El Parlament de Catalunya, ha aprobado la prohibición de las corridas de toros en Catalunya, a partir de enero de 2012.

Una vez más, en su afán de querer parecer genial, pionero, vanguardista, único y no se sabe cuántas singularidades más, aún a riesgo de quedar como un inquisidor, el Parlament ha aprobado una nueva prohibición. Éste es el grado de libertad que el Parlament propugna para sus representados.

Y prueba de que se trata de una respuesta política a lo que los indocumentados consideran una manifestación de España al margen de Catalunya, los grupos parlamentarios de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya y la excomunista Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa y el resto del grupúsculo de partidillos que componen la tercera patita del Tripartito gobernante, no han dado libertad de voto a sus diputados, pues hubiese ganado el NO a la prohibición.

Los partidos ERC y ICV que han estado dando soporte a la plataforma que ha bregado para lo que hoy se ha aprobado en el Parlament, intentan vanamente, en otra más de sus contradicciones endémicas, aparecer como animalistas; animalistas que no se han atrevido a embestir contra otras fiestas taurinas de Catalunya, como los “corre bous” (corre bueyes) en las que si bien no se mata al toro, la mofa y befa que se hace de él, atándoles incluso fuegos artificiales a los cuernos, es mucho más humillante que la muerte del toro en la plaza.

Tal vez sea porque una parte importante de los diputados del Parlment son oriundos de otras latitudes de España que creen por ello, en su proverbial ignorancia que la fiesta de los toros es española pero no catalana, sino impuesta por “Madrit” debe ser. Ignorando también que hubo tres plazas tres, activas en Barcelona, con festejos simultáneamente en todas ellas, como ahora hay fútbol en cualquier rincón de la ciudad.

Estos mismos partidos políticos son los que exigen para Catalunya sus derechos históricos. ¿Pero qué derechos históricos? ¿Los hábilmente diseccionados por el microtomo del sectarismo como se ha hecho con la ancestral tradición taurina? ¿Todos los derechos históricos, como “els mals usos” (los malos usos) del siglo XIV por los que los campesinos pobres eran subyugados y a veces llegaban al “ius malectractandi” (derecho del señor a castigar y encarcelar) y al “ius primae” (derecho de sustituir al payés en su noche de bodas) o a qué derechos se refieren?

Esta votación ha sido una prueba más de la legislatura caducada de Montilla, incapaz de contener a sus socios de Govern, dando alas a sus ensoñaciones separatistas con tal de seguir en la poltrona hasta el último momento, sin importarle la fractura social que a cada acción como la de hoy se propicia. Al fin y al cabo, él es de Iznájar (Córdoba).

Eso sí, la aprobación de la prohibición genera automáticamente la indemnización al empresario taurino de Barcelona, con la obligación añadida de comprarle la plaza de toros Monumental que fue mucho más importante en su día que Las Ventas, de Madrid o La Maestranza, de Sevilla. Todo lo cuál puede suponer un desembolso para la Generalitat de Catalunya de entre 300 y 500 millones de euros.

Pero el que hará frente a la indemnización si no se pone remedio a este desenfreno, será otro presidente distinto a Montilla, pues él perderá de nuevo las próximas elecciones, como en la ocasión anterior, pero sin poder inventarse esta vez, un nuevo tripartito al que deba pleitesía y le dé soporte a su trono ¿tronado? autonómico.