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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

¿"Reforma" financiera o venganza?

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
martes, 6 de julio de 2010, 06:05 h (CET)
"Estas reformas que salen del Congreso pedirán responsabilidades a Wall Street para poder ayudar a evitar otra crisis financiera como la que todavía estamos superando". Barack Obama, 25 de junio.

WASHINGTON -- Es un mito creer que la nueva legislación "de reforma" financiera, suponiendo que supere el trámite del Senado, nos vaya a escudar para siempre de toda crisis económica y episodio de pánico financiero. Las grandes crisis del tipo registrado en 2008 y 2009 normalmente están separadas por muchas décadas, y por tanto va a ser difícil determinar cuánta protección efectiva proporciona la legislación. Pero los ingredientes subyacentes a los episodios de pánico financiero son siempre los mismos -- incertidumbre, ignorancia y miedo -- y a éstos no hay ley que los pueda abolir de forma permanente.

Hemos tenido recientes recordatorios de lo rápido que pueden surgir sorpresas. El 6 mayo, la cotización de algunos valores estadounidenses se dejó un siniestro 5% en cuestión de minutos. Algunos valores tecnológicos quedaron momentáneamente al borde de la quiebra. El derrumbe aún no se ha entendido por completo, aunque se atribuye de forma generalizada a una interacción entre estrategias de cambio informático (en las que los ordenadores venden y compran acciones de forma automática) y distintos mercados de valores centralizados y descentralizados. Otro temor financiero ha surgido en Europa: Grecia está al borde de la quiebra. Ello podría conducir a una importante crisis de la banca si los temores a que otros gobiernos puedan faltar a sus pagos provocan grandes pérdidas a las entidades bancarias titulares de los valores de deuda pública.

Es de perogrullo decir que la mayoría de las crisis financieras no degeneran en episodios de pánico. Se evitan a través de una combinación entre el mecanismo de autocorrección de los mercados, la legislación industrial y la regulación pública. Pero la escasez de episodios de pánico no debe impedirnos reconocer la vulnerabilidad de un sistema financiero que es global y dependiente de tecnologías complejas. A finales del año 2009, por ejemplo, los estadounidenses eran propietarios de 18 billones de dólares en activos extranjeros (valores, bonos, propiedades inmobiliarias, empresas enteras) y los extranjeros eran propietarios de 21 billones de dólares en activos estadounidenses. Ni inversores ni reguladores pueden anticipar cada posible amenaza a este colosal y fluido sistema.

Lo que podría hacer la nueva legislación es reducir los riesgos de que la próxima crisis sea idéntica a la última sufrida. Podría, como dicen sus defensores, prescindir casi por completo del "demasiado grandes para permitir su quiebra".

Durante la crisis, la administración se enfrentó a la desagradable elección de rescatar a enormes instituciones financieras en la cuerda floja (Bear Stearns, AIG) o permitir que una quiebra inesperada (Lehman Brothers) desatara el pánico entre el resto de entidades e inversores. Para evitar este dilema, la legislación hace dos cosas.

En primer lugar, supervisa más estrechamente la actividad de las grandes instituciones financieras. Hasta el momento, la Reserva Federal venía vigilando a las entidades propietarias de bancos comerciales como Citigroup. Algunas instituciones relevantes -- como AIG, de actividad aseguradora principalmente -- virtualmente se salvaron de la regulación federal. Bajo la legislación, la Reserva puede abrir una auditoria y regular cualquier fondo de inversión, aseguradora o empresa de servicios financieros cuya quiebra suponga un peligro para el sistema entero.

En segundo, si la reglamentación de reservas líquidas y la regulación endurecidas no evitan pérdidas importantes, la legislación crea una forma ordenada para que las instituciones dejen de operar. Cerrarían gradualmente su actividad para impedir importantes alteraciones en el mercado; si necesitan liquidez, el gobierno puede proporcionarla temporalmente. Pero las pérdidas son asumidas en última instancia por los accionistas, los agentes de crédito y la Corporación Federal de Protección de Depósitos, financiada a través de comisiones cobradas a los bancos. (Si la Corporación se ve superada, presumiblemente se utilizará dinero público).

El problema reside en que -- en contra de la opinión generalizada -- el "demasiado grandes para permitir su quiebra" era sólo un síntoma de la crisis, no su causa básica. Ésa fue el préstamo de riesgo a la antigua usanza: las hipotecas concedidas a prestatarios incapaces de amortizar el crédito. El pánico estalló porque nadie conocía con certeza el volumen ni la ubicación de las pérdidas, estimadas hoy por encima del billón de dólares. Irónicamente, la legislación puede debilitar la capacidad de la administración de atajar futuros episodios de pánico al restringir -- de formas muy técnicas -- las competencias que permiten a la Reserva prestar dinero a las instituciones castigadas por los episodios de pánico en medio de la crisis.

La legislación tiene otros agujeros. No aclara el futuro de Fannie Mae y Freddie Mac, las hipotecarias creadas federalmente cuyas relajadas prácticas contribuyeron a la crisis. Tampoco hay mucho que despierte la titularización del mercado privado -- la práctica de comercializar paquetes de préstamos individuales (hipotecas, préstamos al consumo) en forma de títulos. Esta importante fuente de crédito se ha venido abajo, perdiendo más del 90% de su actividad desde el año 2006. Un punto débil era que las agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's) nunca verificaban la solidez de los préstamos por separado. El resultado: "hipotecas falsificadas" con información imprecisa. Pero la legislación no obliga a las agencias de calificación -- ni a nadie -- a abrir auditorias selectivas a los préstamos individuales. Sin eso, los inversores pueden evitar gran parte de las "operaciones de titularización".

Lo que se ha venido en llamar "reforma financiera" tiene una doble motivación: estabilizar los mercados financieros y castigar a "Wall Street" por la crisis. Mucho de lo contenido en la legislación (una agencia de protección del pequeño inversor, restricciones a las operaciones de cambio "privado" entre los bancos) se deja a los reguladores y nadie puede conocer el resultado final. Podría ser una mayor estabilidad, la sobrerregulación, o la dispersión de las actividades de riesgo por instituciones reguladas de forma superficial. La historia juzgará en última instancia si esto tiene derecho a llamarse "reforma" genuina - o simplemente venganza.

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