completado?, ¿No, verdad? Pues en España estamos a punto de ver como, entre el señor Zapatero, el ministro de Justicia y el señor Montilla, por el procedimiento de los hechos consumados y dándole la vuelta a la Ley del Poder Judicial, se intenta dejar sin efecto el hecho de que, en nuestra nación, exista una Justicia única aplicable a todos los españoles. ¿Qué se ha hecho de aquello de que “todos los españoles somos igual ante la ley”? O ¿es que los catalanes ya no son españoles? Y, si no lo son, ¿qué hacen recibiendo la parte del león de las ayudas de Estado? o ¿es que también se les concederá el privilegio de negociar, en régimen de “bilateralidad” (lo llaman Comisión bilateral), con el gobierno español? Y lo más lamentable de todo es que las instituciones, los partidos políticos –claro que, a los que quieren la independencia de Catalunya, todo esto les parece de rosas – y los mismos jueces y fiscales que, al parecer les parece bien lo que hace el Gobierno, lo que no nos extraña en absoluto. Los únicos que han reaccionado, la conservadora “Asociación Profesional de la Magistratura”, dicen que encuentran “preocupantes” las intenciones del Gobierno, ¿sólo preocupantes? ¡Me gustaría saber cuándo lo van a considerar un atentado contra el orden constitucional y un verdadero atropello contra la democracia!

Mucho nos tememos que, de continuar por el camino por el que nos llevan todos estos “progres”, que han decidido convertir a España en un remedo de lo que fue el Far West americano, donde la ley era la de los pistoleros más hábiles y el poder les pertenecía a aquellos que arrebataban a los más débiles sus pertenencias a la fuerza; sin que, los pocos jueces que intentaban imponer el orden, los unos por corruptos, los otros por incapaces y los terceros porque se los cargaba a tiros, pudieran hacer otra cosa que intentar sobrevivir en aquel oasis de corrupción, libertinaje y caos. La culpa la tienen los ciudadanos que, poco a poco, han ido cayendo en el más completo entreguismo, sin que haya uno solo que se decida a levantar la voz contra tanta iniquidad, tanta desvergüenza y tanta corrupción y desgobierno. Lo cierto es que, lo poco que queda en pie de aquella España del señor Aznar, se va desmoronando ante la impasibilidad del Jefe del Estado, la indolencia del Ejército, que debiera ser garante de la unidad de nuestra nación y , para acabar de redondear el tétrico panorama que se presenta ante nosotros, vamos a consentir que España se vaya desgajando como una naranja, de modo que la unidad de la patria va a convertirse, por obra y gracia de los socialista del PSOE, en el pasto para que, nuestros enemigos tradicionales, los marroquíes, lo tengan “a huevo” para irnos fagocitando poco a poco. Yo, al menos, quiero denunciarlo, aunque me quede solo en el intento.

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