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¿De quién es el Tribunal Supremo?
E. J. Dionne
WASHINGTON -- La vista de confirmación de Elena Kagan para ocupar la vacante del Supremo esta semana marcará un antes y un después en la forma en que los izquierdistas defienden sus ideas del estamento judicial.
Los senadores Demócratas planean hacer del derecho de la ciudadanía a desafiar el poder del sector privado la piedra angular de su crítica al ejercicio judicial activista conservador, ofreciendo una línea argumental que no ha sido integralmente utilizada desde los días del magistrado de la Era Progresista Louis Brandeis.
Fue Brandeis quien advertía de la "concentración de poder económico" y observaba que "las llamadas corporaciones privadas son capaces en ocasiones de dominar la administración".
Nada de esto significa que la candidatura de Kagan corra peligro. Por el contrario, será aprobada con facilidad y debería serlo. Se mostrará tranquila y tranquilizadora durante sus vistas que comienzan el lunes. Y a menos que vivamos en una era de dobles raseros partidistas, no se le puede pedir ser más clara en sus opiniones de lo que lo fueron el magistrado presidente de la sala John Roberts o el juez Samuel Alito.
Pero si la labor de Kagan consiste en ser elevada al cargo, la tarea de los miembros progresistas del Comité Judicial del Senado consiste en invertir los efectos de años de propaganda conservadora acerca de los riesgos de nuestros debates acerca de la instancia judicial más elevada de nuestro país.
Ellos alejarán el debate de las cuestiones sociales candentes que han sido una distracción del tema principal: el uso del Tribunal Supremo como reducto frente a la legislación progresista, el derecho de los demandantes a llevar ante la justicia a las corporaciones, y la capacidad del sistema político de protegerse contra la corrupción.
Liderando la carga hay dos senadores Demócratas recién elegidos libres de los obstáculos impuestos por polémicas del pasado, Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, y Al Franken, de Minnesota.
Whitehouse, antiguo fiscal general de su estado, fue una de las voces más preclaras durante la vista de confirmación de Sonia Sotomayor el pasado año. Luchó - en gran medida en vano - contra los esfuerzos de los Republicanos por convertir la vista en un mitin a favor de una definición de "contención judicial" que obligaría a los magistrados a suscribir todo lo contenido casualmente en el programa conservador.
Es asombrosa la frecuencia con la que los jueces conservadores se valen de la "intencionalidad original" de nuestros Fundadores para concluir que Jefferson, Hamilton y Madison eran simplemente miembros acreditados de la Unión Conservadora Americana.
Esta vez, Whitehouse me decía que planea centrarse en la forma en que las salas conservadoras han limitado los derechos de los demandantes a demandar a las empresas y con pruebas que pueden ser aceptadas.
"Las corporaciones huyen de los jurados", dice Whitehouse. "Es la parte de la administración que no se puede comprar". Unirá esta línea argumental con el cuestionamiento del decepcionante fallo del Supremo en el caso de Citizens United, que reconoce a las corporaciones el derecho virtualmente ilimitado a gastar dinero para influir en las elecciones. Invocando la metáfora arbitral famosa gracias a Roberts, Whitehouse señala que "las empresas tienen una línea de meta diferente en el Supremo que la gente corriente".
Franken anticipaba su propio enfoque a principios de este mes en un poderoso discurso ante la Sociedad Constitucional Estadounidense que ya ha decepcionado a los conservadores. Franken argumentaba que la derecha ha dominado el debate judicial sugiriendo que "los fallos de la sala no importan a la gente de a pie" a base de centrarse en casos que implican la interrupción del embarazo a partir del sexto mes, la quema de la bandera y la pornografía.
Ha llegado la hora, decía Franken en una entrevista, de que los progresistas reconozcan que la sentencia Roe vs. Wade ha desviado la atención de lo que hoy es el núcleo de la polémica judicial: la capacidad de los individuos de defender sus derechos frente a las corporaciones.
"Si paga con tarjeta, si trabaja, si bebe agua, el tribunal le afecta de lleno", decía. "Roe es importante, pero hay áreas enteras de las que no hablamos".
En su discurso, Franken citaba una larga lista de fallos conservadores que afectaron mucho al ciudadano medio: los fallos contra los derechos de accionistas, contra la lucha obrera por las pensiones, contra los pequeños empresarios que luchan contra el concierto de precios entre las grandes, contra los ecologistas que tratan de proteger pantanos - y, mire por donde, a favor de Exxon cuando impuso límites a las compensaciones de los damnificados por la marea negra del Exxon Valdés.
¿Cómo va a afectar este debate a Kagan? La pone en la posición idónea para decir a los senadores Republicanos lo que dicen querer escuchar: que es contraria a "legislar desde el estrado".
En este momento histórico, esas palabras indicarían su negativa a sumarse a la mayoría conservadora de la sala decidida a ampliar el poder del sector privado y minar el derecho de las ramas de nuestra administración a legislar y regular en bien de la nación.
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