La verdad es que no lo ponen nada fácil nuestros gobernantes para que seamos optimistas frente a la crisis y así salir cuanto antes de ella, pues es claro que lo primero que se necesita para acometer una hazaña es convencerse uno mismo de que es capaz de la heroicidad.

Asistimos atónitos a la comparecencia del lunes del Presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en la que argüía, para acabar con el vía crucis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de determinados artículos del estatuto catalán, que se modificara su régimen de funcionamiento, a fin de proceder a la preceptiva renovación de los miembros del mismo cuyo mandato ha caducado, en la creencia de que tal caducidad se asemeja a la de los yogures, a partir de la cuál se desaconseja su ingesta. Como si los miembros caducos del TC hubiesen perdido su capacidad de discernimiento para evaluar esos artículos del prolijo Estatut.

Olvida el señor Montilla que la renovación del TC es competencia al fin y al cabo, de los dos partidos políticos hegemónicos, PSOE y PP. Y ninguno de los dos está interesado en su renovación y ambos dos con sus intereses bastardos pues no es legítimo impedir el cumplimiento de la Ley. En cualquier caso, es responsabilidad del partido en el Gobierno convenir tal renovación y tantas otras modificaciones que este país precisa para que fluya el optimismo entre sus ciudadanos. Quien detenta la batuta ha de dar la nota en cada momento y la entrada a los demás ejecutantes al pleno del concierto; está obligado a conseguir el consenso. Negociar es ceder y no salirse cada uno con la suya.

Es notorio que ningún partido político del arco parlamentario actúa por intereses que no sean electoralistas. Aquí nadie hace nada por la ciudadanía; tan sólo en su propio beneficio.

Prueba de ello es que en ningún momento se ha planteado que se reduzcan las subvenciones a los partidos políticos con cargo a los Presupuestos Generales y ello sí contribuiría a reducir el déficit público. Ese sí sería un factor de esfuerzo del que tanto hablan los gobernantes: El esfuerzo del gobierno por allegar al mayor número de dependientes la ayuda estatal; el esfuerzo del gobierno por aumentar las pensiones; el esfuerzo del gobierno para que llegue el tren de alta velocidad a Cantabria, pues su medio millón de habitantes tiene también derecho a la alta velocidad; igual que los pensionistas a ver revalorizadas sus pensiones.

Menos dinero a los partidos políticos para su voraz financiación sí sería una muestra de mirar por el país. Al igual que las instituciones de las diferentes creencias religiosas deben sostenerse por la aportación de sus fieles, así los partidos políticos deberían ser financiados por sus correligionarios y no, puesto que tienen la llave de la caja fuerte, promulgando leyes –del todo legales pero ilegítimas– por las que se fijan sus obscenos niveles retributivos y las desmesuradas subvenciones que costean todos los contribuyentes, sea o no votantes e incluso abstencionistas activos, de los que van a su mesa del colegio electoral y solicitan una certificación de comparecencia y no haber votado, cual es su derecho y obtienen siempre idéntica respuesta: No está previsto certificar que usted no votó.

Hay tantas cosas imprevistas que no es de extrañar la nueva metedura de pata del Gobierno en su Decreto Ley de 20 de mayo de 2010 restringiendo la financiación de los ayuntamientos desde la publicación en el BOE de las medidas extraordinarias para la aceleración de la reducción del gasto público, modificando su entrada en vigor ante la gemebunda oposición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en boca de su Presidente, Pedro Castro, llevándola al primero de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Una cosa sin importancia, ha dicho la Vicepresidenta Elena Salgado; pelillos a la mar.

Con esta medida contra la financiación de las entidades locales, la ausencia de nuevas solicitudes de licencias de construcción y la situación general de endeudamiento de los ayuntamientos, el gobierno está propiciando que se recurra a prácticas anteriores, tan sólo frenadas en seco por la actuación del nuevo asesor de la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón y su caso Pretoria, del que se empiezan a conocer entresijos que en nada benefician a la ya maltrecha imagen de políticos con competencias en materia de vivienda, infraestructuras y otras laboriosidades susceptibles de generar fondos de reptiles.

Aunque lo más extravagante de la comparecencia en el Senado de José Montilla fue el diálogo mantenido con su paisano andaluz, Manuel Chaves, con traducción simultánea. Montilla leyendo su texto en catalán y Chaves escuchando por el pinganillo. Vivir para ver; como en la Duma de la Unión Soviética.

Nos lo ponen difícil para ser optimistas, pero a la vez nos facilitan la hilaridad con estas pantomimas propias del folklore político constituido por esa serie de episodios cómicos a los que nos vienen acostumbrando. Deberían verse con los ojos de los ciudadanos sin carnet de afiliación política para apreciar el tamaño de su ridiculez. Sin entrar en el coste de la vana traducción simultánea, en una nación de naciones que tiene una lengua común, además de la propia de algunas de las que la forman.

Hay que perseverar en el esfuerzo por ser optimistas; vale la pena. Ahora que se van a “regular” nuevamente ciertos medicamentos, no es cosa de caer en el clientelismo apoticario y sí regodearse en las chuscas escenas que tan a menudo se nos ofrece, que si no fuera porque están sufragadas con el dinero de los contribuyentes sería para partirse el pecho de la risa.