Hemos llegado, señores, a un punto en el que pocas soluciones les quedan a los que han ido predicando que el problema catalán se debía solucionar mediante el diálogo, las concesiones y las negociaciones entre ambas partes, el Gobierno del Estado y los separatistas catalanes de la Generalitat. Para ser sinceros nunca hemos creído que este tema, una obsesión que unos cuantos políticos han querido inculcar al pueblo catalán haciéndole creer que, España, era su enemigo a batir y que, todas las carencias que un mal gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de solucionar y que han perjudicado a Cataluña, no les eran imputables a ellos, sino que todo se debía a la animadversión y codicia de los españoles, dispuestos a “saquear las arcas de la autonomía catalana”, robándoles lo suyo al pueblo de Cataluña.

Artur Mas ha sido el directo responsable de que, el sentimiento de independencia, haya ido calando en el pueblo y también lo ha sido de haberles mentido a los catalanes, pintándoles la independencia como una liberación que conduciría al pueblo catalán, “lejos de las fauces de España”, a una vida mejor, dentro de Europa, comerciando con todas las naciones vecinas y autosuficiente para cubrir todas sus necesidades, incluso las derivadas de la sanidad, la Seguridad Social y el pago de las pensiones de las clases pasivas. Este Pinocho independentista, condicionado y esclavo de sus propias palabras cuando, en un momento de despecho, después de su fracaso en las elecciones en las que perdió 12 escaños en el parlamento catalán; se le ocurrió lanzar el desafío de pedir la independencia de la autonomía catalana, olvidándose de que, con ello, se ponía, junto a los que lo siguieran, fuera del amparo de las leyes y directamente enfrentado a la Constitución, que todos los españoles votamos respetar. Dominado por un orgullo y un egolatrismo que le han impedido rectificar a tiempo, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, se ha obcecado en su error y, lo peor, ha conseguido que los que le han seguido, apoyados por los de ERC y, posteriormente, empujados por los señores de la CUP, una minoría que ha conseguido hacerse los amos del Parlamento catalán (al depender de ellos el que se pudieran conseguir las mayorías que les permitieran seguir en su camino hacia lo que, para ellos, era un camino para llevar adelante el “procés hacia la independencia”), forzar la ruta que se han trazado para ir preparando las leyes, las estructuras y las instituciones de las que piensan dotar al futuro “estado catalán” o mejor dicho “la república independiente catalana”; una utopía con la que sueñan, aunque muchos de ellos saben perfectamente que no tiene viabilidad alguna.

Y es que, en este juego político, sólo hay unos que tienen claro lo que pretenden conseguir, los de Podemos y sus franquicias. Para ellos no se trata tanto de la lucha por la independencia de Cataluña, que no les importa un pito o si se habla o no el catalán, que tampoco, ni les preocupa el famoso “estat catalá” pero si, a cambio, les interesa sobremanera implantar un régimen comunista en la autonomía catalana, capaz de formar una célula libertaria, al estilo de las que funcionan en las naciones de Hispanoamérica, como son los casos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y, en cierta manera, Perú, dirigida hasta hace poco por el señor Correa, uno de los caudillos bolivarianos que se han hecho dueños de los estados indigenistas de las antiguas colonias españolas en América. Saben que si lo consiguen sólo sería cuestión de tiempo el ir introduciendo, en el resto de la nación española, la semilla de la discordia, de la revolución, algo que ya han conseguido parcialmente cuando han sido capaces de lograr un apoyo electoral de cinco millones de españoles.

El TC ha vuelto a dejar claras las cosas, este martes, cuando han dictaminado sobre el fondo de la cuestión que motivó la suspensión de las iniciativas soberanistas. Han declarado nulos los apartados para la organización de un “Referéndum” y un “proceso constituyente” incluidos en el Título I de la resolución parlamentaria sobre “El futuro político de Cataluña”. Ha apercibido, una vez más, al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás miembros de su Consejo de Gobierno del peligro y la responsabilidad de seguir por el camino iniciado; autorizando a la Fiscalía para que abra una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara regional y cuatro miembros de la Mesa: Lluís Corominas, Anna Simó, y Ramona Barrufet, de “Junts pel Sí” y a Joan Josep Nuet de Cataluña de “Si es Pot” (Podemos).

Las causas en las que se basan estas decisiones de los magistrados del TC hacen referencia a “abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento” y desatender su deber de “impedir o par1alizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que suponga ignorar o eludir la nulidad de estos apartados de dicha Resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado”.

La respuesta del Gobierno catalán tampoco da lugar a ningún interrogante respecto a cuál va a ser su actitud ante lo dispuesto por el TC, cuando no han tardado en responderle, por boca de la señora Neus Munté, zanjando el tema con una frase que no da lugar a dudas respecto a sus intenciones: “Nada parará nuestra voluntad inequívoca de celebrar un referéndum en Cataluña este año”. Las espadas están en alto y ya no caben paños calientes, cesiones, conversaciones o diálogos porque, llegados a este punto, cualquier cesión, por una de las parte enfrentadas, tendría una clara interpretación de rendición o derrota, algo que no podría permitirse ningún gobierno de un país democrático, ante exigencias tan absurdas y anticonstitucionales y, si lo miramos desde el punto de vista de los separatistas, es evidente que, después de tantas bravatas, amenazas, desafíos y desplantes, ceder en estos momentos, después de recoger el guante del TC, vendría a representar lo mismo que una renuncia a todo el programa que han venido desarrollando desde que proclamaron su intención de independizarse.

¿Estamos, como se ha venido diciendo, ante un choque de trenes?, o, en realidad ¿nos encontramos en vísperas de que sepamos quién está dispuesto a mantener en alto su pabellón o de ver quién es el que ha estado faroleando y, cuando llegue el momento de la verdad, va a bajar el rabo, ponerlo entre las piernas y agachar las orejas antes de darse la vuelta y huir? La otra posibilidad, la de que se produzca un enfrentamiento a cara de perro y se llegaran a producirse altercados o detenciones, también está dentro de lo posible, aunque esto supondría un paso más en cuanto al agravamiento de las consecuencias de la colisión, porque en el momento en el que corriese la primera gota de sangre ya no se sabe lo que podría suceder. Algunos tenemos experiencias de situaciones similares de cuando éramos niños, pero, no por eso, dejan de ser lo suficientemente nítidas para que no deseáramos que se volvieran a reproducir.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no quisiéramos que el empecinamiento en el error de quienes se creen que, en el siglo XXI, se pueden intentar aventuras secesionistas, sin que ello reporte graves consecuencias para quienes se arriesgan a ello, pudiera crear una situación en la que el resto de España se viera involucrada, de modo que la paz, que hemos conseguido salvaguardar durante 80 años, se viera amenazada por una disputa que todos sabemos que no tiene más que una salida. La defensa a ultranza del orden Constitucional. Es la única forma posible de mantener el Estado de Derecho, la unidad del país y, por tanto, la única posible.