Los jueces, más preocupados de que las puñetas de la bocamanga de sus togas luzcan impolutas y bien planchadas, están haciendo buena la maldición calé de “pleitos tengas y los ganes”. La justicia, además de ser ciega en algunas ocasiones, es lenta y cara, en alguna ocasión, mientras estudiaba Derecho en la Facultad de Valencia, escuche decir que la judicatura era como una religión, hoy estoy por afirmar que más bien se trata de una secta que tan sólo mira por sus derechos. Algunos jueces se han constituido, o eso parece, en un poder dentro del Estado de derecho y el común de los mortales tiene un miedo atávico a presentarse ante sus señorías pues nunca se sabe de qué lado les puede venir el palo.

La lentitud de los jueces para resolver los casos es ya proverbial en el sistema judicial español, puede que los letrados defensores con mil artimañas legales hagan que los pleitos sean interminables o puede que sigan funcionando las antiguas “astillas” que consiguen adelantar o atrasar un litigio siempre que el abogado pertinente sepa “untar” pertinente al funcionario de turno para que su expediente suba o baje en el montón de legajos que espera ser visto y resuelto en la sala. Todo es posible, incluso que falten jueces en el sistema judicial de este país para que los pleitos no se eternicen en el tiempo. Aunque cuando tienen interés sus señorías suelen ser rápidos en sustentar los pleitos, y como muestra basta ver con que rapidez y prestancia resolvieron hace pocas semanas apartar al juez Garzón de su despacho en la sede de la Audiencia Nacional.

Hay litigios importantes que se han asentado por los siglos de los siglos en sede judicial sin que el juez correspondiente les meta mano. Desde hace años duerme el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el PP y el Defensor del Pueblo contra el Estatut de Catalunya sin que quienes tienen que resolver se lo saquen de las manos y otro tanto podemos decir del conocido “caso Fabra” contra el Presidente de la Diputación de Castelló, expediente que lleva ya un lustro paseando por las sedes judiciales mientras el prócer castellonense sigue sacando pecho intentado amilanar a sus adversarios políticos. Ahora la pregunta del millón es saber qué pasará con Francisco Camps y sus, todavía supuestas, infracciones a la ley.

A veces la Justicia es tan lenta que las sentencias llegan cuando el acusado ha muerto. Esto es lo que ha sucedido con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena a Pepe Rubianes por haber llamado “idiota y desgraciado” a Julián Lanzarote, alcalde de Salamanca, en el año 2006 en medio del fragor mediático que produjo el traslado a Catalunya de la documentación que le fue arrebatada en 1939 por la fuerza de las armas del Ejercito franquista. En esta ocasión las señorías del Tribunal Supremo han orinado fuera de tiesto condenando a un fallecido y más cuando el propio Julián Lanzarote, parte acusadora, en gesto que le honra había renunciado meses después del fallecimiento del actor “a la acción ejercida en defensa de su derecho al honor”. Los jueces del TS el día que en la Facultad donde estudiaban explicaron el artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debían estar en el cine o tomando cervezas ya que en esta sentencia han ignorado lo establecido por dicho artículo que establece que “cuando el actor (en ese caso el alcalde de Salamanca) manifieste su renuncia a la acción ejercitada el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado”. O tal vez olvidaron a sabiendas este precepto movidos por la inquina que podían tener hacia Rubianes, un hombre que despertaba odios en el nacionalismo españolista y admiración entre la multitud de sus seguidores . No lo se, el caso es que la sentencia ha llegado tarde, como tantas otras.

Y esta lentitud de sus señorías en el trabajo va a ir a más. El gremio de “las puñetas” se ha soliviantado ante la osadía del Gobierno socialdemócrata de Zapatero de rebajarles el salario y la Junta de Jueces de Valencia ha amenazado con rebajar la actividad ordinaria al volumen de carga de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, trabajar lo justo y nada más, ahora harán una encubierta huelga a la japonesa y más tarde, si así lo estiman conveniente, una huelga en toda regla con lo que el colapso en los juzgados puede ser fenomenal. Ser juez ya no es una actitud vocacional, y con estas maneras de actuar la sociedad va a perder todo el respeto del que antaño se envolvía a la profesión de juez, al fin y al cabo algunos de ellos se han quitado la careta y han mostrado su verdadero rostro. No son servidores de la sociedad, tan sólo responden a los intereses de las puñetas que lucen en la bocamanga de sus togas.