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Opinión
Etiquetas:   Paraguay   Política  

Obligados a firmar y opinar contra Horacio Cartes

La dictadura en Paraguay fue sucedida por la plutocracia, y los empresarios ricos tienen mas poder de presión sobre las conciencias de sus empleados que el mismo gobierno
Luis Agüero Wagner
@Dreyfusard
miércoles, 18 de enero de 2017, 01:18 h (CET)
Ojalá pudiéramos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común, dijo alguna vez un famoso escritor latinoamericano, y el denigrante papel que todos los días protagonizan muchos productores intelectuales en Paraguay, nos recuerda que ese anhelo sigue incumplido.

Está inconcluso sobre todo por lo difícil que en este país sudamericano es tener un empleo, bien o mal remunerado, lo cual deriva en la docilidad hacia los patrones de quienes tienen el privilegio de cobrar un sueldo en algún medio periodístico.

Los propietarios de medios de Paraguay, a la sazón los empresarios más poderosos y ricos del país, han hecho un gran esfuerzo para convencer a los ciudadanos paraguayos que el único que los humilla es el gobierno del presidente Horacio Cartes. Los humilla obligándolos a posicionarse a favor de la enmienda, la cual podría permitir reelegir al presidente por un período, algo en lo cual el mismo Alexis de Tocqueville vio las bases de la prosperidad de Estados Unidos, país cuya constitución de 1788 tenía nueve enmiendas para 1791.

Sin embargo, nadie analizó hasta ahora la humillación de los periodistas y comunicadores que trabajan para estos mismos empresarios, y que son obligados a opinar en contra del gobierno, actitud inusual en los paraguayos que siempre fueron tácticos de la supervivencia. Pero ya sabemos que los pueblos no son ni siquiera iguales a sí mismos a lo largo de su propia historia.

Todo opinólogo que se precie conoce las debilidades de una constitución redactada por convencionales electos a través de listas sábanas, y con un padrón heredado de la dictadura que no se había depurado, como la Ley Fundamental de 1991-92. También conocen sus párrafos relacionados con los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad humana, pero les importa un bledo. Lo que ordena el patrón, algo visible en la uniformidad de opiniones de quienes comparten la misma patronal, es más importante.

El artículo 25 donde se habla de que toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen, los propietarios de medios sencillamente se lo pasan por el rafe perineal.

Sin embargo, quienes dan sustento a estos señores feudales se aferran a un empleo sin importarles la propia dignidad, pues saben perfectamente que estos empresarios son dictadores que manejan sus empresas de acuerdo a normas dictadas por un pensamiento totalitario, el cual no tiene nada que envidiar al fascismo o al bolchevismo.

Sus raíces intelectuales, son las mismas. Se trata de personajes que se suponen iluminados y pretenden que su propia voluntad está por encima de los individuos y de la comunidad. Para ellos, la libertad religiosa e ideológica garantizada en la constitución que dicen defender no vale un ardite, no vale ni siquiera el precio del pedazo de papel donde está escrita.

La adhesión religiosa al zoquete privado de quienes “llamativamente” están de acuerdo en fustigar al gobierno en defensa de los intereses de sus patrones, se diferencian muy poco de su contrafigura pública o zoquete, en su momento definido por Helio Vera como “adhesiones políticas, conversiones repentinas, alianzas inexplicables del agua con el aceite, lenitivo para calmar impaciencias, apaciguar crisis de almorranas, eliminar insomnios, disipar dispepsias y apagar el stress. Todo bajo el principio siguiente: el zoquete nos une, nada nos separe”.

En Paraguay, ese es el principio que une a los empleados de Zuccolillo y Vierci con el discurso opositor. El eje de la relación está establecido entre quien posee dinero y el que carece de él. Su mecanismo de funcionamiento ignora toda forma jurídica o ideológica, y se basa en la sumisión requerida por quien posee el dinero. Poco importa la opinión política del sometido.

Es que en un país de ciegos, el tuerto es rey, y la fortuna un privilegio que faculta para hacer imperar la propia voluntad y satisfacer los propios caprichos.
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