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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

El Estatut sentenciado

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 5 de julio de 2010, 06:02 h (CET)
Cabe recordar la naturaleza y el porqué del bodrio de la redacción de un estatuto nuevo para Catalunya. Pasqual Maragall (CPC – PSC) perdió las elecciones al Parlament en 2003 ante Artur Mas (CiU) aún con haber obtenido mayor número de votos, pero las circunscripciones mandan; si no, que se lo pregunten a Llamazares (IU).

Para conseguir ser presidente de la Generalitat, Maragall se coaligó con José Luis Carod-Rovira, a condición de marcar el camino hacia la independencia. Maragall que no es independentista pero que anhelaba por encima de todo ser Honorable President, la vanidad manda, al margen de lo que hubiese decido la ciudadanía en las urnas, se abrazó a Carod-Rovira y, seguramente con lágrimas en los ojos, le dijo: contigo al fin de lo que sea.

Inicialmente, el nuevo Govern que dejaba fuera al partido más votado, como la Constitución aprueba en un alarde de su necesaria modificación, pues es una perversidad democrática que la aritmética electoral lo permita, como en Canarias o el País Vasco, comienza a deliberar la posible reforma de la propia Constitución. Pero al ser conscientes de que para ello se necesita la colaboración imprescindible del PP, convienen en redactar un nuevo estatuto de autonomía que para ello sólo dependen de si mismos.

Y comienza el largo peregrinar de la redacción, bajo el embustero manto de que un clamor popular lo solicita. Lo que CiU no hizo en más de veinte años de gobierno, lo hará ahora el gobierno catalanista y de izquierdas pregonan, como si después del Estatut de 1979 se tuviese que redactar otro al día siguiente.

Jordi Pujol que tiene muchas virtudes como estadista y también muchos defectos, consiguió cotas de autogobierno no contempladas en el estatuto mediante la negociación política; como el despliegue de la policía autonómica en las carreteras. Pero el Tripartito que por lo visto es más listo que nadie, se aferra al exabrupto de Zapatero en la campaña al Congreso: “Aprobaré –como si fuera cosa suya– el estatuto que salga de Catalunya”; en el bien entendido que en ningún caso sería presidente de gobierno en aquellos momentos. Pero la política, como el fútbol, los viajes interplanetarios y los matrimonios gays, tienen sus vicisitudes varias y en ocasiones sucede lo inesperado y Zapatero se alza con el trofeo final cuando no era el favorito ni de lejos.

Enardecido el Tripartito con el triunfo de Zapatero, redactan un estatuto infumable a todas luces desde el punto de vista constitucional y del intervencionismo en la vida ciudadana de los catalanes que aprueba el 85% del Parlament de Catalunya, con los votos en contra de PPC y Ciutadans.

El periplo del estatuto en el Congreso de Diputados es de sobra conocido y Alfonso Guerra que tiene mucho que callar pero que a la sazón es el presidente de la Comisión Constitucional, se ocupa de pasarle la garlopa al estatuto, como vocea sin rubor.

El proyecto de estatuto pasa también el trámite del Senado y, en otra muestra flagrante de lo necesario de una mejora de la Constitución, se aprueba en un referendo catalán, con una abstención superior al 50% y algo más del 30% del censo que le da el sí, con el voto en contra de ERC de Carod-Rovira que había sido expulsado del gobierno catalán por su apología del no.

Es claro que un referendo de esta naturaleza requiere de unas mayorías cualificadas, al menos en primera vuelta.

Como al PP catalán no se le permitió introducir ni una sola propuesta en el texto durante su redacción por la ponencia como extensión al Pacto del Tinell por el que el Tripartito abominaba del PPC, lo que perfecciona la ceguera democrática del propio Tripartito, el PP presenta ante el Tribunal Constitucional una serie de enmiendas al texto por exceder hasta el mismo espíritu de la Constitución. Presenta también enmiendas el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas que consideran que Catalunya no debe ser más que nadie.

El TC tarda cuatro años en publicar su sentencia, de la que no se conocen a la fecha de redactar este artículo sus fundamentos de derecho, sobre la constitucionalidad del nuevo estatuto de Catalunya, soportando las asfixiantes presiones políticas de propios y extraños.

Hasta el paroxismo de la presión que hace la Generalitat para que el propio TC se descalifique a si mismo, incapacitándose para dar opinión sobre el Estatut por ser una “institución caducada”. Mientras, la Generalitat sigue enviando al TC reclamaciones de inconstitucionalidad sobre otras materias; aquí cada uno cuenta la feria según le va.

Publicada la sentencia el pasado 28 de junio, el primero en descalificarse a si mismo es el propio y muy honorable presidente de la Generalitat, José Montilla, leyendo un mensaje de descalificación del TC que seguramente y en otras circunstancias, la Fiscalía debería tomar medidas por los insultos y menosprecio de un órgano del Estado como es el TC. Vergüenza para todos los catalanes de bien que no se sienten manipulados por los partidos impulsores del estatuto, a sabiendas de que una parte considerable de su contenido era desde buen principio inconstitucional.

A este respecto cabe recordar también que una de las justificaciones importantes para la redacción del nuevo estatuto era la mejora de la financiación de Catalunya que “ha estado siempre explotada por Madrit”. Cuando finalmente, en un derroche de conformismo, la Generalitat aprueba que la financiación sea como la de todas las comunidades autónomas, dentro de la LOFCA, a excepción de País Vasco y Navarra que esgrimieron en su día los entresijos del terrorismo para consolidar su Concierto Económico dentro de la Constitución misma.

Ahora, con el Estatut sentenciado finalmente por el TC y siendo manifiesto a los ojos del TC que es quien entiende de la Constitución, que una serie de artículos desbordan el ámbito constitucional y otros precisan de interpretación, los padres políticos del Estatut se rasgan las vestiduras y el propio Montilla, todo y con rebajar su tono después de su primera y desafortunada intervención a este respecto, convocan a la ciudadanía catalana a la movilización callejera, porque “España no nos quiere”. España ha roto el consenso constitucional, vociferan, cuando es el propio Estatut quien primeramente ha violentado el marco constitucional con su normativa.

A nadie se ha oído decir que la pretensión catalana de autogobierno vertida en el estatuto original no sea legítima; es inconstitucional. O se cambia la Constitución o se rompe con ella que es lo que se ha pretendido, en una manifestación palpable de ineptitud política de los partidos catalanes que lo apoyan. Se consigue más con buenas artes políticas y dotes inteligentes que con normativas unilaterales al estilo trágala; y esto reza para ambas partes.

El Govern de Catalunya no se acaba su capacidad de autogobierno pero quiere tener más; es como el glotón empachado de tanto comer y lo sigue haciendo con los ojos pues en ningún caso podrá con todo.

Por otra parte, tanto autogobierno como solicitan los políticos implicados y han sido incapaces de descubrir la corrupción nacional en Catalunya que está salpicando más de lo previsto; tuvo que ser la Audiencia Nacional de Garzón y la Fiscalía quienes descubrieran el caso Pretoria y el del Palau de la Música, pues nadie hizo caso de los informes de la Sindicatura de Cuentas que apuntaba las irregularidades.

La sentencia del Estatut es buen opio para el pueblo y distrae a la ciudadanía de los tejemanejes para la presunta malversación de fondos públicos a través del urbanismo y las fundaciones públicas.

Mejor no pensar en lo que no ha salido aún.

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