España necesita muchas reformas, cierto, la de los políticos también. Ellos, que concurren a la manifestación de la voluntad popular, deben asumir sus responsabilidades y ocupar la puerta de servicio antes que la puerta del poder. A diario nos sirven en bandeja una retahíla de problemas en lugar de resolverlos. En ocasiones, el político por si mismo ya es el problema. Le señalan y no abandona el sillón hasta que no recae condena explicita. Para muchos es su medio de vida. Jamás han trabajado en otra cosa. Por ello, el interés de su bolsillo es antes que el interés del Estado, y, a veces, están más enfrascados en proteger la seguridad de su puesto de poder que en asegurar progreso social para todos. El político decente lo dejaría al primer síntoma de sospecha.

Otra de las contrariedades es la mediocridad política, lo mejor que harían algunos es no despegar los labios. En lugar de buscar soluciones generan contiendas inútiles, absurdas, sectarias, o sea, una riada de problemas innecesarios. Como aquellos que ponen en entredicho la unidad de la nación española o la lengua de Cervantes, que tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla todos los españoles, o la independencia del poder judicial, que no debe admitir intromisión política alguna. El político honesto se apartaría de ser un ciudadano de partido y sería un ciudadano de Estado, con altura de miras, un señor libre que piensa más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, que respeta y cuida la división de poderes de Montesquieu.

Los políticos españoles, muchos de los cuales han ocultado la crisis porque ellos ni la han tenido, ni la tienen, ni la tendrán jamás, piden ahora esfuerzos colectivos, en parte para pagar la cuenta de sus derroches. El gasto público nos desborda. El político honrado tomaría el esfuerzo como deber primero, y con voluntad de Estado sobre todo lo demás, se afanaría en priorizar los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía y trataría de resolverlos, propiciando consensos y uniones, sólo así todos unidos se puede reducir el desempleo, avivar la promoción de la inclusión social y luchar contra la pobreza que cada día es más creciente en España.