Tengo la impresión de que los que han estado tratando el tema de Cataluña, desde el gobierno central de Madrid, no han sabido, no han tenido el atino de dar con el talón de Aquiles de los políticos y partidos catalanes, que han estado manteniendo en jaque a España y que han sabido utilizar, con bastante habilidad, los trucos para ir avanzando mientras el resto de España seguía sin encontrar la vacuna que lograra pararles los pies a los catalanes levantiscos, que han estado poniendo en un brete, a todos los gobiernos de España, que han intentado acabar, de una vez, con el problema de independentismo, que llevamos arrastrando desde hace años.

Parece mentira que teniéndolo tan fácil, disponiendo de una medida de gran eficacia para mantener a los separatistas dentro de la disciplina del Estado; pudiendo aplicar un método sumamente efectivo y especialmente eficaz para meter en cintura a todos estos personajes que han venido haciendo alarde de catalanismo, de ansias independentistas y de incumplimiento de las leyes; a ninguna de las autoridades españolas ni a ninguno de los miembros del Ejecutivo no se le haya ocurrido y, si se les ha ocurrido, no le han dado la suficiente importancia para intentar aplicarlo. Está visto que en Cataluña, el cariño por el dinero; la afición para recaudar riqueza y el afán para hacerse un patrimonio para cuando uno ya no esté en condiciones de trabajar o le haya llegado la edad del retiro, para no depender, únicamente, de la pensión de la Seguridad Social ni de sus actualizaciones; en el caso de que se produjeran o que lo hicieran en una cantidad mínima ( como es la que hace unos años que se aumenta), aunque nuestros gobernantes intenten darles bombo para ocultar la ridiculez del aumento.

En lugar de que el Gobierno, cayera, una vez y otra, en la trampa de ir solucionando los problemas económicos de los que hacen gala los gobiernos de la Generalitat, mediante el socorrido recurso de irles inyectando millones de euros a través del FLA, sin que, por otra parte, las cantidades millonarias que se les transfieran hayan tenido, hasta ahora, otro resultado que el de ir disminuyendo las arcas estatales, sin que hayan servido para otra cosa que para que los separatistas catalanes hayan conseguido ir financiando sus preparativos para, poco a poco, ir haciendo el montaje y la infraestructura de lo que pretenden que, dentro de unos meses, se convierta en la “nación lliure catalana”; quizá hubiera resultado más práctico, más inmediato mucho más doloroso para todos aquellos que siguen intrigando para separar a Cataluña de España, el recurrir a un método más sencillo, más eficaz y más barato, para España y los españoles; consistente en cerrar el grifo de la financiación, impedir que ni un solo euro fuera desviado para cuestiones relacionadas con los preparativos para impulsar la independencia de este pedazo de la patria española y utilizar el procedimiento de sanción económica para todos aquellos que se involucraran en alguna manera, en fomentar, oralmente o por escrito, el separatismo o se implicaran en tareas de captación de adeptos o se convirtieran en propagandísticos activos de ideas rupturistas de la comunidad catalana respecto al resto de la nación española.

Sabido es el apego de los catalanes por el contenido de sus monederos. Si todos aquellos que se dedican a insultar a España a través de actos ofensivos a los españoles o España, fueran sancionadas con una fuerte sanción económica; si los activistas que predican por las calles la revolución o el abandono de la disciplina constitucional de la nación española, recibieran la orden de desembolsar unos cuantos cientos de miles de euros, como castigo por su delito; tenemos la impresión de que no pasaría mucho tiempo antes de que, algunos de los más destacados líderes de la propuesta secesionistas ,empezaran a reconsiderar sus planteamientos y dejaran que fueran otros los que mantuvieran inhiesta la bandera estelada, síntoma de la revolución independentista de los catalanes.

