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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Subvenciones: compran favores o hipotecan votos

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 7 de agosto de 2010, 08:55 h (CET)
Existen dos formas de ganar unas elecciones: o haber contraído méritos suficientes ante los ciudadanos para ser merecedores de su reconocimiento y confianza o, intentar conseguirlos mediante el expeditivo medio de convencerlos de que van a salir beneficiados en sus bolsillos, en su condición social, en su trabajo o en su estatus político; que todos estos placebos conducen a la práctica política, sabiamente dirigida por las izquierdas de este país, por la que se consigue corromper voluntades, sumar apoyos interesados, engatusar a cretinos, contentar a resentidos, satisfacer a ambiciosos y crear un ejército de chupones ávidos de sorber, glotonamente, las ubres del Estado. No es que sea un sistema descubierto hace poco, porque en España ha sido utilizado por nuestra clase política desde aquellos tiempos en los que los señores feudales, ejercían su autoridad (amos) sobre hombres, vasallos, teóricamente libres, que le prestaban juramento de fidelidad (sumisión) que, a su vez, tenían un poder ilimitado sobre los campesinos (siervos) que estaban bajo su dominio y se encargaban del cultivo de sus tierras. Cuando llegaba el momento en que se los necesitaba, debían enrolarse en las mesnadas de su amo para seguirlo en los trances de guerra. Una sociedad organizada en escalones de mando que, en el campo económico, se reducía a que los vasallos debían ayudar a proveer las arcas del Rey pagando tributos y, a la vez explotaban hasta la última gota de sangre de sus siervos, que se veían obligados a pagar impuestos al señor feudal con los éste se ocupaba de que, ninguno de ellos, pudiera salir de la miseria en la que se encontraban. Eso sí, cuando le interesaba acostarse con alguna aldeana de buen ver, aparte del derecho de pernada, se la compraba a su padre, o le entregaba unos doblones para usarla durante un tiempo o se eximía al obediente sujeto de pagar impuestos durante un tiempo. Cuando iban a la guerra, los “castellanos” reclutaban (leva) a sus siervos, que debían abandonar sus trabajos en el campo o la recogida de la siembra, para ponerse a las órdenes de su amo y luchar por él. Si había suerte obtenían la compensación de su esfuerzo en el saqueo de las propiedades enemigas y, si fracasaban en la empresa, pasaban hambre hasta que llegaran las próximas cosechas.

Entonces, como ahora, era corriente aplicar la técnica de las subvenciones, préstamos, exención de impuestos etc., con el objeto de ganarse el favor de aquellos de los que se esperaba conseguir alguna compensación de cualquier orden que fuese. Lo que ocurre que, lo que en la actualidad entendemos como “libertad de mercado”, cuando la economía está globalizada y el sistema de comercio se basa en la oferta y la demanda, un mecanismo para que la competencia, la libre competencia, fije los precios dentro de los límites adecuados, que garanticen al consumidor la posibilidad de adquirir los productos que precisa al mejor precio; no admite que los Estados interfieran, más que en determinados casos y circunstancias, siempre muy limitados, en la libre competencia entre los que cultivan, elaboran, transforman o perfeccionan las mercaderías, que luego serán comercializadas en los mercados nacionales o internacionales, para ser ofrecidas y, en su caso, adquiridas por los consumidores, según la valoración que estos hagan de la relación calidad y precio. Si el Estado subvenciona a un determinado sector productivo, se produce una diferencia de costes en favor de quienes la perciben, que los sitúa con ventaja respecto a sus competidores. Se produce una distorsión del mercado y se alteran los principios básicos de la libre competencia.

