Este es el resumen de la dialéctica entre el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy durante el último debate sobre el estado de la nación: ¡Y tú más!
En cualquier caso, menos, pues ambos carecen de credibilidad alguna; uno lo ha demostrado empíricamente y el otro no necesitamos que lo pruebe.
Muchas gracias a ambos por dejarnos de manifiesto cuál es el auténtico estado de la nación. Por suerte, el portavoz de un grupo parlamentario (o dos a lo sumo), le dijo a ZP las cosas como son y atisbaron algún camino a seguir.
De todas formas, la convocatoria de elecciones no va a ayudar al país a salir de la crisis y sí en cambio, lo sumiría en un descarado debate del tipo ¡Y tú más! Gastando el dinero público que no tenemos en campañas y para que, una vez constituido el nuevo Parlamento, las arcas públicas vomitaran sobre los partidos un montón de millones de euros, a prorrata del número de escaños obtenidos y los votos alcanzados. Todo ello, para seguir sin crear empleo ni efectuar las mejoras estructurales que el país reclama y seguir perdiendo competitividad y mercados, en beneficio de los que tienen un sistema electoral justo y democrático, no como el español.
Y sin solución de continuidad, el Parlament de Catalunya, después de haber aprobado el día anterior una ley que obliga a los padres de hijos adoptados a revelarles su origen antes de los 12 años, en otra clara injerencia en la vida privada de las personas al amparo del Estatut, para el pasado viernes se convocó un pleno monográfico a fin de que los grupos parlamentarios expusieran su opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya.
Pero un pleno convocado a propuesta del muy honorable presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, sin debate ni réplicas. Una especie de Los Monólogos del Parlament, nueva fórmula para que cada uno diga la suya al no haber podido llegar al final de la manifestación del 10 de julio pasado por los incidentes registrados.
Y salen los portavoces de los grupos parlamentarios que dan soporte al Estatut y condenan la sentencia y maldicen al propio Tribunal Constitucional en un ejercicio antidemocrático desde las más altas instituciones catalanas como nunca se había visto antes; a mentir y falsear la realidad, aduciendo que España insulta a Catalunya, cuando han sido esos partidos políticos los que han mandado redactar y aprobar un estatuto autonómico en el que los intereses de Catalunya están por encima de los intereses de España.
Haciendo oídos sordos a que la aprobación y la reforma de un estatuto de autonomía no dependen únicamente de la voluntad de los órganos representativos o del electorado de la comunidad autónoma. Se exige el consentimiento del Estado. Esta exigencia de intervención estatal está plenamente justificada, en que la función principal del Estatuto es fijar el reparto competencial, así como regular determinadas relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Sería absurdo que una comunidad autónoma pudiera, de manera unilateral, modificar las normas que fijan, de manera indirecta, las competencias del Estado, o que regulan sus relaciones con éste, como establece Víctor Farreres Comellas, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, en su “Derechos, Deberes y Principios en el Nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña” (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2006). Y sigue: En España existe una distribución del poder político entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esta distribución está garantizada por normas (Constitución, Estatutos) Y existe un órgano jurisdiccional (el Tribunal Constitucional fundamentalmente) que garantiza el respeto de tales normas.
La portavoz del Partido Popular de Catalunya explicó sus razones para haber interpuesto recurso de inconstitucionalidad a una serie de artículos, al igual que lo hizo el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.
El portavoz del Grupo Mixto, aprovechó su monólogo para exigir responsabilidades a quienes dieron soporte al nuevo estatuto de Catalunya y profundizar en la favorable coyuntura política que permite a esos mismos partidos eludir sus implicaciones en los casos abiertos de corrupción, Pretoria, Millet y Hotel del Palau que ha llevado a la juez a imputar a un concejal del Ayuntamiento de Barcelona y al gerente de Urbanismo.
Una semana que, en lo político, ha conseguido agrandar la brecha entre los ciudadanos y sus representantes políticos; así no vamos ni medio bien.
Por fortuna, llegan las vacaciones para los que se las han merecido y tienen posibles para disfrutarlas.