WASHINGTON -- El Pentágono no lo quiere. El Secretario de Defensa Robert Gates dice que es innecesario. El ex Presidente George W. Bush estaba en contra, como Barack Obama, que ha amenazado con vetar el anteproyecto de asignación de la defensa que lo incluye.

Entonces, ¿por qué tantos congresistas votaron a favor de la "partida presupuestaria" de 485 millones de dólares destinada a General Electric y Rolls-Royce para continuar el desarrollo de un motor alternativo para un caza, el F-35 Joint Strike?

En un extraño gesto de bipartidismo en medio de promesas de recortar el gasto y limitar el déficit, todo el mundo, desde los Demócratas conservadores a los miembros del Comité Progresista pasando por el Comité Republicano de Estudio (RSC) aprueba la financiación al motor extra. ¿Qué pasa aquí?

De esto, se puede deducir que los que votaron a favor del motor lo han hecho de forma irresponsable. Eso apunta la rumorología procedente del Capitolio los últimos días, cortesía de Pratt & Whitney, empresa que fabrica el motor que actualmente se utiliza en el caza Strike Fighter, bajo un contrato exclusivo que da el monopolio a la compañía.

Yo fui una de las interesadas en el punto de mira de la maquinaria de relaciones públicas de Pratt & Whitney. Un correo electrónico llegó a mi bandeja argumentando que hay principios que se están viendo comprometidos por los congresistas.

Incluida en el correo electrónico aparecía la siguiente información:

De los 32 miembros del Comité Republicano que suscribieron la promesa de no aprobar partidas presupuestarias extraordinarias, 17 votaron a favor de la partida del motor, incluyendo al secretario del Comité Tom Price, al secretario de la oposición John Boehner, el coordinador de la oposición Eric Cantor y el Presidente de la Conferencia Republicana Mike Pence.

No hay nada tremendamente sorprendente en unos Republicanos que votan a favor de un programa favorable al mercado que mejora la defensa. Por otra parte, en un momento en que el recorte del gasto no es tanto una opción como un imperativo, ¿por qué no evitar la redundancia y dedicar los fondos de desarrollo a otra cosa -- o a nada?

Sigo leyendo: 23 congresistas de la Coalición Demócrata Conservadora que han prometido recortar el gasto votaron a favor de la "partida". Lo mismo de 29 miembros del Comité Progresista, incluyendo dos de los vicepresidentes, los Representantes Demócratas Diane Watson y Dennis Kucinich.

Espera, ¿el Kucinich del amor y la paz y las palomas blancas votó a favor? Algo huele peor que las arruinadas costas del Golfo de México.

Las teorías conspirativas proliferan. Una de las populares entre los conservadores es que Pratt & Whitney trabaja con el colectivo de supervisión pública Citizens Against Government Waste con intención de caracterizar a aquellos que votaron a favor de la "partida" como manirrotos carentes de cualquier principio. Una captura de pantalla de un anuncio pro-Pratt & Whitney producido por CAGW (http://tinyurl.com/2wn22hm) demuestra que lo paga Pratt & Whitney. El St. Petersburg Times informa que los dos partidos dijeron que "el traspiés" fue un error.

Erin Dick, portavoz de Pratt & Whitney, me dice en un correo electrónico que "por cuestiones de administración, no facilitamos los nombres de las organizaciones a las que financiamos". Otros colectivos contrarios al motor incluyen a Contribuyentes en Defensa del Sentido Común, el Centro para el Progreso Estadounidense, el Proyecto de Supervisión Pública y el Instituto Lexington.

Puede haber razones legítimas para oponerse al motor extra, pero también existe otra forma de interpretar los votos a favor. Me gustaría llamarlo libre mercado, en donde la competencia conduce con frecuencia a precios más bajos y mejor calidad. La Oficina de Supervisión Pública, que ha estudiado el tema, concluye que aunque el programa del motor alternativo cuesta significativamente más que un programa único, a largo plazo puede reducir el coste hasta un 12%.

Siendo prácticos, también está la preocupación real porque disponer de un motor único pueda comprometer la seguridad nacional. A pesar del acuerdo exclusivo en vigor, hacia el año 2035 el caza F-35 supondrá el 95% de nuestra flota de ataque, según el Instituto de Análisis de la Defensa.

Finalmente, aunque la financiación presupuestaria está siendo caracterizada por sus detractores como una partida de interés político, no tiene nada de eso. Según el reglamento de la Cámara, una partida presupuestaria es una petición para aprobar o asignar fondos a una entidad o municipio concreto que está obstaculizando el proceso de concurso público. El Congreso lleva años financiando el segundo motor para garantizar la competencia, y el Comité de las Fuerzas Armadas ha apoyado desde hace mucho esta competencia como imperativo de la seguridad nacional con el apoyo bipartidista.

Que GE/Rolls-Royce o Pratt & Whitney sepan fabricar un motor mejor o no, o que necesitemos o no un motor de respaldo, son cuestiones a determinar por otros. El proyecto de la defensa en el Senado, que ha sido aprobado en Comité, no incluye la financiación al motor extra y aún tiene que llegar al estrado del Senado. Pero no hay lugar en que la competencia tenga más sentido - y la rumorología menos - que en nuestras herramientas de defensa.

A veces una partida extraordinaria es buena. Y a veces un colectivo de supervisión pública puede fingir.