Cuando un país, como España, está pasando por una situación económica difícil y el Gobierno pide a los ciudadanos un esfuerzo de austeridad, una limitación de los gastos superfluos, una reducción de los dispendios habituales y, como está ocurriendo, una congelación de pensiones para los ancianos o una reducción de sus salarios a los funcionarios; resulta poco menos que indignante, injusto, temerario y aberrante que, los que nos gobiernan, sean los primeros que, en beneficio de sus intereses electorales, en previsión de una debacle anunciada del PS en las autonómicas catalanas, sin tener en cuenta el agravio que se comete con las otras comunidades autónomas e ignorando sus compromisos con la CE, de limitar el gasto público –para, con ello, reducir el enorme déficit público que estamos soportando y reducir, en lo posible, las emisiones de Deuda Pública que, desde hace unos meses, cada vez van creciendo más sin que parezca que, por ahora, la tendencia vaya a variar –, el señor ZP haya iniciado una campaña de despilfarro del dinero público mediante el sencillo método de intentar resolver sus problemas de gobierno mediante subvenciones a favor de Catalunya, con la agravante de que con ellas intenta vaciar de contenido la reciente sentencia del TC, declarando ilegales una serie de artículos del Estatut catalán.

Para mayor desatino resulta que, en este mismo mes, se ha favorecido a los Sindicatos – estos que han amenazado con una huelga general para el próximo 29 de septiembre – con 30 millones, lo cual, seguramente, ha conseguido calmar el espíritu reivindicativo de Méndez y Tocho para que el evento no sea tan sangrante para el Gobierno como en un principio pudiera aparentar. También necesita reavivar el espíritu de colaboración de “los de la ceja” algo fríos después de los últimos acontecimientos, por lo que les ha regalado, bajo el titular de “acción y promoción de la cultura en 2010”, la friolera de 3.000.000 de euros para repartirlos entre actores; poetas; la Academia del Cine; la Fundación de Ideas para el Progreso del señor Jesús Caldera y, como no podían ser menos, los de la Memoria Histórica, que se han llevado un pellizco de 5.000 euros. Resulta lamentable que no se tenga dinero para la Ley de Dependencia; para comedores públicos o para el pago de ayudas a parados sin prestaciones y se dilapiden en otros temas como la Alianza de Civilizaciones o los destinos ya mencionados que, sin duda, si los sumamos y los añadimos a los derroches en trasportes, teléfonos móviles, viajes, exceso de funcionarios y cargos públicos ( dicen que los quitan pero, inmediatamente, los colocan en otro puesto similar), gastos excesivos de las CC.AA, con el señor Carot Rovira a la cabeza. Tampoco se ha quedado manco el señor Gallardón, del PP, que les ha subido el sueldo a los sindicalistas hasta 14.000 euros al año y, esto en un ayuntamiento, el madrileño, que tiene una deuda de 7.500 millones de euros. En fin, una verdadera locura que nos da la medida de quienes son los personajes a los que encomendamos la dirección de nuestro país. Luego nos dicen que nos suben el IVA; que nos subirán las tarifas eléctricas; que nos congelan las pensiones o que van a aumentarnos el IRPF. Y algunos nos preguntamos ¿a qué vienen estas subidas si, al fin y al cabo, van a ir a parar a manos de paniaguados en lugar de ser destinados a los fines para los que se nos ha dicho que se dedicarían? ¿Cómo, quienes nos gobiernan disponen a su antojo del dinero al que los ciudadanos, con tanto esfuerzo, debemos renunciar, cuando son ellos los culpables de la situación en la que nos encontramos? ¿Es así como los socialistas entienden un gobierno del pueblo para el pueblo? Un engaño detrás de otro, así ha ido tejiendo la cortina de mentiras con la que han estado aprovechándose del pueblo, para enriquecerse y mantenerse en el poder una serie de políticos, incapaces de evitar que más de 4’5 millones de españoles se hayan quedado en el desempleo cuando, no hace ni dos años, el señor ZP nos prometía ¡pleno empleo! Al respecto se me ocurre una frase de Séneca que decía “El favor de las personas innobles sólo puede conseguirse por medios innobles” y… acertaba.

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