BOSTON -- Se les llama "bebés ancla" -- los hijos nacidos de inmigrantes residentes de forma ilegal en Estados Unidos -- y crece la presión favorable a cambiar el significado de la Decimocuarta Enmienda para negarles la ciudadanía automática.

91 legisladores del Congreso se han presentado como auspiciadores de un anteproyecto que hace precisamente eso. Fue remitido a la Cámara el pasado año por el Republicano de Georgia Nathan Deal. Mientras tanto, los defensores de la dura medida antiinmigrantes de Arizona están redactando una legislación que niega las partidas de nacimiento a estos recién nacidos. Se están proponiendo legislaciones parecidas en otros estados.

Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que reconocen lo que se llama "ciudadanía de naturalización". Los detractores de la práctica afirman que invita a los inmigrantes a entrar de forma ilegal en el país con la engañosa estrategia de tener un hijo como "ancla" de la ciudadanía, a través del cual el resto de la familia puede solicitar el visado de reagrupación y tener acceso a los empleos y las ayudas sociales estadounidenses.

Pero poner fin al derecho de naturalización puede ser la peor idea del debate de la inmigración. Da de lleno en el corazón de la identidad estadounidense, castiga a todos los americanos obligándoles a acreditar su ciudadanía, se carga dos siglos de jurisprudencia y legislación, y tan apenas logra resolver la inmigración ilegal.

La Decimocuarta Enmienda reza: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que fijan su residencia".

Los partidarios de la enmienda reinterpretan la fórmula "y sujetas a la jurisdicción de". Ellos argumentan que los inmigrantes sin papeles no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, y que el Congreso, actuando en 1866 al final de la Guerra Civil, pretendía que la enmienda se aplicara únicamente a los esclavos recién liberados.

Vuelva atrás, no obstante, y lea la transcripción del debate de 1866 en el Senado y encontrará que tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra de la enmienda reconocían puntualmente su validez para los inmigrantes ilegales. Un senador de Pennsylvania, por ejemplo, se oponía al reconocimiento de la ciudadanía de los hijos de los extranjeros que regularmente cometieran "apropiación indebida" dentro de territorio soberano. El motivo de inquietud eran por entonces los hijos de los gitanos y los chinos.

Pero el Congreso y los estados que ratificaban la Constitución por entonces decidieron respaldar en lugar de eso el principio fundador de la república fundamental para la construcción pacífica de una nación multiétnica de inmigrantes, al margen de lo imperfecta que fuera. En un mundo plagado de sangrientos conflictos étnicos, esa inquietud sigue teniendo validez hoy.

El Tribunal Supremo ha confirmado la validez el derecho de naturalización con regularidad, más recientemente en el caso Plyler contra Doe de 1982, en el que los nueve magistrados convinieron en que la Decimocuarta Enmienda se aplica por igual a inmigrantes regulares e irregulares, y la mayoría dictaminó que Texas tenía que ofrecer una educación pública a los hijos de inmigrantes en situación irregular.

Derogar el derecho de naturalización crea además un caos práctico. Todos los estadounidenses tendrían que acreditar su ciudadanía. Las partidas de nacimiento ya no servirían; nosotros carecemos de un registro nacional de ciudadanos.

Como dice la profesora de West Point Margaret Stock: "El gobierno tendría que decidir la ciudadanía de cada niño nacido en territorio estadounidense basándose en normas extraordinariamente complejas de ciudadanía derivada, o ciudadanía consanguínea. En la actualidad se tarda más de un año en tomar tales decisiones, y el proceso es caro y está plagado de errores.

Los detractores del reconocimiento confunden el ecosistema histórico de la frontera mexicano-estadounidense con los inmigrantes ilegales en general. Las mexicanas embarazadas procedentes de municipios fronterizos cruzan de forma rutinaria la frontera para tener a sus hijos en Estados Unidos. Pero sus ampliadas familias han cruzado la frontera con frecuencia durante un siglo o más. Las mujeres tienden a pertenecer a la clase media, pagan por anticipado la estancia hospitalaria en efectivo y se vuelven a casa, aunque sus hijos pueden volver algún día.

Un puñado de turistas hacen lo mismo, pero el total es minúsculo. Significativos son los 4 millones de menores en el año 2008 con un progenitor o más en situación irregular repartidos por todo el país, según el Pew Hispanic Center. Las historias repetidas, sin embargo, demuestran que sus padres vinieron en busca de empleo y para crear una familia. Los hijos son normalmente producto de la vida cotidiana, y no de una estrategia migratoria. Los padres no tienen derecho a recibir ayudas sociales ni la ciudadanía hasta después de que el hijo cumpla los 21 años.

La mejora de las medidas legales ha reducido de forma dramática el flujo de la inmigración ilegal. Lo que hace falta ahora es una reforma integral de la inmigración para cortar los flecos. Hablar del derecho de naturalización es un engaño imprudente destinado a desviar la atención.