Juez titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, ha decretado prisión provisional sin fianza para Félix Millet, expresidente del Palau de la Música Catalana y a su hombre de confianza, Jordi Montull, por un supuesto delito urbanístico que este lunes llevará a declarar por tal asunto ante su señoría de Rosa Palacio, al mismísimo consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, hombre fuerte de José Montilla.

La joven juez Miriam de Rosa Palacio (37) admitió a trámite la querella de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el proyecto urbanístico de un hotel de lujo que se iba a ubicar en las calles Sant Pere Mes Alt y Amadeu Vives, junto al Palau de la Música. Tomó declaración a Millet y a Montull como imputados y decidió su inmediato ingreso en prisión.

La decisión de la juez ha sorprendido a unos y agradado a muchos que entendieron que siendo Millet y Montull confesos de haber robado dinero del Palau, no fueron enviados a prisión por el juez Julio Solaz que lleva el caso del expolio al Palau. Miriam de Rosa entiende que es otro asunto el de las irregularidades urbanísticas admitiéndolo a trámite y sin inhibirse a favor del juez Solaz.

El intríngulis de este asunto urbanístico consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Barcelona hiciera un cambio de usos –recalificación– de unos inmuebles destinados a centro docente por el de vivienda para la construcción del hotel. El cambio era en realidad un canje: un edificio del mismo barrio, propiedad de la Generalitat de Catalunya y particularmente de la Consejería de Economía con la calificación de vivienda pero que es utilizado como equipamiento, debía ceder su calificación a favor de los edificios que debían albergar el hotel. La cuestión es que no parece que el canje de usos hubiera seguido el procedimiento ortodoxo y de ahí la querella de la Fiscalía. El cambio de usos no llegó a perfeccionarse al no haber sido publicado por el boletín oficial, por los pelos.

La perversión del asunto radica en la propia normativa que permite el chalaneo de los cambios de uso de unos inmuebles por otros. Ésta y otras normas son las que propician los desaguisados urbanísticos, los enriquecimientos ilícitos, la corrupción y, al final, el incremento injustificado del precio de la vivienda. Así se han modificado las ciudades y creado barrios y núcleos urbanos nuevos, contribuyendo al boom y consecuente fracaso de la construcción. Es lo que se denominó la burbuja inmobiliaria.

Lo que se desea ponga en claro la juez de Rosa Palacio, es, por lo menos, toda la trama de este aparente contubernio urbanístico puntual que va a dar mucho que hablar y no es sino la punta del iceberg de lo que responsables de administraciones urbanísticas han consentido. Y en muchos casos, se han lucrado también con tan execrable mercadeo, a espaldas de la ciudadanía quien es la que sufre al final tanta arbitrariedad.

A este respecto, se ha oído ya la voz del próximo compareciente ante la juez, Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas, quien al parecer afirmó que sobre este caso de la “transferencia” del uso del edificio propiedad de su departamento con la consiguiente pérdida patrimonial que los del Palau debían enjugar, tan sólo se limitó a plasmar su firma en el documento de ratificación. Parece que no valora en mucho su firma este consejero o tal vez desconoce el alcance de rubricar un documento si así se ha expresado.

Se mire por donde se mire, este hecho que la Justicia deberá esclarecer, es uno más de los continuos descomedimientos que asaltan tenazmente la vida ciudadana y ponen en tela de juicio toda la actuación de los servidores públicos electos o designados; se hace difícil desgajar las actuaciones públicas y honestas que sin duda son la mayoría, de tanto desmán al que hay que poner coto. Pero cuando estos hechos salen a la luz, los mandarines de la política se vuelcan en desvirtuar los hechos, diluir responsabilidades cuando no eludirlas sinvergüenzamente y echar tierra sobre todo ello, lo que refuerza la idea de que las cloacas de la política están a rebosar de inmundicia.

La gente de a pie se apresura en dar respaldo a la joven juez, Miriam de Rosa Palacio; que siga sin temblarle el pulso como en su primera decisión de enviar a la cárcel preventivamente a los sospechosos con el fin de que se preserven las pruebas del caso y no se interfiera en el testimonio que han de dar otros y, de entre ellos, algunos políticos de renombre que, en el mejor de los casos, deberán aceptar la negligencia de sus actuaciones en este caso, cuando no demostrar que no prevaricaron en su propio beneficio personal.

Descabalgado el juez Garzón de sus competencias por la presión de tantos políticos a cuyos partidos ha demostrado implicaciones en ilícitos penales, la juez Miriam de Rosa Palacio aporta otra bocanada de aire fresco a la hora de demostrar que todos son iguales ante la Ley; se pongan como se pongan. Uno se resiste a creer lo que dijo el alcalde Pacheco, aquello de que la justicia es un cachondeo.

Ya está bien de tanto guirigay en la administración urbanística y en la de la justicia; no cabe entender que conociendo los antecedentes de Félix Millet en el caso Renta Catalana, que fue condenado por la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de octubre de 1984 por delito de falsedad en documento mercantil, llegase a ser administrador del Palau de la Música y presuntamente malversara más de 30 millones de euros, sin producir impagados en el Palau y disponiendo a su antojo de ese dinero público, por innegable dejación de funciones de quienes tienen la obligación de controlar las subvenciones públicas a las fundaciones. Y a la vista del destino de muchas de las donaciones del Palau a entidades políticas, hace parecer que era una trama urdida precisamente con tal finalidad, de la que Millet sospechosamente, se lucraba de paso personalmente.