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La tecnología anuncia que no se puede seguir hurtando al ciudadano la posibilidad de participación política directa

En torno a la divulgación de lo político

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La política ha de ser trasmitida en abierto. Que el ciudadano se entere en tiempo real de determinadas vías hacia la materialización de una u otra gestión habría de ser lo normal. Lo contrario es una anomalía democrática, dado que se le asigna al concepto representación una muy mermada e interesada dimensión.

Ya, en gran medida a tenor de los excesos de que nos hemos ido enterando de manera más o menos casual, no nos sirve que el representante de uno u otro signo nos diga, apelando a nuestra fe, que se van a dejar el pellejo para salvaguardar nuestros intereses, esos insertos en el mismo sentir que los del resto de conciudadanos. No. Ya se ha ido demostrando la escasa honorabilidad y el excesivo narcisismo de los que han hecho una profesión de lo que habría de ser una vocación que no otorgase tamañas sinecuras.

Cualquiera que sepa leer lo que mediáticamente se nos dice e intuir mínimamente lo que no se nos dice, apuntará a una mayor participación directa del ciudadano, así como a una no menos relevante capacidad de fiscalización de los manejos que llevan a cabo los políticos de uno u otro nivel administrativo.

Claro ejemplo lo tenemos en el tema de la energía eléctrica. Quienes están para salvaguardar el interés ciudadano, han otorgado a una serie de entidades privadas la posibilidad de cometer abusos intolerables contra la ciudadanía desoyendo el clamor de esta, que observa con impotencia y amarga resignación tan enojoso atropello.

Yo no digo que no haya asuntos más delicados, propios de la estrategia geopolítica, por ejemplo, que hayan de llevarse a cabo de una manera más discreta, pero hay muchos ámbitos de la pública gestión, en los que se manejan considerabilísimos presupuestos, en los que el contribuyente debería estar al tanto de primera mano de todo lo que respecta a su destinación y manejo, aparte de ser dicho contribuyente el que otorgase el mandato imperativo a quienes se dicen representantes o intermediarios del pueblo.

Ya no se puede aducir la complejidad que supondría articular tales fórmulas, y un claro ejemplo lo podemos observar en Taiwán, cuya ministra Digital, Audrey Tang, explicaba cómo se graban en su país las reuniones de los miembros del aparato gubernamental para luego difundirlas. Cierto es que hay posibilidad de enmienda y rectificación por parte de dichos gobernantes, toda vez que se facilita una copia a los intervinientes en la reunión de marras otorgándoles la opción de puntualizar determinadas cuestiones. Decía Tang: “La cámara de video está ahí en representación de las partes que no pueden estar presentes en la sala” (“XL-Semanal”, 29-1-17, p. 12), aunque al no ser emitidas en “streaming”, como decimos, se pierde la posibilidad de tener una visión nítida de la verdadera sensibilidad expresada por los gobernantes. No obstante es el punto de vista de Tang muy interesante, ya que aparte de avanzar tecnológicamente en la transparencia democrática nos insinúa que aún es posible mucha mayor transparencia dependiéndose en dicho punto de la voluntad de asumir los procesos que la harían viable.

Igual que el ciudadano está cada vez más controlado tecnológicamente, sería muy interesante que el que accediera a determinados cargos asumiese que lo haría pagando el precio de ser sometido a un estricto control en su dimensión gestora. Y seguía apuntando la ministra Tang: “Cuanta más historia tiene una democracia representativa en comparación con las nuevas herramientas de democracia ‘on-line’, más difícil es digitalizar los procesos gubernamentales” (“Ibid.”). Quizá tenga razón, pero en un par de décadas, una vez estén profundamente metabolizadas las vías digitales por la cotidianidad va a ser imparable el impulso de tratar de implantar un sistema público más trasparente a través de la tecnologización de determinados procesos que, a su vez, atraerán la coparticipación ciudadana en la gestión de lo político.

