Normalmente, la clase empresarial no suele entender la política más que desde el punto de vista de sus intereses económicos. En realidad, ellos viven pendientes de sus negocios, de aquello que beneficia a sus empresas y aquellas otras circunstancias que los puedan perjudicar como, por ejemplo: los impuestos, las trabas burocráticas, los salarios que se ven obligados a pagar a sus trabajadores, los horarios de trabajo y las jornadas, la productividad y todos aquellos factores que, de una forma u otra, pudieran influir en los resultados de su actividad profesional. En consecuencia, ellos suelen contemplar desde una perspectiva distinta a la del resto de ciudadanos, las ventajas o inconvenientes que les proporcionan el decantarse por una determinada opción política en la que creen ver aspectos que les pudieran beneficiar desde el punto de vista de sus negocios que, no obstante, no son siempre los que más encandilan al resto de votantes.

De ahí que, habitualmente, los dueños de grandes explotaciones, de fábricas, de extensas superficies de ventas, de industrias o de importantes empresas constructoras y dedicadas a las obras públicas, transportes etc. suelen ser de tendencia conservadora y acostumbran a inclinar sus preferencias hacia partidos políticos de derechas o centro derecha. Sin embargo, si queremos analizar lo que está sucediendo en la comunidad catalana, lo que hemos afirmado, como regla general, como constituyente de una tendencia generalizada en el tejido económico del resto de España, salvo quizá el País Vasco; tiene otros factores que pueden influir, de una manera distorsionante, en la valoración que pudiera hacer un empresario, residente en dicha comunidad, respecto a lo que, en realidad, pueda pensar que le resultar más beneficioso y, quizá, pueda estar más de acorde con lo que le piden sus sentimientos íntimos más arraigados.

Ha venido siendo una constante, a lo largo de los años en los que, el sentimiento nacionalista catalán se ha ido manifestando, cada vez con mayor intensidad; el hecho indiscutible de que, una parte importante del empresariado que tiene asentadas sus empresas en Cataluña y, especialmente, aquellos oriundos o que, como descendientes de inmigrantes a través de varias generaciones formadas en tierras catalanas , se sienten imbuidos del mismo sentimiento nacionalista que afecta a los separatistas; en ocasiones, se dejan arrastrar por los discursos independentistas de los políticos nacionalistas, que les pintan un futuro de una Cataluña libre muy optimista, con menos impuestos de los que “la avariciosa España” les exigía que pagasen. Es por ello que, dentro de las patronales catalanas, siempre se han venido produciendo discrepancias acerca de la actitud que debieran mantener los empresarios respecto al espinoso tema de la independencia de Cataluña del resto de la nación española.

En líneas generales se puede decir que, una parte importante de ellos, los más preparados y los dirigentes de empresas más poderosas, anteponen a cualquier sentimiento de tipo nacionalista, el sentido común, los intereses de su empresa y el convencimiento de que, una Cataluña fuera de España, sería incapaz de sobrevivir sin el apoyo de la UE y sin contar con la ayuda de los españoles. Pero los hay que, especialmente entre los pequeños negocios y comercios, cegados por su catalanismo intransigente y su desprecio y odio para todo lo que tenga que ver con España y sus ciudadanos, son refractarios a dejarse convencer de que iban a salir perjudicados en caso de abandonar sus lazos con el resto de la península, atribuyendo a propaganda falsa los avisos que les van llegando desde fuentes solventes, que saben positivamente que, una postura secesionista dentro de la Europa actual, equivaldría a un suicidio económico del país que quisiera hacer uso de esta opción.

Sin embargo, en ocasiones nos resulta incomprensible que, cuando precisamente se está produciendo una situación de máxima tensión entre las instituciones españolas y las autonómicas de Cataluña, sigan pretendiendo que, en el resto de aspectos relacionados con los distintos temas relacionados con la economía catalana, aquellos aspectos que ellos consideran que deben de transcurrir paralelamente a sus exigencias independentistas, y que, por tanto, el Estado español debe hacer caso omiso de que, el gobierno catalán, infrinja las leyes y las sentencias de los tribunales españoles; que tenga fijada fecha para el referéndum de independencia ( septiembre de este año) y que los actos, reclamando la secesión, sean plato habitual en cualquier manifestación que se produzca a lo largo y ancho de la autonomía catalana; para continuar invirtiendo en estructuras que beneficien a los catalanes. Y hete aquí que, vean ustedes el enfado de los empresarios catalanes y valencianos, que se quejan de que, el famoso corredor del Mediterráneo (en el que se olvidan que ya hay invertidos más de 13.000 millones de euros de los, poco más de 16.500 millones que están presupuestados), vaya más lento de lo que ellos quisieran (seguramente porque la rebeldía del separatismo va más rápida de lo que el estado español desearía).

Resulta incomprensible que, quienes no se han atrevido a manifestarse de forma enérgica y sin ningún tipo de disimulo, a favor de continuar perteneciendo a España, explicando con claridad las consecuencias nefastas que para los catalanes y sus empresas, significaría el independizarse, quedando fuera del apoyo de los españoles y sin posibilidad alguna de entrar dentro de la UE; ahora pretendan que el Estado español siga gastándose el dinero de los españoles en crearles unas estructuras que, si lograran lo que se proponen, es decir, conseguir formar la “república independiente catalana” quedaría como una obra de exclusivo uso para los separatistas. Recordemos que en estos momentos la deuda pública catalana está rondando los 80.000 millones de euros, de los cuales una gran parte la tienen contraída con el Estado español. Es obvio que los famosos bonos emitidos por la Generalitat catalana, calificados por las tres agencias de rating como “bonos basura”, no hubieran sido colocados sin que existiera el aval del Estado español. ¿Qué sucedería si no pudieran financiarse los catalanes, debido a que nadie, en su sano juicio, se atrevería a invertir en una deuda pública de un país nuevo que no estuviera en condiciones de garantizar el pago de los intereses o la devolución de lo recibido?

Resulta muy cómodo mantener una postura ambigua que les permita al empresariado catalán permanecer en tierra de nadie, con una vela a Dios y otra al Diablo, a fin de que, en esta indefinición tengan el salvoconducto para el caso de que saliera bien el desafío independentista o, en caso contrario, como es evidente que va a suceder, el Estado español acabara con la rebelión y devolviese al territorio catalán al lugar de donde nunca debió pretender apartarse, seguir en su condición de una autonomía más de la nación española, a la que viene perteneciendo desde hace más de 600 años.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como este seny que se les tribuye a los catalanes y que, es verdad que, en muchas ocasiones han dado muestras de tenerlo, parece que, en algunos casos, desaparece tragado por un sentimiento mucho más inquietante y, en ocasiones, manifestado de forma salvaje y agresiva, al que ellos denominan como “rauxa”. Una opción que, en momentos en los que la tensión está a flor de piel y quienes debieran recomendar calma y tranquilidad, se dedican a exasperar los ánimos, encender las pasiones e incitar al pueblo, a las masas, a actuar de forma irracional y contraria a la ley; pudiera dar lugar a que, la defensa de la Constitución y la unidad de la nación española, recomendara utilizar los medios precisos para acabar con este conato de rebelión, a la que nos quieren abocar estos insensatos. O así es como, nos tememos, que pudiera ocurrir.