Una declaración institucional en el Parlamento catalán, en contra de la nación española, cinco millones de euros a pagar por los firmantes; una manifestación del señor Puigdemont en contra del gobierno del país, otros cinco millones de euros; cualquier intento de manifestarse para pedir la separación de España, otros diez millones de euros para que los pagaran sus organizadores. Nada de requisitorias sin ningún efecto, ni de avisos del TC o de advertencias por parte del Gobierno, amenazando con la cárcel u otro tipo de sanciones parecidas. Por el contrario, acudir a lo que más les podría doler, a aquella sanción que mayor impacto les pudiera producir: ¡tocarles la bolsa en la que guardan sus riquezas y aligerarles del contenido de éstas!

Lo cierto es que el desmadre que existe, en la política catalana, parece que no tiene otro remedio que entrar a saco aplicando a rajatabla la justicia y con la implantación de políticas correctoras que pudieran impedir que, todos los cambios que los actuales gobernantes municipales y autonómicos se han dedicado a poner en práctica con la intención de instaurar, unilateralmente, un país en el que imperaran nuevas leyes y se aplicaran, como se está intentando, imposiciones de carácter marxista o comunista, encaminadas a conseguir una separación efectiva y, a la vez, la implantación ( como es evidente que se iba a producir) de un tipo de sistema político de extrema izquierda con el que se iba a conseguir que, las instituciones españolas, cayeran en manos de sujetos totalitarios cuyo único objetivo era crear el caos, en España, del que se pudieran beneficiar todos aquellos partidarios de instaurar un régimen de izquierdas, gobernado por individuos de la ralea y demagogia de los actuales dirigentes de Podemos, que, como está visto, no tienen otros objetivos que repartirse entre ellos los cargos y, de paso, establecerse a perpetuidad en las instituciones como ha sucedido en la república venezolana convertida, por arte y parte del señor Nicolás Maduro, en ejemplo a seguir por quienes fueron, previamente, aleccionados por el gran tetrarca pro-soviético.

El caso es que, un juez que fue privado de sus prerrogativas como tal por haber prevaricado y redactado una constitución para la “futura” nación catalana, un tal Santiago Vidal; como les suele ocurrir a todos estos juristas ganados por el comunismo, no ha tenido reparo en decir que la Generalitat de Cataluña ha conseguido recopilar los datos personales de todos los catalanes que residen en esta comunidad. Como era de esperar los directivos de la Generalitat catalana se ha apresurado a negarlo y a desautorizar al señor Vidal, diciendo que no era verdad y que tal afirmación carecía de base alguna. En todo caso no es difícil aceptar, de semejantes personajes, tan poco respetuosos con las leyes nacionales, que se hubieran dedicado a obtener los datos íntimos de los ciudadanos para tener un control inmediato sobre cada uno de los habitantes de Cataluña y obtener, de primera mano, la información de lo que son, lo que piensan, los antecedentes políticos y los demás datos que les pudieran serles de utilidad para, en un momento determinado, poder ejercer presión sobre cada persona para que optaran por una determinada opción política. Dicen que el fiscal del Estado ha tomado cartas en el asunto y que ha pedido que se iniciaran diligencias previas, para averiguar lo que hay de cierto en todos estos escabrosos temas.

Mientras tanto, el famoso teatro de ópera y ballets catalán, El Liceo, situado en la céntrica Rambla barcelonesa, parece que está languideciendo y se teme lo peor si no hay alguien que ayude a reanimarlo. Las izquierdas catalanas no parecen demasiado decididas a poner un sólo euro en la tarea de revitalizarlo y, como suele ocurrir más a menudo de lo que sería deseable, los directivos del teatro catalán, han vuelto sus ojos hacia el Gobierno, solicitando que sea el Estado español el que, como ya se ha convertido en costumbre, acuda a su rescate. Parece ser que, desde Madrid, la contestación ha sido el negar poner dinero para el rescate, aunque parece que estarían dispuesto a actuar de avalistas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, lanzamos nuestra sugerencia respecto a enfocar el tema catalán desde el aspecto económico más que desde el punto de vista de una amenaza a la sanción jurídica que, aunque evidentemente se debería aplicar, sin embargo, es muy posible que cerrando la espita de las subvenciones y vigilando que, ni un sólo centavo pudiera dedicarse a promover ningún aspecto del llamado “process”, para evitar que éste pueda seguir avanzando a causa del ahogo económico al que es sometido.