En torno a la divulgación de lo político

La tecnología anuncia que no se puede seguir hurtando al ciudadano la posibilidad de participación política directa
Diego Vadillo López
martes, 21 de febrero de 2017, 00:00 h (CET)
La política ha de ser trasmitida en abierto. Que el ciudadano se entere en tiempo real de determinadas vías hacia la materialización de una u otra gestión habría de ser lo normal. Lo contrario es una anomalía democrática, dado que se le asigna al concepto representación una muy mermada e interesada dimensión.

Ya, en gran medida a tenor de los excesos de que nos hemos ido enterando de manera más o menos casual, no nos sirve que el representante de uno u otro signo nos diga, apelando a nuestra fe, que se van a dejar el pellejo para salvaguardar nuestros intereses, esos insertos en el mismo sentir que los del resto de conciudadanos. No. Ya se ha ido demostrando la escasa honorabilidad y el excesivo narcisismo de los que han hecho una profesión de lo que habría de ser una vocación que no otorgase tamañas sinecuras.

Cualquiera que sepa leer lo que mediáticamente se nos dice e intuir mínimamente lo que no se nos dice, apuntará a una mayor participación directa del ciudadano, así como a una no menos relevante capacidad de fiscalización de los manejos que llevan a cabo los políticos de uno u otro nivel administrativo.

Claro ejemplo lo tenemos en el tema de la energía eléctrica. Quienes están para salvaguardar el interés ciudadano, han otorgado a una serie de entidades privadas la posibilidad de cometer abusos intolerables contra la ciudadanía desoyendo el clamor de esta, que observa con impotencia y amarga resignación tan enojoso atropello.

Yo no digo que no haya asuntos más delicados, propios de la estrategia geopolítica, por ejemplo, que hayan de llevarse a cabo de una manera más discreta, pero hay muchos ámbitos de la pública gestión, en los que se manejan considerabilísimos presupuestos, en los que el contribuyente debería estar al tanto de primera mano de todo lo que respecta a su destinación y manejo, aparte de ser dicho contribuyente el que otorgase el mandato imperativo a quienes se dicen representantes o intermediarios del pueblo.

Ya no se puede aducir la complejidad que supondría articular tales fórmulas, y un claro ejemplo lo podemos observar en Taiwán, cuya ministra Digital, Audrey Tang, explicaba cómo se graban en su país las reuniones de los miembros del aparato gubernamental para luego difundirlas. Cierto es que hay posibilidad de enmienda y rectificación por parte de dichos gobernantes, toda vez que se facilita una copia a los intervinientes en la reunión de marras otorgándoles la opción de puntualizar determinadas cuestiones. Decía Tang: “La cámara de video está ahí en representación de las partes que no pueden estar presentes en la sala” (“XL-Semanal”, 29-1-17, p. 12), aunque al no ser emitidas en “streaming”, como decimos, se pierde la posibilidad de tener una visión nítida de la verdadera sensibilidad expresada por los gobernantes. No obstante es el punto de vista de Tang muy interesante, ya que aparte de avanzar tecnológicamente en la transparencia democrática nos insinúa que aún es posible mucha mayor transparencia dependiéndose en dicho punto de la voluntad de asumir los procesos que la harían viable.

Igual que el ciudadano está cada vez más controlado tecnológicamente, sería muy interesante que el que accediera a determinados cargos asumiese que lo haría pagando el precio de ser sometido a un estricto control en su dimensión gestora. Y seguía apuntando la ministra Tang: “Cuanta más historia tiene una democracia representativa en comparación con las nuevas herramientas de democracia ‘on-line’, más difícil es digitalizar los procesos gubernamentales” (“Ibid.”). Quizá tenga razón, pero en un par de décadas, una vez estén profundamente metabolizadas las vías digitales por la cotidianidad va a ser imparable el impulso de tratar de implantar un sistema público más trasparente a través de la tecnologización de determinados procesos que, a su vez, atraerán la coparticipación ciudadana en la gestión de lo político.

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