WASHINGTON -- El día 30 junio, la Oficina Presupuestaria del Congreso daba a conocer sus pronósticos a largo plazo, proyectando que el déficit tenderá a descender durante unos años a medida que ceda la necesidad de gasto anti-recesión y la recaudación mejore. Pero entonces, advierte, los "insostenibles" números rojos volverán a intervenir, creando un endeudamiento que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial.

Al día siguiente mismo, la Cámara de Representantes aprobaba una resolución presupuestaria de un año de plazo que obliga a la administración a cumplir un plan fiscal de cinco años por lo menos, en lugar del procedimiento normal.

A pesar de todo el bombo que se da a las partidas presupuestarias extraordinarias y el resto de trucos del gasto público, ésta es con diferencia la peor muestra de negligencia. Y el cinismo de la maniobra no hace sino agravarlo.

Una de las víctimas de esta maniobra es la sociedad que se ha venido desarrollando entre el secretario del Comité Presupuestario del Senado Kent Conrad, de Dakota del Norte, y su homólogo Republicano en el Comité, Judd Gregg, de New Hampshire. En enero, fueron los co-auspiciadores de la legislación que constituye la Comisión Nacional de Disciplina Fiscal y Reforma, cuyas recomendaciones destinadas a cerrar la brecha presupuestaria serían avaladas por votación simple en el Congreso.

La legislación de la Comisión fue tumbada cuando siete senadores Republicanos que inicialmente la habían apoyado se ausentaron de la votación. En ese punto intervino el Presidente Obama y rescató la idea, constituyendo la comisión por decreto ejecutivo.

Ahora, en un sorprendente giro de los acontecimientos, los Demócratas se valen de la existencia de la Comisión para justificar el abandono por su parte de sus veteranas responsabilidades presupuestarias. La presidenta de la Cámara Nancy Pelosi elogiaba con soflamas el sucedáneo legislativo de un año de vida como "otra medida clave... en la restauración de la disciplina fiscal". El Representante de Carolina del Sur John Spratt, secretario del Comité presupuestario de la Cámara, lo tachaba más modestamente de "el equivalente funcional a una resolución presupuestaria tradicional".

"Son medidas disciplinarias a corto plazo", decía Spratt, "mientras la comisión fiscal aclara las recomendaciones a largo plazo".

Los Republicanos, que con acierto freían a críticas a Conrad y Gregg por ausentarse de la votación que constituye la Comisión, no iban a dejar que los Demócratas interpretaran su numerito de negociación. Paul Ryan, de Wisconsin, el principal Republicano del comité de Spratt, anuncia en una nota de prensa: "Esto no es un presupuesto. La legislación incumple los objetivos más básicos y comúnmente acordados de cualquier presupuesto. No fija ninguna prioridad legislativa; no pone en orden el gasto total, la reglamentación fiscal, el déficit ni los niveles de endeudamiento; y no tiene nada que aborde el gasto descontrolado de los programas sociales federales".

Cuando hablé con Gregg telefónicamente, él dijo que la comisión -- de la que tanto Ryan como él forman parte, y que los Demócratas están aparcando de manera manifiesta -- "sigue siendo un ejercicio de encomendarse a Dios". Su trabajo apenas ha comenzado y no se espera que presente ningún informe hasta diciembre.

Gregg especulaba diciendo que el motivo de que los Demócratas no aprobaran una resolución presupuestaria de las de verdad es que "quieren impedir que el pueblo estadounidense vea lo pesimistas que son realmente las proyecciones a cinco años".

Mi próxima llamada fue a Conrad, y no sentí sino pena por él. Había presentado realmente un presupuesto a cinco años solvente a través de su comité, pero lo remitió a la cúpula y no se presentó a votación. Ahora, decía, con las acciones escenificadas en la Cámara, "no tiene ningún sentido. No hay por donde cogerlo".

¿Cuál es la terrible ironía de todo esto? Cada vez más gente se está dando cuenta que lo que exige esta situación de agonía es una medida temporal y limitada que inyecte más vida a la economía y genere empleo, junto al compromiso riguroso de imponer verdadera disciplina en el gasto público y controlar los déficit a largo plazo -- exactamente lo que podría haber proporcionado esa resolución presupuestaria a cinco años.

Gregg y Conrad convienen en que una resolución así "daría nuevos bríos a la economía" porque las empresas atesoran reservas de 1,8 billones de dólares en sus cuentas y el consumidor acapara billones más.

De todos los momentos en los que el Congreso falta a su responsabilidad en la planificación fiscal a largo plazo, éste es el peor.